Venezuela ante la segunda era Trump: ¿una nueva hoja de ruta?

Donald Trump asumirá la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Apenas diez días antes, otra asunción aunará la atención regional y de gran parte del mundo. Será la que debería protagonizar Edmundo González Urrutia en Caracas, Venezuela. Sin embargo, el escenario estará tomado, seguramente, por el dictador Nicolás Maduro quien se apresta a extender su reinado.

Pero antes de estas dos puestas en marcha, lo que sí ya se inició es el debate alrededor de cómo debería afrontar la próxima administración Trump sus relaciones con el régimen chavista en esta nueva era: ¿Ejercer más presión? ¿Emitir nuevas y más severas sanciones? ¿Promover un mayor aislamiento internacional? ¿Creer en las promesas que se sellan en una mesa de acuerdo internacional como hasta ahora? Esos análisis y especulaciones crecen a medida que se acerca enero y Marco Rubio, un conocedor como pocos de la realidad de América Latina y sus dictaduras, se encargue de la Secretaría de Estado, función que lo convertirá en uno de los hombres con mayor influencia en la Casa Blanca.

Ante ese panorama, Brian Fonseca -director del Jack D. Gordon Institute de la Florida International University- publicó un detallado paper en el cual traza una posible -y original- línea de acción que podría ejecutar la próxima diplomacia de los Estados Unidos para lograr un verdadero cambio a largo plazo en Venezuela. Nada podría ser inmediato dadas las actuales condiciones.

Titulado “Participación estratégica en Venezuela: Impulsando los intereses de Estados Unidos en el marco de una agenda America-First”, Fonseca se centra en la posibilidad de que Trump promueva un nuevo enfoque hacia el chavismo alejado de la “presión máxima” que, asegura, hasta el momento no dio el resultado esperado. “El principal desafío reside en la falta de influencia significativa de Estados Unidos sobre la trayectoria de Venezuela, agravada por la ausencia de actores estatales y no estatales influyentes sobre el terreno”, señala el académico.

Las claves del informe se centran en cuatro objetivos a alcanzar: estabilizar la economía venezolana para reducir las presiones migratorias; recuperar la influencia de los Estados Unidos en el sector energético del latinoamericano; reforzar la estabilidad regional y contrarrestar la influencia de adversarios globales; promover gobernanza democrática y el respeto a los derechos humanos a través de la participación directa.

“Para hacer frente a esta situación, los responsables políticos estadounidenses deberían plantearse compromisos pragmáticos a corto plazo sobre la promoción de los valores estadounidenses para garantizar una influencia estratégica a largo plazo a través del sector privado estadounidense”, dice Fonseca. “En lugar de basarse únicamente en sanciones generales que, en última instancia, perjudican a las empresas estadounidenses y no producen los resultados deseados en política exterior, las licencias específicas que permiten a las empresas estadounidenses operar en Venezuela pueden promover mejor los intereses y la influencia de Estados Unidos a medio y largo plazo”, explica en el documento al que accedió Infobae.

Fonseca plantea que sería más apropiado contar con mayor presencia norteamericana en Venezuela y desde allí conseguir mayor influencia, sin abandonar por ello los valores y compromisos democráticos que caracterizan a su país. En ese sentido, el autor del paper, es claro: “Cualquier compromiso debe basarse en que Venezuela libere a los detenidos ilegales”. Es decir, un país sin presos políticos.

“Algunos políticos siguen presionando para que se vuelva a la presión máxima”, señala Fonseca, pero continúa con su crítica a esa metodología de trabajo: “Sin embargo, este enfoque no logró sus objetivos durante la primera Administración Trump y, junto con las deficiencias políticas de la Administración Biden, exacerbó la crisis económica y humanitaria de Venezuela, al tiempo que acercó al país a los adversarios geopolíticos de Estados Unidos: Rusia, China e Irán”.

El académico -quien además es profesor de Política y Relaciones Internacionales en esa casa de altos estudios- aclara que esa decisión compartida por los dos últimos gobiernos norteamericanos “centrada en sanciones de gran alcance y en la máxima presión resultó ineficaz para dirigir el régimen venezolano hacia los objetivos políticos estadounidenses declarados. Este fracaso es evidente en el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024 y las posteriores medidas represivas contra la oposición”.

La propuesta central gira en torno a reemplazar las sanciones con un modelo más “selectivo” que permita a empresas norteamericanas operar en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y también en la generación de empleo. El autor pone como ejemplo lo que ocurre en Vietnam, Arabia Saudita, Egipto o Qatar. “En lugar de eliminar las sanciones por completo, esta estrategia mantiene sanciones selectivas combinadas con la aplicación de medidas secundarias que beneficiarán a las empresas estadounidenses y a sus aliados, al tiempo que restringen sus responsabilidades”, dice el documento.

Los casos de Vietnam, Arabia Saudita, Egipto o Qatar -algunos ejemplos citados por el autor- indican que “la participación directa no equivale a respaldar regímenes autocráticos, sino que puede ser una herramienta pragmática para promover los objetivos estratégicos de Estados Unidos”. “Las sanciones son un martillo en la caja de herramientas de la política exterior estadounidense: por sí solas, están diseñadas para romper cosas, pero cuando se combinan con un cincel (por ejemplo, licencias específicas para empresas estadounidenses), adquieren la precisión necesaria para moldear los resultados con mayor eficacia”, ejemplifica Fonseca.

La actuación de corporaciones de los Estados Unidos en Venezuela beneficiaría lógicamente a las propias empresas y al dólar como moneda de transacción, pero también alcanzaría al pueblo venezolano que contaría después de largos años de decadencia económica con una infraestructura renovada de servicios esenciales, hoy ausentes bajo la presencia dominante en la nación de China, Rusia e Irán.

“Este enfoque pretende estabilizar la economía de Venezuela, reducir las presiones migratorias y abordar las necesidades humanitarias inmediatas a través de marcos liderados por Estados Unidos que promuevan la transparencia financiera. Al fomentar la cooperación regional, esta estrategia aborda las causas profundas de la inestabilidad y sienta las bases para una recuperación socioeconómica sostenible”, dice el estudio publicado por el Jack D. Gordon Institute. “Una cuidadosa supervisión de la reestructuración de la deuda y la privatización de activos garantizará que la recuperación de Venezuela se alinee con los intereses estratégicos de Estados Unidos, impidiendo que las potencias rivales adquieran mayor influencia”, explica.

Esas potencias -como quedó evidenciado a lo largo de los años- no hicieron nada para defender los derechos humanos de los opositores ni para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

“Estabilizar la economía de Venezuela promoverá la creación de empleo y reducirá las presiones migratorias, debilitando a las organizaciones criminales transnacionales que se benefician de la crisis. Se puede apoyar la recuperación económica sin renunciar a la supervisión, permitiendo a las empresas estadounidenses operar en sectores estratégicos”, enfatiza el autor.

Pero la propuesta de Fonseca va más allá y no se restringe sólo a lo económico. Busca que los intercambios entre ambos países sean más fluidos y encuadrados en las relaciones diplomáticas. Para ello, asegura, es preciso y necesario más presencia en Venezuela. “Esta política también incorpora y complementa el compromiso diplomático de Estados Unidos y los esfuerzos multilaterales para promover la gobernanza democrática”, subraya el documento.

Para Fonseca se debe ser “realista” en el acercamiento con el chavismo. “El enfoque de permanencia en Venezuela, a pesar de su naturaleza autocrática y represiva, se basa en un precedente establecido en el que Estados Unidos adopta un enfoque realista al tratar con regímenes represivos para promover sus intereses nacionales al tiempo que fomenta los valores democráticos y los derechos humanos a lo largo del tiempo”.

El académico explica que “cada barril que no vende Estados Unidos” es vendido por alguno de sus rivales en el plano internacional. Esta estrategia permitiría a Washington sentar bases sólidas para poder lograr una “influencia a largo plazo” en el país caribeño, teniendo en cuenta el fracaso de los anteriores aproximamientos al régimen.

De acuerdo al estudio elaborado por el también investigador del think tank New America, la reapertura de la embajada norteamericana en Caracas debería ser una prioridad para alcanzar esos objetivos. “La reapertura de la embajada estadounidense proporcionará una plataforma esencial para apoyar las reformas democráticas y las iniciativas en materia de derechos humanos. Esta presencia también fomentará una mayor responsabilidad social corporativa por parte de las empresas estadounidenses que operan en Venezuela”, dice el informe.

Los líderes opositores y la sociedad civil no están olvidados en esta hoja de ruta propuesta por Fonseca. El reconocido académico -experto en América Latina- explica que ninguna de estas medidas serían alcanzables si Miraflores no garantiza prioridades que resultan básicas e innegociables para el futuro gobierno republicano. “Cualquier compromiso debe estar supeditado a que Venezuela libere a los detenidos ilegales y acepte las deportaciones, prioridades clave de la Administración Trump entrante. Para garantizar un enfoque sostenible e inclusivo, Estados Unidos debe mantener un compromiso activo con la oposición venezolana, la sociedad civil y la diáspora, reforzando una amplia coalición para el cambio democrático”, concluye.

X: @TotiPI