La Plataforma Unitaria Democrática le exigió a Nicolás Maduro la liberación de los detenidos tras las elecciones en Venezuela

La principal coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- dijo este martes que el dictador, Nicolás Maduro, debe “ordenar” la liberación de todas las personas detenidas tras las presidenciales del 28 de julio, en las que el líder chavista obtuvo una controvertida reelección.

En un comunicado, la PUD alertó sobre “la reiterada violación de los derechos humanos” en el país, donde -según ONG- 1.836 personas fueron aprehendidas en el contexto de crisis poselectoral, marcado por protestas contra el resultado oficial -no reconocido por numerosos países- y múltiples operativos policiales y militares.

“Maduro y los jerarcas del régimen deben asumir la responsabilidad de esta lamentable realidad y ordenar la liberación de los presos políticos y, en especial, la excarcelación inmediata de los menores de edad y de los presos políticos con condiciones de salud delicadas que requieren atención médica urgente para preservar sus vidas”, dice el texto.

El bloque antichavista, que señaló de fraudulento el resultado electoral, denunció que los detenidos “no han tenido acceso a la designación de abogados de su confianza” y la prisión se ha convertido para la mayoría de ellos en “casi una pena de muerte anticipada debido a las condiciones inhumanas de reclusión en las que se encuentran”.

“A pesar de ser inocentes, se encuentran tras las rejas por órdenes de Nicolás Maduro. De manera despiadada, el régimen mantiene prisioneros a 69 adolescentes inocentes y niega asistencia médica a muchos de los detenidos, causando en algunos casos daños irreparables a su salud”, prosigue el escrito.

La PUD y varios partidos opositores que la conforman difundieron mensajes en las redes sociales en los que aseguraron que estos prisioneros “son sometidos a un aislamiento injustificado, sin informar a sus familiares las razones de estas medidas inhumanas”.

“Hay presos políticos con graves patologías crónicas como el cáncer, la diabetes o enfermedades autoinmunes, a quienes se les ha negado la asistencia médica necesaria, condenándolos al deterioro absoluto de su salud y poniendo en peligro inminente sus vidas”, añade el comunicado.

Según los familiares de los detenidos, la Fiscalía se comprometió este martes a agilizar estos procesos, un día después de que Maduro llamase a la Justicia a revisar estos casos y “rectificar” en caso de que hubiese errores procesales.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió “libertad inmediata” para seis estudiantes y un profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), detenidos tras los comicios del 28 de julio.

A través de X, el OVP calificó las detenciones de “arbitrarias”, lo que -señaló- “no solo viola derechos básicos”, sino que “intenta suprimir el pensamiento crítico, una de las funciones esenciales de la educación y la participación democrática”.

“Nos sumamos al clamor de los movimientos estudiantiles de la UCV por la libertad inmediata y sin restricciones de seis estudiantes y un profesor de esta casa de estudios, quienes fueron detenidos arbitrariamente en el marco de la represión poselectoral”, manifestó la ONG.

La organización reiteró su llamado a la “justicia” y “defensa” de la “libertad de pensamiento, derechos fundamentales que sostienen una sociedad democrática”.

Los estudiantes detenidos son Yalbert Rafael Sivira, Keiver Rincón, Armando Solís, Anthony Granadillo, Santiago Ortega y María Valentina Méndez, a los que se suma el profesor Salvador Rivera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró este martes que la proclamación de victoria por parte del ente electoral venezolano a favor de Nicolás Maduro es “ilegítima” e hizo un llamado a la comunidad internacional a impulsar un esfuerzo coordinado para una “transición democrática” en el país sudamericano.

“Pedimos un esfuerzo diplomático multilateral coordinado para apoyar a Venezuela en una transición pacífica a la democracia, para restaurar el Estado de derecho y para responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos en las últimas décadas y, en especial, en estos últimos meses”, declaró la relatora del organismo para ese país, Gloria Monique de Mees, en una rueda de prensa.

De Mees recalcó que ese llamado no va dirigido a ningún país concreto ni tan siquiera al continente americano, sino a “toda” la comunidad internacional.

Por su parte, la presidenta de la CIDH, Roberta Clark, afirmó que la proclamación de la victoria de Maduro “no tiene legitimidad” y urgió a la comunidad internacional a “seguir pidiendo la rendición de cuentas y la publicación de las actas del escrutinio”.

De acuerdo con la CIDH, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó de manera fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro, sin publicar las actas de votación, se registraron unas 300 protestas espontáneas en el país que fueron “reprimidas” y murieron al menos 23 manifestantes.

Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, al menos 1.393 personas fueron detenidas, incluidas 182 mujeres, 117 adolescentes, 17 personas con discapacidad y 14 indígenas, afirmó el organismo.

“Los detenidos enfrentan cargos penales que conllevan penas excesivamente severas. Estos cargos incluyen incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición, asociación criminal, resistencia a la autoridad, obstrucción de carreteras y desobediencia y son un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión”, declaró De Mees.

(Con información de agencias)