A un año del desalojo de mineros en Yapacana, la explotación del oro pasó a control de la guerrilla colombiana y militares venezolanos

En septiembre 2023 la Fuerza Armada (FANB) desplegó una gran campaña de propaganda en rescate del Cerro Yapacana desalojando a miles de mineros. Hubo muertos, heridos y muchos extranjeros expulsados del país. Un año después el negocio ilegal es más floreciente para la guerrilla y mineros ilegales con apoyo de los militares. La Operación Autana de la FANB solo sirvió para que el negocio de la minería cambie de manos y que el acceso a las minas sea más lucrativo para las mafias del oro: militares, guerrilleros, indígenas delincuentes y funcionarios del Seniat y Dgcima.

“En la zona indígena piaroa Cárida, que debe ser protegida, ya hay hasta 10 corruptelas como llaman a los negocios con prostíbulos, y ventas de droga y alcohol, cientos de mineros invadiendo todo el lugar, coordinados por Jackson y Trino, hijos del capitán indígena, los militares y la guerrilla”, le dice un indígena a Infobae.

Es brutal la destrucción del ambiente y la contaminación del majestuoso río Orinoco. Uno de los mineros explica que “para entrar a la mina de Cárida los hijos del capitán indígena de la comunidad están cobrando 1 gr de oro por persona. Por otra parte, el Seniat, la GNB y la Armada, para entrar por la boca del Orinoco, que es la vía de entrada a Cárida y a las minas del Yapacana, cobran 300 mil pesos colombianos (75 dólares) por cada tambor de 200 litros de combustible”.

Muchos de los que han regresado a las minas ilegales son procesados como delincuentes, además de muchísima gente que, por la crisis económica del país, se suma a la explotación del oro. La mina Cacique, que la Fuerza Armada desalojó hace más de un año, ha vuelto a florecer, pero ahora es peor, porque se está explotando mucho más acá, a la entrada del parque Yapacana, donde se encuentra la centenaria comunidad indígena Cárida.

En un video al que Infobae logró acceder se observa un incidente entre militares de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), los indígenas de los puntos de control indígena que cobran por el acceso al Yapacana en colaboración con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se evidencia la disputa por el control del tráfico de mercancía hacia el sector minero, cuando los militares llevan una embarcación con mercancía hacia la zona de explotación minera.

El suceso fue en la boca del río Orinoco. La embarcación, que estaba a cargo del capitán de corbeta Silverio, entra en conflicto en la entrada del Orinoco, sector de la parroquia Yapacana, Ahí hay un punto de control militar con un trío de poder: está por la Armada Bolivariana el Teniente Salazar, al que identifican como “el mejor pagado del río”. El Mayor Ramos está por la GNB, porque son los guardias quienes dan las coordenadas para entrar sin problemas y pasar las otras alcabalas de Santa Bárbara y Cárida, cuyo pago son millones de pesos colombianos, la moneda con la que más se negocia en esa parte del territorio venezolano.

El negocio no es solo de militares, también participan funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat): ellos intervienen según los trabajadores adscrito al municipio, aunque el permanente es el funcionario Martínez: tienen ya casi dos años sin ser removidos de sus cargos.

“El teniente Salazar dio la orden que quien pase debe pagar millón y medio de pesos por cada bote vacío o lleno. Un barco que vaya a otros municipios debe llevar unos 1o millones de pesos para ir pagando en las alcabalas: primero a la Armada, Seniat y GNB. Luego a los 32 puntos de control indígenas que están en la entrada del Orinoco, y que es manejado por jóvenes casi siempre drogados”.

“El cobro no termina ahí, porque está el llamado Orinoco medio, con ocho puntos indígenas, que inicia desde Playa Seca, donde vive la familia del exalcalde Andre Camico, controlado por Cristóbal y los tres capitanes indígenas de San José de Minicia, donde se encuentra Orlando Francisco y el famoso Vaquita; ese es el sector mejor pagado. Todos ellos andan armados”.

“Y el último bloque lo compone 10 puntos indígenas: Patacame, San Felipe, Punto Mira, Palmarito, Niñal, Macuruco, Guachapana, Punto Orinoco, Punto 23 o La Venturosa, que es uno de los mejores pagados junto con Guariloco”. Ahí termina la película de terror en pagos para poder pasar los que transitan por el majestuoso río Orinoco.

“Las máquinas estaban paradas, esperando que se cuadrara los montos que debían pagarse al nuevo jefe de la URRA (Unidad de Reacción Rápida de Combate). Una vez que se logró el acuerdo, el domingo 27 de octubre, autorizaron a trabajar y ya estamos en pleno funcionamiento, con 123 máquinas y hay más de mil 200 mineros, aunque siguen llegando muchos más, a la bulla que está detrás de la comunidad”, reconoce un minero a Infobae.

La presencia militar en la zona está representada por el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que siempre ha estado en el lugar y que cuenta con ocho efectivos. Y está la URRA con 100 efectivos, comandados por un oficial con el rango de Mayor. El negocio se lo rotan entre los militares de manera que cada cierto tiempo le corresponde a un oficial de un componente distinto.

“Detrás de los indígenas, en la explotación minera, está la guerrilla colombiana financiando la operatividad de las máquinas, de manera que los supuestos dueños de las máquinas son los indígenas, pero en realidad fueron pagadas por el ELN. Los militares se limitan a cobrar 16 gramos semanales por máquina y ya hay 123 máquinas, lo que significa que a la semana cobran 2 kilos de oro, unos 175 mil dólares semanales”.

“Detrás del comando de Cárida hay una corruptela, donde se reúnen mineros y gente de la comunidad a beber alcohol y pactar negocios entre guerrilleros, militares y mineros. Ese local es propiedad de Jackson el hijo del capitán de la comunidad, apoyado por la Guardia Nacional y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). A las minas está llegando una droga que llaman cripy (la madre de las marihuanas) y que consumen en la locura que se vive ahí en ese inframundo”, revela un guardia nacional.

El impacto de la minería es tal que ya hay cuatro barrios consolidados fuera de la comunidad Cárida. “De la escuela a las minas apenas hay 20 minutos caminando y 10 min en moto”.

A un año, que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), al mando del general Domingo Antonio Hernández Lárez, asegurara que desde julio 2023 habían desalojado 11 mil 594 mineros ilegales, en el marco del rescate del Parque Nacional Yapacana, argumentando que es Área Bajo Régimen de Administración Especial y Zona de Seguridad y Defensa del Estado, la minería está más pujante, las mafias de irregulares se fortalecieron en unidad “cívico militar”, es decir que los Tancol son más fuertes ahora.

En la mina Cacique, de la que tanto habló el Ceofanb, y donde hubo muertos y heridos “ya ahora instalaron 26 máquinas de militares y colombianos. Ahí acabaron hasta con un caño, donde la gente de la comunidad de Cárida, cerca del puerto, se bañaba y sacaba agua para beber”, relata con nostalgia una piaroa, en conversación con Infobae.

Un habitante de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, confiesa “he visto gente corrupta, pero esa gente está descarada. Nos dicen ‘pasas cuando yo quiera’, ‘me das tanto o no hay trato’. He hablado con militares antes, pero este de ahora es una porquería y no le obedece ni al comandante de la Guardia, porque él dice que viene respaldado por alguien de mucho poder en Caracas. Ese tipo ha retado a la GNB y hasta al de la ZODI, porque ese barco del problema lo enviaron de la ZODI y el tipo fue el que embochinchó para impedir que entrara”.

En diciembre 2023 en Cárida solo estaba la gente de la comunidad, pero unos meses después afloró el movimiento de cambuches, que son construcciones improvisadas de los mineros y ya hay cuatro barrios organizados, incluso con sus calles. “Sigue llegando gran cantidad de personas foráneas a la zona”, relatan testigos del lugar.