La oposición de Venezuela exigió la liberación del activista Nelson Piñero a un año de su detención

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves la liberación del activista Nelson Piñero, quien cumple un año detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el estado Carabobo (norte).

“Hoy se cumple un año desde que la valentía de Nelson Piñero y su compromiso con la justicia y la libertad de expresión, lo llevaron a estar privado de su libertad de manera arbitraria”, indicó la coalición en X.

Agregó que seguirá luchando por la libertad de Piñero y de todos los considerados “presos políticos” en el país.

Entretanto, la ex diputada Delsa Solórzano señaló que hace un año el activista fue “sacado de su casa violentamente, sin orden judicial”.

“Nelson está recluido en el Sebin de Naguanagua, con su salud deteriorada, ha sufrido todo tipo de afecciones y no ha recibido la atención adecuada”, añadió.

Solórzano sostuvo que Piñero enfrenta un juicio “por opinar y, sin ninguna prueba en su contra, está siendo acusado de delitos de odio”.

En diciembre del año pasado, el partido político Encuentro Ciudadano denunció que Piñero fue detenido “por escribir en redes sociales” críticas contra el régimen de Maduro, entre ellas, en contra del referendo sobre la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo.

Solórzano señaló entonces que los abogados del activista han exigido al “tribunal que lleva el caso su libertad inmediata, no solo por el hecho de que opinar no es delito, sino por serias violaciones al debido proceso”.

Aseguró que solicitaron también una “revisión de la medida de detención, para garantizar el derecho a la salud” de Piñero, quien “no solo es diabético, sino que tiene afecciones renales, entre otras que constan en informe de sus médicos tratantes”.

Las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra los defensores de derechos humanos fueron denunciadas por 60 organizaciones no gubernamentales venezolanas este jueves, informó un comunicado emitido tras la citación del director de Provea, Óscar Murillo, para declarar en relación con la muerte del dirigente social Edwin Santos. Según detallaron las ONG, Murillo estuvo retenido durante cinco horas en una sede policial de Caracas sin aclaración sobre su condición en la investigación: si era testigo, sospechoso o cuál era su vinculación con el caso.

El deceso de Santos, ocurrido en octubre pasado, ha sido señalado por familiares y partidos opositores como un presunto asesinato, denunciando que estuvo detenido antes de ser hallado muerto. Sin embargo, las autoridades reportaron el hecho como un accidente de tránsito. Ante esto, Provea y otras organizaciones solicitaron una investigación imparcial e independiente.

En el comunicado, las ONG expresaron su preocupación por lo que consideran un acto de criminalización de la defensa de los derechos humanos, alertando que en Venezuela se restringen derechos fundamentales como la libertad de asociación y de expresión. Además, calificaron estos hechos como un posible intento de intimidar y silenciar a quienes luchan por la justicia social en el país.

“La defensa de los derechos humanos y la protección a quienes los defienden no solo es una cuestión de justicia, sino un deber moral”, subrayaron en el documento. También condenaron que un Estado que se autodefine como democrático y de derecho persiga a activistas y defensores de derechos humanos, señalando que varios de ellos enfrentan acusaciones como terrorismo y permanecen detenidos.

Pese a estos desafíos, las organizaciones reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en favor de la justicia social en un contexto que calificaron como “arbitrario e ilegal”.

(Con información de EFE)