La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dijo que los casos de los adolescentes excarcelados que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales deben documentarse y presentarse ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El OVP considera que los menores sufrieron “torturas”, “detenciones arbitrarias”, “persecución y desaparición forzada”, que son calificados —subrayó— como “crímenes de lesa humanidad”.
“El régimen de Maduro no solo detuvo arbitrariamente a adolescentes y jóvenes, también los sometió a torturas, tratos crueles e inhumanos durante su detención, causando daños irreparables en su salud física y mental”, aseguró el OVP, tras ser excarcelados todos los menores arrestados durante la crisis poselectoral, según informó por su lado la ONG Foro Penal.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, que condenó los hechos y pidió reparación para los jóvenes, criticó también que los adolescentes sigan “sometidos a un proceso judicial”, por el que “muchos deben trasladarse hasta Caracas desde otros estados del país” para cumplir con su presentación en tribunales, lo que calificó de “injusto y violatorio al debido proceso”.
Asimismo, instó al régimen de Nicolás Maduro a que libere “sin restricciones” a “todos los detenidos arbitrariamente antes y después de las elecciones”, un total 1.849 personas consideradas presos políticos, según cifras del Foro Penal.
El pasado 17 de diciembre, la mayor coalición opositora hizo un llamado a la CPI a que documente las tres muertes de detenidos bajo custodia del Estado, quienes, según varias ONG, fueron arrestadas en el contexto de las protestas poselectorales, desatadas contra la cuestionada reelección de Maduro.
La CPI exigió la liberación de los menores
El pasado 2 de diciembre, el fiscal de la CPI, Karim Khan, urgió al régimen de Maduro a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de civiles de los opositores detenidos por motivos políticos o por participar en manifestaciones pacíficas, incluidos los niños.
El funcionario criticó la falta de avances tangibles en la implementación de compromisos asumidos por el régimen venezolano, subrayando que la protección de derechos humanos debe ser una prioridad inmediata.
“Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas sobre la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente”, afirmó Khan.
Añadió que Venezuela también tiene la obligación de facilitar el acceso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Esto se me había prometido previamente por escrito, pero aún no se ha materializado”, precisó.
En sus declaraciones, Khan enfatizó que las investigaciones independientes de la CPI siguen activas y que la falta de acción por parte de Venezuela pone en riesgo la posibilidad de avanzar en el principio de complementariedad. “No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que había esperado. La pelota está en el lado de Venezuela. La ruta de la complementariedad se está agotando”, advirtió.
El fiscal recordó que durante su visita a Caracas en abril pasado insistió a las autoridades venezolanas sobre la necesidad de un “progreso real” en las investigaciones internas y en la cooperación con su oficina. Sin embargo, expresó frustración ante la falta de avances significativos: “Ha habido un compromiso continuo. Ha habido discusiones continuas sobre la complementariedad, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable”.
(Con información de EFE)
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