Denunciaron la desaparición del activista venezolano Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público

La ONG venezolana Espacio Público alertó este martes sobre la desaparición de su director ejecutivo, Carlos Correa, quien habría sido interceptado por hombres encapuchados en el centro de Caracas.

Según un comunicado difundido en la red social X, la organización denunció que desde las 5:00, hora local de este martes, no se tiene información sobre el paradero de Correa ni ha sido posible establecer comunicación con él.

Testigos aseguraron que fue abordado por presuntos funcionarios encapuchados mientras se encontraba en la capital venezolana.

Ante esta situación, Espacio Público exigió al régimen de Nicolás Maduro garantizar la integridad de su director y su pronta aparición.

“Exigimos que aparezca sano y salvo”, destacó la ONG en su mensaje.

La desaparición de Correa se suma a otros dos casos reportados este martes, jornada marcada por denuncias de desapariciones forzadas de activistas y dirigentes políticos en el país, a pocos días de la toma de posesión.

Más temprano, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció que su yerno había sido secuestrado por hombres encapuchados, quienes lo subieron a una camioneta. Hasta el momento, no se tiene información sobre su ubicación.

Asimismo, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Jeremy Santamaría, concejal opositor del estado Bolívar (sureste de Venezuela), tras interceptarlo en una avenida de la ciudad.

Según un testigo, Santamaría había salido de la sede de la Cámara Municipal antes de ser seguido y finalmente detenido por oficiales de inteligencia. Su paradero también permanece desconocido.

Por su parte, la ONG Provea, defensora de los derechos humanos en Venezuela, también se pronunció sobre este hecho, condenando lo que calificó como una “detención arbitraria y desaparición forzada”.

En un comunicado, recordó que Carlos Correa es un ex coordinador de Provea y miembro permanente de su Asamblea, destacando su compromiso histórico con la lucha por los derechos humanos en el país.

Provea denunció que esta desaparición ocurre en un contexto de escalada represiva posterior a las elecciones del 28 de julio, en la que las autoridades han intensificado los ataques y la persecución contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos.

Según la organización, estas acciones buscan imponer el silencio frente a las exigencias ciudadanas de respeto por la voluntad popular, la Constitución y el Estado de Derecho.

La ONG Espacio Público, fundada en 2002, se ha dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, con especial atención a la libertad de expresión, el acceso a la información y la responsabilidad social de los medios de comunicación.

A lo largo de su trayectoria, la organización ha documentado casos de censura y violaciones a estos derechos fundamentales, además de brindar apoyo a las víctimas en procesos legales ante instancias internacionales.

Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes a la dictadura de Nicolás Maduro de llevar a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó el extenso informe este martes, tres días antes de la investidura presidencial.

“A lo largo de sus 65 años de trabajo, la Comisión ha desempeñado un papel clave en colaborar con la región para hacer frente a las dictaduras, golpes militares y graves violaciones de derechos humanos. La situación en Venezuela no es la excepción”, dijo la relatora del organismo para ese país, Gloria De Mees.

En el informe afirmó que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.

El informe, que recoge “las violaciones de derechos humanos observadas por la CIDH a lo largo del proceso electoral”, advirtió de que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras la consulta.

Fue tras las elecciones que el régimen puso en marcha la conocida como “Operación Tun Tun” en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por el fraude electoral.

“Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”.

Además, añaden que “se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.

Tras estas observaciones, la Comisión apuntó que la crisis política en el país y la situación de los derechos humanos en Venezuela representan “el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”.

“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, apuntó.

(Con información de EFE)