Entre los 103 acusados de terrorismo por manifestarse contra el fraude electoral en Venezuela hay detenidos con enfermedades graves y con discapacidad

Las elecciones presidenciales del 28 de julio trajeron consigo la brutal arremetida de los cuerpos policiales y militares contra quienes reclamaban la transparencia en los resultados. Casi tres decenas de muertos y dos mil detenidos, acusados de terrorismo y otros graves delitos. Una de esas causas es la llamada “los 103″ que agrupa a igual número de personas detenidas, el 30 de julio, en Los Guayos, municipio Guacara, estado Carabobo y enviados finalmente a la cárcel de Tocuyito, sin que exista ninguna prueba que los incrimine.

A la detención se le suma el otro capítulo de la terrible historia, que acompañó a la represión y continuó con la violación al debido proceso, como ha ocurrido en la administración de justicia con todos los detenidos por causas políticas: las promesas: “Seguro que los dejan libres, pero no denuncien”; las amenazas: “si no hacen lo que les decimos, a su familiar le va a ir peor”; la coacción: “mejor que admita los hechos para que salga más rápido”; la imposición: “con el defensor público les va mejor”.

La perversidad del sistema de justicia, con juez, fiscal y defensor público, se complementa con informes amañados, expedientes adulterados y funcionarios de inteligencia y policiales. Todo encaminado a la impunidad y el desgaste de presos y familiares. Les imputaron delitos de terrorismo, hurto agravado, daños a la propiedad, obstrucción de vía pública.

La causa de los 103 tiene los expedientes CIM-2024-001062 y MP-137630-24. El juez Carlos Enrique Liendo Acosta es el mismo de gran número de causas políticas, que cursan en el Tribunal Segundo de Control Antiterrorismo. Y los fiscales son el 52 Nacional, Alirio Mendoza y el de enlace Ángelo José Dorta Sivira, que es el fiscal sexto de Carabobo. Los defensores públicos son Yirvin Marcano, el Nr. 78 en Caracas y el enlace en Carabobo, Víctor Arrieta.

A Bennie Josué Nava Redondo lo detienen junto a su amigo Mario de Jesús Aquino Ladino, cuando el 30 de julio, a las 10 de la mañana, salieron a buscar un medicamento para la mujer de Mario que en su momento estaba embarazada y tenía mucho dolor. Van hacia una farmacia, pero pasando frente al local Pío Pío, los enfrentan dos colectivos y les piden detenerse.

“Lo bajan a la fuerza de la moto, los tiran al suelo, lanzan la moto de mi pareja al piso y los apuntan con un arma, advirtiéndoles que, si se mueven, los van a matar. Los sujetan por la camisa y los montan en un autobús”, relata Daibelis Mármol, pareja de Berni.

Las dos mujeres, que estaban juntas, se angustian al ver que sus maridos se tardan. “Yo lo llamo varias veces hasta que por fin me contesta y me dice lo que está pasando y que van en ese autobús. Él tenía mucho miedo porque les dijeron que los iban a golpear. Además, estaba viendo cómo en las calles paraban y montaban más gente al bus y les decían que si no alzaban la cabeza para los videos, les iban a meter un tiro en la frente”.

“El último mensaje telefónico fue para decirme: ‘Yo estoy con Dios mi amor y él sabe que no somos malos. Te amo y Mario ama a Lairys; pase lo que pase estaremos juntos’. Me dice que el teléfono se le va a apagar y que los están llevando de un lugar a otro, dando vueltas. Ahí perdimos la comunicación”.

Daibelis Mármol relata que cuando vio a su esposo en la visita, al día siguiente de la audiencia, el 16 de octubre, “quedé impactada al verlo. No es ni la cuarta parte de lo que era mi pareja; está demasiado flaco, no come bien, tenía 4 días sin poder bañarse y se lo permitieron ese día porque erqa la visita”.

Narra que ella fue junto a la pareja de Mario de Jesús, la cual está recién dada a luz y fue con el bebé recién nacido. “Por toda esta injusticia su papá no pudo verlo nacer”.

“Mi pareja me dice ‘mi amor hoy es la audiencia, Dios con nosotros’. Nos quedamos esperando frente al penal y en menos de unas horas nos dicen que todos fueron pasados a juicio. ¿Y las pruebas que llevamos qué?”

Entre los 103 hay detenidos con diabetes, varios son hipertensos, hay enfermos de cáncer y hasta discapacitados, entre ellos un ciego. “En esa cárcel hay un caso de VIH. Mi sobrino dice que varios reclusos han intentado quitarse la vida, el más reciente fue un muchacho que lunes o martes se intentó ahorcarse con el uniforme que le dieron. Algunos actúan muy raros como volviéndose locos”.

“Hay un detenido que sufre de convulsiones y en el transcurso de la semana ha convulsionado alrededor de 60 veces; está prácticamente en estado de coma y lo tienen en enfermería y está en muy malas condiciones de salud”, le confirmó uno de los detenidos a su hija.

Susana, tía de uno de los detenidos, le dice a Infobae que no solo luchan por justicia en el proceso legal sino contra los abusos de un custodio llamado Máximo, que agrede a los reclusos, incluso físicamente, llevándolos a un cuarto aparte donde los golpea.

El domingo, durante la visita a la cárcel de Tocuyito, los familiares se concentraron al frente del penal con pancartas, en el legítimo derecho a la protesta, contemplado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Varios militares, desde la autopista, se dedicaron a grabar a los manifestantes.

“Yo estaba ahí con mi pancarta pidiendo justicia para mi hijo, cuando llegaron funcionarios de la Policía municipal, diciéndonos que no están permitidas las protestas, tampoco exponer pancartas y que ellos podían ejercer acciones contra nosotros familiares de los detenidos. No quieren que ni siquiera los defendamos”, confirma a Infobae una mujer conteniendo el llanto.

Damir Alexander Morales Rodríguez fue detenido el 30 de julio cerca de las 4 de la tarde, junto con decenas de personas a quienes indiscriminadamente las autoridades policiales detuvieron por encontrarse en la calle. Cuando su esposa lo vio más de un mes después en la cárcel de Tocuyito supo que se le desequilibró la tensión de la cual había sufrido anteriormente, y por ello lo llevaron a la enfermería, le hicieron control de tensión diciéndole que avisarían a su familia, lo que nunca ocurrió, por lo que pasó una semana con la tensión alterada, en riesgo de sufrir un infarto.

Le dieron unos medicamentos vencidos desde el 2020, por lo que en la primera visita le dijo a su esposa que le comprara los medicamentos que ella le envió de inmediato, pero una semana después aún no se los habían entregado.

Morales está próximo a cumplir 38 años y a principio de año tuvo un episodio de infarto generado por el estrés del trabajo, ya que es el único sustento del hogar, lo que tiene alarmada a su familia de que el encierro y las malas condiciones le aumenten el estrés; nunca había estado detenido ni registros policiales.

Todo el caso de los 103 empezó cuando es convocada una manifestación pacífica, en horas del mediodía, para reclamar por los resultados electorales con los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desconocía el triunfo de Edmundo González Urrutia, dando ganador a Nicolás Maduro Moros, con número improvisados, sin que se hubiesen publicado los datos disgregados como exige la Ley electoral y mucho menos las actas electorales.

Como la manifestación fue absolutamente pacífica, había terminado y todo estaba en calma, Damir Morales y su esposa salieron a hacer compras cerca de su lugar de residencia. Un grupo de personas de la concentración se habían desplazado hacia la autopista, a una zona cercana del casco central de Los Guayos cerca de donde la pareja se encontraba.

Los esposos caminaban por la calle Negro Primero y observan a un grupo de los últimos manifestantes que se había quedado rezagado y bajaban conversando y caminando. La tranquilidad del ambiente fue roto por el estruendo de una impresionante cantidad de motorizados y de gente que corría, por lo que también los manifestantes que venían caminando, sin saber qué pasaba, empezaron a correr.

Las motos se aproximan a toda velocidad hacia las personas que huyen atemorizadas sin saber lo que está sucediendo. “En cada moto iban dos funcionarios de la Policía Nacional, el que conducía y el parrillero. Los parrilleros se lanzaban de las motos para caer sobre cualquier persona que pudieran alcanzar, mientras el resto de motorizados avanzaban por las calles del casco central de Los Guayos, agarrando incluso a quienes estaban viendo vidrieras de locales comerciales, haciendo compras o en la farmacia”, relataron a Infobae varias personas que trabajan en la zona y una de las cuales resultó con un brazo fracturado.

Morales Rodríguez y su esposa, que se encontraban tomados del brazo, se recostaron a la pared esperando a que todo pasara. Uno de los motorizados se para frente a ellos y el parrillero se baja y lo toma por la capucha del suéter y lo jalonea casi arrancándolo del brazo de su esposa. El hombre trata de zafarse del motorizado, mientras lucha porque su esposa mantenga el equilibrio; corre unos metros y sube a la acera que está a la altura de una clínica de emergencias.

Varios funcionarios se van contra él, lo lanzan contra el piso, lo golpean con manos y pies. Todo ocurre frente a la esposa de Morales, quien grita para que cese la agresión, mientras corre hacia donde su esposo está siendo golpeado en el piso. Un motorizado la intercepta y la apunta con su arma de reglamento, mientras le grita maldiciones y le ordena que levante las manos. Ella se detiene de inmediato y resignada observa cómo a Damir Morales se lo llevan a rastras. Los funcionarios la obligaron a bajar la cara para que no los mirara y a mantener los brazos en alto hasta que se fueron.

Familiares de los que luego se supo eran 103 detenidos, van al módulo más cercano de la PNB, pero no les dan información alguna sobre ellos, solo les dijeron que sacarían un listado de quiénes estaban ahí detenidos, pero las horas pasaron y eso no sucedió hasta que una funcionaria salió a decirles ya tarde en la noche que ahí no estaban porque los detenidos habían sido trasladados al Fuerte Paramacay en la zona de Naguanagua. Entre lágrimas y miedos algunos de los familiares fueron al cuartel en Naguanagua, otros regresaron a sus casas entre la penumbra de la noche.

Al día siguiente muy temprano en los alrededores del Fuerte Paramacay muchas personas buscaban saber sobre los detenidos. Otra vez no había información oficial, las familias permanecieron todo el día con la promesa que en algún momento les darían respuesta. Los funcionarios de la unidad militar sacaron un listado con los detenidos ahí, a la vez que pidieron llevarles alimentos y agua.

Cada persona, como pudo, compró comida y bebida, para que se las pasaran al detenido. A las 7:00 de la noche les dijeron que fueran por otra puerta del Fuerte Paramacay, que es un lugar muy grande, donde una persona saldría a darles información. Por supuesto, todos se desplazaron, pero no fue más que un engaño para que salieran los autobuses con los numerosos presos que fueron trasladados a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Los Guayos, donde los habían tenido anteriormente.

El grupo de familiares va hacia esa sede policial donde les dijeron que los iban a presentar ante el tribunal, pero que se quedaran tranquilos porque luego de la presentación podrían liberarlos en horas de la madrugada. Los detenidos estaban incomunicados, sin permitirles la llamada que establece la Ley, mucho menos el derecho a un abogado de confianza.

Ahí amanecieron padres, madres, hijos, tíos, abuelos, esposos, durmiendo en la calle. Ni esa noche ni ese día fueron presentados; por fin lo hicieron al día siguiente. A las 6:30 de la tarde, aun los familiares seguían esperando, cuando salió un funcionario y les dijo que el juez había privado de libertad a todos los 103 por 45 días.

Luego vino el régimen de llevarles alimentos durante 20 días, siempre con la promesa de que en cualquier momento podrían verlos, sin la seguridad de en qué condiciones están ahí adentro. Por fin el lunes 19 de agosto, casi a última hora, los familiares son notificados de que tendrán acceso al primer día de visita que, aunque atropelladamente, según relataron decenas de familias, representó un alivio ver a su ser querido, algunos más demacrados y desmejorados que otros, pero todos mucho más delgados.

Se fueron con la promesa de que el domingo 25 otra vez habría visita, pero también fue un engaño porque ese mismo día a las 4 de la madrugada, sin anunció a las familias, los trasladaron al Centro Penitenciario Hombres Nuevos ubicado en la zona de Tocuyito. Y al día siguiente los trasladan a otro centro penitenciario que fue reestructurado y mejor conocido como el penal de Tocuyito. Pasó un mes sin que a los familiares se les permitieran las visitas.

Una mujer, familia de uno de los detenidos, narró que “la primera vez que vi a mi esposo en la cárcel de Tocuyito fue muy deprimente. Le confieso que a primera vista ni siquiera lo reconocí; estaba extremadamente delgado, había perdido no sé cuánta cantidad de peso y masa muscular, lucía extremadamente pálido y su semblante demostraba que tenía malas condiciones”.

La madre de un joven asegura a Infobae que su hijo le narró la pésima calidad de la comida en esa cárcel. “Me dijo que le daban una carne toda extraña, que no sabía qué tipo era, comían grano todos los días y una mortadela que siempre sabía a descompuesta. El agua que consumen no parece mínimamente potable”.

Ana es una mujer que con temor se anima a hablar con Infobae. “Aquí solo somos mi hijo y yo, porque su hermano se fue a Perú a trabajar hace tiempo y no le ha ido muy bien. Imagínese sin recursos y con mi hijo preso, a quien ni siquiera me permitieron abrazar o tocar en la visita que solo fue de poco más de media hora. Los custodios estaban ahí al lado, viendo y oyendo todo lo que conversamos”.

Al sobrino de Frank lo detuvieron en la misma causa de los 103. “A mi hermana le habían dicho que lo soltarían a los días de detenerlo, luego que cuando fuera la audiencia, así nos han tenido y el miércoles pasado el juez los pasó a juicio, después de tenerlos presos desde el 30 de julio”.