Este sábado se celebró en Buenos Aires la 33° Marcha del Orgullo. Una marcha que no sólo contó con la participación de la comunidad argentina LGBTIQ, sino también con miles de personas de diferentes nacionalidades que se sumaron para celebrar la diversidad. Pero además de celebrar, también fue una buena ocasión para visibilizar la realidad que viven personas de esa coumunidad en otros países. Entre ellas se destaca la comunidad venezolana, que desde hace años viene sufriendo una brutal persecución por parte de una dictadura que, lejos de garantizar los derechos y libertades básicas, se encarga de promover discursos de odio y discriminación.
“Además de todos las agravantes que sufre hoy un inmigrante venezolano, que sale de un país que está en el marco de una emergencia humanitaria compleja, con un sistema político que cercena libertades y que persigue a la disidencia política, se suma que hoy es uno de los países en la región que menos avances ha tenido en materia de reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI”, manifestó Charbel Najm, vicepresidente de la ONG Alianza Por Venezuela, en diálogo con Infobae.
Najm llegó hace una década a la Argentina, donde fundó la organización y donde encontró la posibilidad de ser quien es sin prejuicios ni persecuciones: “Cuando comencé a salir con mi pareja, que hoy es mi esposo, me costaba darle la mano en la calle en Buenos Aires porque decía ‘me da miedo, en Venezuela hago esto y me pegan una piña o me tiran algo’. A mí me costó hace hace diez años tener esa transición de que es normal que yo le pueda dar la mano a mi pareja en la calle, que me pueda saludar con un beso, y está todo bien. En Venezuela, hoy amigos, amigas y amigues siguen sintiendo que eso no se puede hacer porque sería exponerlos a un riesgo”.
Su caso es el mismo que el de miles de venezolanas y venezolanos que no sólo decidieron dejar su país por las precarias condiciones a las que los somete el régimen del “usurpador” -como llama Najm a Maduro-, sino también por sufrir constantes actos de discriminación “por ser quien somos”. Un país en el que, además, sufren la falta de protección jurídica: no hay uniones civiles, no hay reconocimiento de identidad de género, y no hay garantías de seguridad.
“El venezolano miembro de la comunidad realmente atraviesa situaciones bastante complicadas. En primer lugar, porque vemos que desde las estructuras más altas del poder político se construyen narrativas que dan lugar a discursos de odio contra la comunidad. Cuando vemos que quien usurpa el poder califica de maricones a sus adversarios políticos y utiliza eso como insulto, justamente da pie a que esos discursos de odio no solamente tengan validez en Venezuela y se incrementen contra la comunidad”, comentó el sociólogo venezolano, quien sostuvo, al mismo tiempo, que estas prácticas también generan “temor” y sensación de “exclusión”.
Recordó un hecho que ocurrió este año en su país, en el que una pareja gay por estar caminando agarrada de la mano en un centro comercial de Caracas fue expulsada del establecimiento. Recientemente también se conoció el caso de un médico que fue echado de la clínica en la que trabajaba porque hizo público en redes sociales que mantenía una relación con otro hombre.
En lugar de garantizar un marco jurídico que proteja a esas personas de semejantes actos de discriminación, desde las altas esferas del régimen “se instrumentalizan discursos de odio y se instrumentalizan prácticas discriminatorias”. Es decir, las mismas autoridades amplifican esos mensajes, y las personas no tienen a quién acudir: “Cuando se denuncian estos actos, ni siquiera se reportan como crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual o de identidad y expresión de género, sino que pasan como temas domésticos. Entonces todas esas son realidades que se viven y que obviamente las personas miembros de la comunidad se ven muy limitadas”.
Desde hace diez años en la Asamblea chavista hay un proyecto de ley que jamás fue tratado. Una pareja por más formal que esté constituida no puede ni siquiera tener un concubinato legalmente; no hay ningún tipo de unión de hecho y no existe el matrimonio igualitario. Una persona que quiere hacer cambio de género, o que quiere cambiar de nombre en su documento, comenta Najm, “claramente no puede hacerlo”.
El caso más emblemático de esto último es el de la diputada Tamara Adrián; la primera diputada trans, que salió por la Plataforma Unitaria, y para el Estado venezolano no se llama Tamara, se llama Tomás. “Aunque Tamara tiene un amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le exhorta al Estado venezolano de que se le reconozca su identidad, el Estado venezolano se la ha negado”, señaló el activista venezolano.
Najm recordó que en el año 2014, cuando se entregó una ley por el matrimonio igualitario, una de las pocas diputadas que accedió a recibirlo fue María Corina Machado, quien hoy lidera la lucha por la libertad y la defensa de los derechos humanos en Venezuela: “Fue una de las pocas que dio apertura a recibir ese proyecto de ley, pero ese proyecto de ley en la Asamblea chavista quedó completamente engavetado y nunca prosperó”.
Este sombrío panorama de persecución recrudeció tras el fraude electoral del pasado 28 de julio. Desde entonces, dos de los principales activistas referentes de la comunidad LGBTI fueron detenidos por el régimen chavista. Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, fue detenido el sábado 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se dirigía al Comité Interracial en Ginebra por invitación de la ONU. Le anularon el pasaporte, fue liberado después de un día, y desde entonces permanece recluido por temor a volver a ser apresado.
Una semana después, el 10 de agosto, el también activista Koddy Campos grabó en vivo cómo fuerzas de seguridad del régimen querían secuestrarlo de su casa ubicada en el populoso barrio La Vega, al oeste de Caracas, sin una orden de allanamiento. Todo “por el simple hecho de llevar vocerías en estos temas”, y por haberse reunido con Edmundo González Urrutia, previo a las elecciones. “Justamente se estaba buscando hacer estos trabajos de incidencia para conseguir mayores derechos para la comunidad LGBTI”, comentó Najm sobre esas reuniones con el diplomático y candidato a presidente.
Y agregó: “Hoy el miedo es mayor, porque el nivel de represión que ejerce el Estado sin ningún contrapeso, deja a cualquiera expuesto, a merced de un instrumento represivo tan fuerte como el que hoy vive en Venezuela”.
En este contexto, el vicepresidente de Alianza Por Venezuela lamentó ver cómo miembros de la comunidad “también tienen miradas sesgadas respecto a lo que ocurre” en el país: “No es un tema ni de derecha ni de izquierda; hay una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos que violan están también los de la comunidad LGBT. Así como pasa también en países como Nicaragua, Rusia y Cuba”.
Esta persecución también tiene un impacto directo en la migración que, en el caso de la venezolana, es de las más grandes del mundo. En el caso de las personas LGBTIQ+, deben afrontar procesos migratorios muy particulares; “sobre todos los que son miembros del colectivo travesti, trans o no binario”.
Salir de Venezuela es un acto de supervivencia para cualquier migrante, pero para la comunidad LGBTI es una travesía con riesgos múltiples. A menudo deben modificar su expresión de género para evitar abusos en puntos de control militar o para no ser blanco de grupos irregulares.
“Las personas que salen en extremas condiciones de vulnerabilidad en Venezuela también se ven expuestas a situaciones muy complejas. Los que cruzan por las fronteras, los que se exponen a grupos irregulares. Con las mujeres pasa mucho, pero también con las personas travestis, trans o no binarias, que sienten que tienen que modificar su expresión de género para no ser víctimas de un abuso por su identidad. Todas esas son realidades muy complejas que impactan directamente a la comunidad”, afirmó Najm.
Por ese motivo, el activista remarcó que desde Alianza Por Venezuela hacen especial foco en acompañar a la comunidad en Argentina: “Trabajamos mucho con un enfoque de empoderamiento de derechos, pero también una de las cosas que nos ha caracterizado y que ha determinado las actividades que hemos hecho en el pasado ha sido la de visibilizar las cosas que hoy sigan ocurriendo en Venezuela en términos generales, pero también particularmente tocando lo que pasa con la comunidad LGBTI”.
“Tenemos un programa dentro de Alianza por Venezuela, que se llama ‘Migrar con orgullo’, que es básicamente el marco que agrupa todas las iniciativas que nosotros desarrollamos para la comunidad LGBTI. Tenemos tres enfoques principalmente: el de empoderamiento; el de sensibilizar a la población en general sobre los desafíos y las realidades de la comunidad; y también sobre acompañar en todo este proceso migratorio que termina siendo muy complejo, sobre todo para grupos vulnerables como este”, añadió.
Marcha y visibilización
Después de años de padecimiento y persecución en su propio país, este sábado, a varios miles de kilómetros de su tierra, Alianza Por Venezuela fue la primera asociación de venezolanos que participó de la marcha. Además, gracias al respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), contó con una carroza durante la marcha.
“Fuimos con la consigna de que estamos orgullosos de quienes somos y de dónde venimos, porque no se disocia una cosa de la otra. Así que la participación en la marcha tuvo esa consigna (...) Quisimos también visibilizar que los migrantes de la comunidad LGBTI también son sujetos de derecho, que los que somos parte del colectivo en esta ciudad y en este país tenemos derechos”, comentó Najm.