La ONG venezolana Provea alertó este viernes que los detenidos por el régimen chavista en las manifestaciones contra el fraude electoral de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, están siendo sometidos a torturas y presiones por parte de agentes de la dictadura para que admitan delitos que les han sido imputados sin pruebas.
Las denuncias provienen de familiares de los arrestados, quienes aseguran que los prisioneros están siendo coaccionados bajo amenazas y sin garantías judiciales, según indicó la organización.
A través de su cuenta en X, Provea informó que los detenidos han sido víctimas de torturas, tratos crueles y condiciones inhumanas en los centros de reclusión donde se encuentran, como Tocuyito, Tocorón, El Rodeo y Las Crisálidas.
“Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo”, señaló la ONG, al tiempo que agregó que estas acciones representan una “violación abierta de las garantías judiciales”.
Entre las prácticas denunciadas, Provea destacó “golpizas, negación de alimentos y medicinas, y restricciones para recibir visitas”. Además, alertó sobre la posibilidad de que las víctimas sean pasadas a juicio sin ningún beneficio procesal, lo que podría derivar en largas condenas sin un proceso justo.
Las detenciones ocurrieron en el marco de las protestas masivas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro fue reelegido en unos comicios altamente cuestionados tanto dentro como fuera de Venezuela. Según cifras oficiales del régimen, más de 2.400 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones, la mayoría acusadas de delitos graves como terrorismo.
La legislación venezolana establece que el delito de terrorismo puede ser castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión. Para Provea, este tipo de acusaciones masivas refleja un “abuso crónico” de la ley antiterrorista por parte del régimen chavista.
La ONG señaló que el uso de estas acusaciones busca acallar a la oposición y sembrar el miedo entre los ciudadanos que expresan su descontento.
El Ministerio Público venezolano, afín a la dictadura, ha justificado los arrestos acusando a los manifestantes de participar en actos de violencia y vandalismo que afectaron sedes de organismos públicos. No obstante, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado el uso desmedido de la fuerza y la represión por parte del régimen, calificando las elecciones como “fraudulentas” y exigiendo la liberación de todos los presos políticos.
Apoyo internacional a la investigación de la ONU
En este contexto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) celebró la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de prorrogar por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela. Esta misión ha documentado graves violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura venezolana, y su continuidad fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones.
“Agradecemos el apoyo firme de las naciones que respaldan esta resolución y seguimos comprometidos en la lucha por la libertad, la justicia y la paz en Venezuela”, expresó la PUD en un comunicado. Asimismo, destacó que el régimen de Maduro “se queda cada vez más solo, sostenido únicamente por gobiernos autoritarios”, mientras que la mayoría de los países del mundo apuestan por el respeto a los derechos humanos.
La oposición venezolana considera que la prórroga de la Misión Internacional de la ONU es una señal clara del compromiso de la comunidad internacional para seguir denunciando los abusos en Venezuela.
“La comunidad internacional sigue apoyando los esfuerzos por restaurar la democracia y detener la emergencia humanitaria que ha forzado a millones de venezolanos a huir del país”, agregó la PUD.
El texto aprobado por el Consejo de Derechos Humanos también instó al régimen venezolano a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya representación en Venezuela fue expulsada en febrero de este año.
La resolución expresó “profunda preocupación” por el empeoramiento de las violaciones a los derechos humanos y el incremento de las restricciones a las libertades cívicas en el país, particularmente en el contexto de las elecciones.
(Con información de EFE)
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