Por qué no es viable una estrategia de normalización con Venezuela

En menos de un mes, Nicolás Maduro iniciará un tercer mandato como presidente de Venezuela, a pesar de que el recuento de votos demuestra que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones por una amplia mayoría. Aunque toda la comunidad internacional tiene un papel importante a la hora de exigir responsabilidades a Maduro y su élite y apoyar al pueblo venezolano, todas las miradas apuntan hacia un país: Estados Unidos.

El regreso de Donald Trump a la presidencia ha disparado las expectativas de una vuelta a la estrategia de “máxima presión” de su primer mandato. Por el contrario, muchos comentarios recientes advertían sobre las graves consecuencias de un retorno a esa política, sugiriendo en su lugar una continuación de las medidas de flexibilización de sanciones adoptadas bajo la administración Biden.

Pero ni la vuelta a 2019 ni la normalización de las relaciones con Maduro crearán condiciones favorables para una transformación democrática en Venezuela, especialmente teniendo en cuenta el fuerte movimiento de base que se unió para respaldar a González. Nuevas circunstancias exigen una nueva estrategia.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En diciembre de 2023, Maduro había obtenido importantes concesiones de EE.UU. Entre ellas, la concesión de licencias a Chevron por parte de la OFAC, otra licencia que excluía temporalmente de las sanciones a la petrolera estatal PDVSA y el indulto a Alex Saab, el cerebro de la cleptocracia de Maduro. Por su parte, la oposición sólo obtuvo vagas promesas.

Maduro esperaba animar a una oposición dividida a boicotear las elecciones de julio, para poder lograr una victoria electoral lo suficientemente aceptable como para restaurar su posición internacional y garantizar el levantamiento de las sanciones. Pero sobrestimó su respaldo político e ignoró la capacidad de la oposición para establecer una candidatura sólida de Edmundo González. Lo que ocurrió después fue una cadena de improvisaciones y reacciones exageradas. Una vez descubierta la verdadera voluntad de los votantes, Maduro ordenó a su autoridad electoral que lo proclamara presidente electo sin escrutinios oficiales ni resultados transparentes.

¿Qué hacer ahora? En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos justificó su decisión de otorgar las licencias a Chevron basándose en “acciones específicas que alivian el sufrimiento del pueblo venezolano y promueven la restauración de la democracia”. Pero en 2023 advertía: “El Tesoro está preparado para modificar o revocar las autorizaciones en cualquier momento, si los representantes de Maduro no cumplen sus compromisos.” No debemos dudar de la sinceridad de esas declaraciones; las licencias petroleras no se concedieron porque las sanciones fracasaran, sino porque las sanciones se consideraban el mejor incentivo para las negociaciones. Por lo tanto, las licencias podrían revertirse si Maduro viola los compromisos.

Dado que Maduro violó cada línea del Memorando de Entendimiento de 2021 y del Acuerdo de Barbados de 2023, el gobierno de Estados Unidos debería cumplir su promesa modificando o revocando las licencias petroleras. Algunos, sin embargo, argumentan a favor de hacer caso omiso de esas declaraciones y cambiar la estrategia, otorgando licencias petroleras basadas en acciones específicas para restaurar la democracia y proporcionar un flujo de efectivo estable a Maduro, que debe ser tratado como presidente.

Pero mantener la flexibilización de las sanciones, a pesar de que Maduro ha abandonado cualquier intento de siquiera simular acciones para restaurar la democracia, debilitaría la credibilidad de la política estadounidense. Esto, a su vez, eliminaría cualquier posibilidad de confiar en esas políticas como palanca para fomentar una solución negociada.

Otro argumento propone que seguir suavizando las sanciones petroleras beneficiaría a Venezuela y disminuiría los flujos migratorios. Otros sugieren mantener las licencias petroleras porque han aportado transparencia a la industria petrolera.

La evidencia indica que se trata de propuestas equivocadas. La producción petrolera permitida por las licencias de la OFAC carece del marco institucional necesario para distribuir eficientemente los ingresos petroleros para el bienestar de los venezolanos. De hecho, esta producción petrolera opera bajo la Ley Antibloqueo de Venezuela, que obstaculiza la transparencia y la rendición de cuentas al tiempo que promueve políticas depredadoras como la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

Más petróleo no disuadirá los flujos migratorios porque los ingresos del petróleo no pueden distribuirse de forma transparente y eficiente. Bajo la regla de opacidad impuesta por la Ley Antibloqueo, los ingresos petroleros fomentarán políticas depredadoras, como lo demuestra el reciente ataque de Maduro a la floreciente industria del camarón.

Las licencias de la OFAC no abordan la causa fundamental de la crisis migratoria, que es la significativa descomposición política. Esta decadencia probablemente continuará bajo la autoproclamación de Maduro y la Ley Antibloqueo, aumentando las presiones sobre los flujos migratorios.

La política de normalización se basa en un concepto erróneo: la creencia de que las sanciones deben levantarse porque “fracasaron” en promover la democracia. La misma falacia puede utilizarse para concluir que, dado que las políticas de flexibilización “fracasaron” en lograr elecciones libres y justas, la única opción es volver a la estrategia de 2019.

El enfoque estadounidense de 2019 hacia Venezuela se enfrentaba a dos problemas principales: Carecía de un movimiento de base y no ofrecía una estrategia convincente para animar a las élites gobernantes a favorecer una transición. Este último problema se abordó con el “Marco para una transición democrática pacífica en Venezuela” de 2020, que puso fin a la llamada política de “máxima presión”. Y ahora, a diferencia de 2019, Venezuela cuenta con un movimiento de base alimentado por las primarias de 2023 y galvanizado por las elecciones del 28 de julio.

El reciente proyecto de Ley Bolívar aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y las numerosas declaraciones del gobierno estadounidense reconociendo a González como presidente electo son señales de que la política bipartidista podría afinar el enfoque de las condiciones actuales de Venezuela. La alternativa a la máxima presión y a la política de relajación de sanciones por igual debería basarse en tres pilares fundamentales.

El primer pilar es respetar la voluntad de los votantes venezolanos reconociendo a Edmundo González como su presidente electo. Las elecciones del 28 de julio fueron en parte el resultado del apoyo estadounidense al Acuerdo de Barbados. La élite de Maduro ha optado por ignorar este acuerdo, pero Estados Unidos debería seguir defendiéndolo tras la Declaración de Bogotá de 2023. Honrar la victoria de González ayudará a mantener el movimiento de base promovido por las primarias y las elecciones.

El segundo pilar debería ser impedir que Maduro se beneficie de las licencias petroleras. En lugar de pagar a Maduro su parte de la producción de petróleo, las empresas petroleras podrían depositar esa parte en una cuenta de garantía bloqueada que, con el tiempo, podría utilizarse para financiar la ayuda humanitaria a través de mecanismos transparentes.

Por último, el tercer pilar debería ser un plan integral que utilice sanciones personales y económicas para apoyar una transición democrática. Esto incentivaría a los miembros de la élite gobernante a desobedecer a Maduro y perseguir el cambio político. Aumentar el coste de la represión sin aliviar el precio de la disidencia no favorecerá el cambio democrático.

Ignorar la naturaleza depredadora de Maduro y pretender que su gobierno puede comportarse racionalmente para promover el bienestar del pueblo es una grave distorsión de los hechos. La normalización sólo fortalecerá a las élites gobernantes, pondrá en peligro los derechos humanos y creará condiciones que impulsen los flujos migratorios. La mejor alternativa a la política de flexibilización no es volver a 2019, sino avanzar en respuesta a las condiciones actuales, honrando los resultados de las elecciones presidenciales al tiempo que se crean incentivos reales para una transformación democrática.

SOBRE EL AUTOR

Hernández es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la UCV y la UCAB de Venezuela. Es Asociado principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, y dirige la investigación sobre deuda pública en Aurora Macro Strategies. Fue Fiscal General Especial de Venezuela.