El ex candidato presidencial y dirigente opositor venezolano Enrique Márquez pidió este jueves una audiencia con el fiscal general, Tarek William Saab, con el objetivo de discutir la situación de los denominados “presos políticos”, en especial los detenidos tras las recientes protestas poselectorales.
En un video publicado en la red social X, Márquez explicó que entregó en el Ministerio Público una carta, respaldada por varios líderes opositores, solicitando una reunión para expresar su “preocupación” por el “estado de detención de varios ciudadanos”, incluidos menores de edad.
Márquez subrayó que su intención es “exponer, en mayor detalle, la situación de cada uno de los detenidos” y plantear “soluciones justas y enmarcadas en el respeto de los derechos humanos y la ley venezolana”.
El ex candidato explicó que la audiencia busca abogar por la libertad de estos presos, especialmente los menores, a quienes considera víctimas de una situación injusta.
Según Foro Penal (ONG), existen actualmente 1.958 personas detenidas por motivos “políticos”, la mayoría de las cuales fueron arrestadas durante las manifestaciones que estallaron tras la cuestionada reelección del dictador Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.
Entre los detenidos hay 69 menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, quienes, de acuerdo con la ONG, se encuentran en cárceles comunes. Márquez denunció que esta situación “requiere un tratamiento especial” y abogó por que “se haga justicia en su caso a través de la libertad”.
El ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó que la carta fue respaldada por una coalición de partidos y dirigentes opositores, incluidos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Según Márquez, estos partidos coinciden en la “necesidad de tomar acciones concretas” para lograr la liberación de este grupo de detenidos. Paralelamente, un grupo de familiares de los presos políticos solicitó al presidente Maduro una ‘medida de gracia’ que otorgue la libertad ‘plena e inmediata’ a sus seres queridos detenidos tras las protestas.
Estas manifestaciones, desencadenadas por el rechazo al resultado oficial de las elecciones, dejaron un saldo de más de 2.400 personas detenidas y 27 muertes, según cifras oficiales. La Fiscalía General de Venezuela señaló que los arrestados participaron en actos de “violencia” y “vandalismo” durante las protestas, y Saab afirmó recientemente que “no hay un solo niño detenido”.
Sin embargo, las denuncias de organizaciones de derechos humanos y de familiares contradicen estas declaraciones, y resaltan la preocupación de la oposición y la sociedad civil ante lo que consideran un abuso de la detención de menores en el contexto de represión política.
(Con información de EFE)
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