La dictadura de Nicolás Maduro procesó al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo por terrorismo. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó este viernes que se lo acusa de haber “intentado entrar al país de manera irregular”.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que Gallo está “detenido en Caracas” y en “perfecto estado de salud”. Consultados acerca de si pudo tener contacto con algún abogado, el vocero señaló que “está con pleno respeto de sus derechos humanos”.
En su declaración oficial, el Ministerio Público venezolano explicó que el gendarme fue aprehendido “habiéndose cumplido con los plazos procesales correspondientes”, conforme lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. El régimen venezolano sostiene que la detención de este ciudadano está relacionada con su pertenencia supuesta a un grupo vinculado a la “ultraderecha internacional”, que presuntamente buscaba ejecutar actos desestabilizadores desde territorio venezolano.
Además, el fiscal Saab aseguró que las acciones judiciales tomadas en Argentina, como una resolución emitida por la Cámara Federal de Mendoza, muestran la “complicidad” del gobierno argentino. En el texto, destacó que este respaldo a “los familiares del procesado” tiene como finalidad debilitar al Estado venezolano. Según su pronunciamiento, “las declaraciones y acciones realizadas por el gobierno argentino dejan clara la complicidad de las autoridades de esa Nación en planes subversivos”.
Por su parte, el Ministerio Público de la dictadura subrayó que el acusado está siendo procesado conforme a lo establecido en la Constitución venezolana, y su caso está en manos de un juez. En palabras de Saab: “El precitado imputado está a disposición del juez en base a lo establecido por nuestra Constitución y las leyes nacionales”.
La polémica escaló aún más cuando el comunicado hizo énfasis en que la dictadura de Venezuela considera que los recientes movimientos en el ámbito judicial argentino tienen un trasfondo político. El funcionario señaló sin ofrecer pruebas un respaldo a “los planes subversivos que buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano”. Esto se inscribe en el contexto de una relación ya tensa entre la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno del presidente Javier Milei.
En medio de los festejos navideños, la familia del gendarme argentino reiteró el pedido para que sea liberado, tras haberse presentado la documentación necesaria para probar que había viajado como turista para visitar a su familia.
“No vamos a dejar de pedir una prueba de vida y su liberación inmediata”, apuntó su esposa, María Gómez.
Más de dos semanas transcurrieron desde la última vez que los familiares de Nahuel tuvieron noticias de él, debido a que el pasado 8 de diciembre perdió todo tipo de contacto al ser demorado y posteriormente detenido en Migraciones. Desde ese momento, iniciaron un reclamo para que sea liberado y para ser informados sobre en dónde y cómo se encuentra.
“Lo que nosotros sabemos es lo que se escucha. Escuchamos muchas cosas y lo que nosotros queremos es escuchar que está bien”, remarcó la mujer, respecto de la poca información oficial que recibieron por parte de las autoridades venezolanas. “Está en El Helicoide, para mí sería un alivio que no estuviese”, reconoció al hacer referencia a que la cárcel conocida por ser la sede del servicio de inteligencia, en el que se alojarían los presos políticos.
Durante una entrevista para el programa A dos voces, emitido por el medio argentino TN, Gómez exigió: “Queremos que él nos lo diga, porque él no se ha podido comunicar ni siquiera conmigo, ni su familia en Argentina”, para luego repetir: “No vamos a dejar de pedir una prueba de vida y su liberación inmediata”.
De la misma manera, aseguró que se encontraba en contacto con la Cancillería argentina, pero que no había recibido ningún tipo de información extra. “Obviamente, tenemos ansiedad de saber qué están haciendo, pero me imagino que están guardan un poco la información por el tema de la investigación”, comprendió al destacar: “Estamos trabajando en conjunto para devolver a Nahuel sano y salvo a Argentina”.
Por otro lado, la esposa de Gallo admitió que, como familia, atravesaban una situación difícil, sobre todo, con la llegada de las fiestas de diciembre. “Nos quitaron las ganas de pasar unos días bonitos, de pasar unos días en familia y cada día que pasa crece más la incertidumbre”, señaló al hacer referencia a que el gendarme había viajado a Venezuela con la intención de reunirse con ella y su hijo, debido a que hace algunos meses se habían mudado por cuestiones familiares.
A pesar de que el argentino había sido acusado de presunto espionaje, el Gobierno argentino demostró que Gallo había sido autorizado por Venezuela para ingresar al país con fines turísticos y recreativos. El Ministerio de Seguridad argentino remitió la documentación mencionada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, debido a que el país vecino intercedió en la cuestión diplomática desde que se cortaron los lazos entre ambos gobiernos.
De acuerdo con los escritos a los que accedió Infobae, el gendarme había informado al régimen venezolano que viajaba para visitar a su familia e, incluso, su esposa había presentado una carta de invitación. “Mi invitado es mi pareja desde hace más de 5 años y padre de mi hijo menor, conociéndolo como una persona seria y responsable”, declaró la mujer, quien había entregado la declaración dos semanas antes de que el argentino viajara.
La mujer también aclaró que Gallo se alojaría en su residencia familiar y que ella se haría cargo tanto de los costos de la estadía como de cualquier otra asistencia que requiera en su país. Al final, aclara: “Mi invitado, supra identificado, realiza esta visita en calidad de turista, con fines exclusivamente recreativos y sin fines de lucro en la ciudad de Puerto La Cruz”.
Al pie del documento, se encontraban las firmas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a cargo de la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, lo que convalidó el permiso de ingreso de Gallo. Por este motivo, las autoridades argentinas exigieron la liberación del gendarme al acusar que, si se hubiera detectado algún tipo de irregularidad en los documentos, deberían haber rechazado su ingreso, en lugar de secuestrarlo.