La respuesta del chavismo a la “Ley Bolívar” de EEUU: una ley para inhabilitar y quitarle los bienes a los opositores

Aunque inicialmente parece graciosa, al estilo de las series de comedia, la respuesta de la Asamblea Nacional (AN) en Venezuela a la Ley Bolívar presentada por representantes republicanos y demócratas en EEUU es otra Ley Libertador Bolívar para inhabilitar de por vida a dirigentes opositores y quitarles los bienes, según se discutió en Caracas y a solicitud del presidente de la AN, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez.

Casi ofendidos los maduristas por el uso del nombre de Bolívar, parecen olvidar que la revolución, que mantiene sumida a la amplia mayoría de pueblo venezolano en la pobreza y represión, también lleva el nombre de “Bolivariana”.

El diputado oficialista Rodolfo Eduardo Sanz, dijo que “el gobierno moribundo del presidente Joe Biden ha entrado en una fase de locura y, como el presidente Nicolás Maduro va a ser juramentado nuevamente el 10 de enero, en medio de esa locura vuelve a arremeter nuevamente contra Venezuela”.

Agrega Sanz que la Ley Bolívar, cuyo nombre es Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, presentada por el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, es una “ley de imposible cumplimiento prácticamente”.

Refiere que la Bolívar es una Ley como la que “ya habían aprobado en el 2020″, dice en alusión a la ley de Autorización de Defensa Nacional, aunque no destaca que aquella del 2020 prohíbe al Pentágono relaciones comerciales y contratos con empresas o entidades del régimen venezolano. Pero la Ley Bolívar, aprobada en una instancia, le impone las mismas restricciones, pero al gobierno federal.

A su juicio que a la nueva Ley la llamen Bolívar “es una insolencia, un agravio inaceptable a la figura del más grande pensador de América, del Siglo XIX. Con este agravio se ve que no solo le atormenta el pueblo venezolano por su capacidad de resistencia, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que además le atormenta el pensamiento bolivariano”.

Sanz asegura que los Estados Unidos “hace coincidir esta ley ignominiosa para incrementar las medidas coercitivas unilaterales contra con el nombre, el apellido, de Simón Bolívar y teníamos que rechazar, como hoy se hizo categóricamente y pasar a la ofensiva”.

Agrega el diputado que “la Asamblea Nacional hoy no solo ha rechazado esta ley ignominiosa, sino que además el presidente Jorge Rodríguez ha planteado la necesidad de aprobar una ley titulada Ley Libertador Simón Bolívar, para responder de una posición de ofensiva a esta nueva medida coercitiva unilateral que busca simplemente enrarecer el ambiente”.

El régimen venezolano no tiene cómo responder con instrumentos legales ni de fuerza ante la Ley Bolívar de EEUU, porque la debilidad institucional que tiene la revolución, aunado a la certeza de que Nicolás Maduro perdió las elecciones el 28 de julio frente a un avasallador triunfo de Edmundo González Urrutia, lo coloca en situación ilegal e ilegítima ante el mundo.

Es por ello por lo que la respuesta a la Ley Bolívar de EEUU es la Ley Libertador Bolívar, pero al no poder tocar al gigante del norte, recurre a atentar contra los derechos políticos y los bienes de la dirigencia opositora.

La reacción de Nicolás Maduro fue airada: “Con Venezuela no han podido, ni podrán, ni con esta ley basura y de la infamia, pedida por los apellidos, cometiendo graves delitos nacionales e internacionales”, dijo mientras lanzaba amenazas contra la dirigencia opositora.

Eso explica que Sanz adelanta que la Ley que la Asamblea Nacional “piensa aprobar, pretende establecer, entre otras cosas, sanción a perpetuidad, prohibición a perpetuidad de todos aquellos ciudadanos que han conspirado contra la República Bolivariana de Venezuela, que nacieron en esta tierra y andan por todo el mundo buscando y pidiendo sanciones e invasiones, pero que además han celebrado esta nueva Ley aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”.

Esa Ley que piensa aprobar la AN, según Sanz es “para que más nunca ninguno de esos personajes pueda ejercer un cargo público en la República Bolivariana de Venezuela. Como ha dicho Jorge Rodríguez, si apoyan una ley de intervención contra el país, que limita el intercambio comercial con lo cual cometerían crímenes de lesa humanidad, tienen que ser proscrito de la actividad política dentro de un Estado que ellos rechazan y niegan, al aliarse con potencias extranjeras”.

Dijo que establecerían también “que todos los bienes de esos traidores a la patria sean confiscados a través de la Ley de Reserva de Dominio; los bienes de ellos en Venezuela, de sus secuaces y de quienes los apoyan, de quienes pública y manifiestamente han venido apoyando no solo las medidas coercitivas, sino que celebran públicamente la Ley Bolívar”.

“No vamos a permitir, bajo ningún concepto, que la soberanía de nuestro país sea lesionada. Y todos aquellos que han llamado a invasión, a sanciones, que se han apropiado indebida y criminalmente de los fondos que le han sido confiscados a Venezuela en el exterior, van a pagar, más temprano que tarde, la fechoría y el delito de traición a la patria”, expresó el diputado del PSUV Rodolfo Sanz.

Calificó lo ocurrido en la Asamblea Nacional como una “jornada memorable”, donde Jorge Rodríguez “fijó una posición firme, categórica y ha obtenido respaldo unánime de todos los parlamentarios que hacemos vida en la Asamblea Nacional”, lo que incluiría, se deduce de sus palabras, a los diputados que se autodenominan de oposición.

Sanz, quien es abogado y pertenece a la Comisión de Energía y Petróleo y a los Grupos de Amistad Venezuela - China y Venezuela – Suiza, ha ocupado cargos durante toda la revolución, incluyendo la presidencia del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como Vicecanciller para América Latina y el Caribe, ministro de Industrias Básicas y Minería, embajador de Venezuela en Ecuador y después pasó a alcalde en Miranda y diputado.

Lo importante es que la Ley Bolívar, según lo manifestó el comunicado del equipo del representante de Florida, el republicano Mike Waltz, prohíbe “al Gobierno de Estados Unidos contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, así como con cualquier Gobierno sucesor de Venezuela que no sea reconocido legítimo por Estados Unidos”.

Y la motivación para que en EEUU se impulsara la iniciativa de la Ley Bolívar es porque “Maduro y sus amigos se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática”.