El dictador Nicolás Maduro dijo que recibió la invitación del Parlamento controlado por el chavismo para juramentarse como presidente en 2025

El dictador venezolano Nicolás Maduro dijo que el próximo 10 de enero de 2025 acudirá a la Asamblea Nacional para juramentarse como presidente reelecto, tras recibir una invitación del organismo legislativo que él mismo controla.

“Asistiré formalmente al cumplimiento del juramento constitucional”, reiteró, al tiempo que aseguró que su mandato se basa en una “democracia profunda, directa, popular y socialista” con la intención de “servir a los grandes intereses de la nación”.

Las declaraciones de Maduro se producen después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazase en los últimos cuatro días dos solicitudes de revisión de la sentencia que convalidó el resultado de su fraudulenta victoria el pasado 28 de julio.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue quien resultó ganador por un amplio margen.

La dictadura chavista ha denunciado que las críticas de la oposición y de potencias extranjeras buscan desestabilizar el país y ejecutar un golpe de Estado. Sin embargo, numerosos gobiernos han reconocido a González Urrutia como el verdadero presidente electo, quien permanece exiliado en España desde el 8 de septiembre de 2024 tras una orden de captura emitida por el fiscal general servil a Maduro, Tarek William Saab.

Para respaldar las denuncias de fraude, la oposición venezolana presentó este martes un informe técnico ante la OEA en el que reivindica la victoria de González Urrutia en las elecciones del 28 de julio.

“Podemos demostrar la victoria de Edmundo González Urrutia”, dijo Gustavo Silva, vocero de la oposición, al presentar el documento ante delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

“Con el 83,5% de las actas totalizadas, podemos decir inequívocamente que González Urrutia resultó electo” con “al menos” 7,3 millones de votos (67% de los sufragios contabilizados), aseguró Silva durante la presentación del informe.

Como pruebas de la autenticidad de las actas recogidas, explicó los detalles de la “anatomía” de estos documentos, entre ellos, el “código alfanumérico o HASH” que “incorpora datos asociados al centro” electoral, la “mesa de votación, la hora y fecha de impresión y la máquina que la imprimió”.

Entretanto, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.

En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines a la dictadura de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

(Con información de EFE)