El régimen chavista obliga a los más de 100 presos políticos de Apure a pagar para evitar ser trasladados a peligrosas cárceles

En el marco de las protestas electorales, no menos de 106 detenidos por causas políticas tiene el estado Apure desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales; casi de inmediato trasladaron a 19 a las peligrosas cárceles de Tocuyito y Tocorón. En la cifra de detenidos hay 15 mujeres. Todos han sido víctimas de un círculo corrupto de la justicia en el que participan jueces de Control, Fiscales del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Ministerio del Servicio Penitenciario.

Una cantidad de funcionarios que son los carceleros como jueces, fiscales, defensores y esbirros, “ha demostrado una complicidad importante en todo este esquema, de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales”, le dice a Infobae el representante de una ONG defensora de DDHH, que también es perseguida por el régimen venezolano.

Todos los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez, pareja sentimental del subjefe del Sebin. Los casos han sido distribuidos en los tribunales de control a cargo de los jueces: María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres.

Entre las mujeres detenidas en Apure, está María Isabela García, es abogado pero también docente del Liceo Bolivariano “Manuel Antonio Nieves”, ubicado en la avenida Urbino Ruiz de la parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Apure; políticamente es la Coordinadora de Educación y militante del partido Primero Justicia (PJ), pero especialmente miembro del voluntariado de Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Elorza.

García fue arrestada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 3 de agosto, siendo presentada una semana después de su detención y sin derecho a defensa privada, porque le impusieron a la defensora pública Ana Ramírez.

La audiencia de imputación de García fue realizada de forma telemática, con alguien que dijo ser fiscal pero aun de manera virtual el funcionario no se identificó. Le violentaron todo derecho a la defensa, al debido proceso y le imputaron delitos de terrorismo e incitación al odio por administrar un grupo de Whatsapp.

La verdadera razón, de la cuestionada administración de justicia, es enviar un mensaje de terror al resto de los venezolanos. El chat de WhatsApp solo fue una excusa, con el argumento que ahí se habla mal de Nicolás Maduro y de Sobella Flores, jefa de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) del sector Centro de Elorza, quien para colmo es la madrina de García. El Tribunal en función de Control le asignó como centro de reclusión el comando de la GNB de Mantecal.

María Isabela García, además de profesional y dirigente política, es madre de dos menores de edad, incluyendo un bebé que acaba de cumplir un año; la coaccionaron para que grabara un video, pero en ese momento estaba en un alterado estado de nervios lo que impidió la grabación.

La sobrina y la enfermera

Rosa María Mota, también fue detenida. Ella era la Fiscal Provisoria Décima Quinta del Ministerio Público, cuando el 7 de agosto 2024 fue detenida en San Fernando de Apure. Se supo que estaba en la cárcel cuando el Fiscal General, que nombró la ilegal e ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab Halabi, lo anunció en sus redes sociales.

La excusa para detenerla, según el Fiscal Saab, es por “su participación en el delito de retraso u omisión intencional de funciones, por actuar contrario a su deber al divulgar información de carácter reservado permitiendo la evasión de sujetos investigados por hechos de violencia, actos vandálicos y desestabilización”, en el caso del sirio venezolano Sliman Abdul Khalek.

Mota no era bien vista en la comunidad apureña por muchas de sus actuaciones: ella tiene la particularidad de ser sobrina de la doctora Nahir Mota, Coordinadora de campaña del comando Con Venezuela en el estado Apure y Directora Regional del Partido Vente Venezuela, a quien autoridades del régimen venezolano pretenden apresar por su liderazgo en la zona.

Así mismo, la enfermera Yulennis Aranguren fue detenida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 9 de agosto: ella es la coordinadora del Movimiento de Mujeres con María Corina y Edmundo en el municipio Biruaca, estado Apure. Fue recluida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la localidad de Biruaca, donde sus familiares han sido extorsionados por los cuerpos policiales.

El desespero de sus familiares por buscar su libertad es porque las condiciones de salud de Aranguren son precarias, por poseer patologías preexistentes al momento de su detención.

“Pague en dólares”

El presidente del Circuito Penal del estado Apure, desde abril pasado, es José Mauricio Muñoz

va, quien hasta ahora no ha tomado decisiones para frenar lo que ocurre con los “arreglos económicos” en el marco de las detenciones. “Esos cobros están liderizados por la Juez de Control María Milagros González Díaz, y el Juez Antonio Franco”.

El representante de la ONG que habló con Infobae asevera que “todos los detenidos por motivos políticos, son obligados a que los represente una defensora publica llamada Ana Karina Ramírez, pareja del subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el estado Apure, Daniel Pérez”.

La versión de familiares de varias víctimas es que los funcionarios piden cifras de 700 hasta 5 mil dólares para evitar que los envíen a las cárceles de Tocuyito y Tocorón. “Depende de la situación económica del detenido: quienes no pagaron completo o no. Pudieron pagar fueron trasladados lejos de Apure. A otros, con más recursos, los han obligado a pagar con dinero, con vacas, con búfalos, con motocicletas, con terrenos, en fin, los han extorsionado”.

Dos casos emblemáticos. Rubén Díaz, gerente de la estación de gasolina el Cotayo en el municipio Pedro Camejo, tenía diferencias con Drenier Mendoza, alias El Mentol. Díaz fue detenido, criminalizado por las protestas postelectorales y procesado por terrorismo. “Rubén ha pagado 15 mil dólares porque lo amenazaron con trasladarlo a Tocorón; sigue detenido en San Fernando de Apure”.

Alias El Mentol era un lucero del pran El Pingüino de la cárcel de San Fernando de Apure; por la cercanía con Elizabeth Gimón de Piñate, esposa del exgobernador y ahora ministro Eduardo Piñate, le dejaron a alias El Mentol la administración del combustible en el estado Apure, lo que fue caldo de cultivo para la prosperidad del contrabando en esa zona de la frontera.

Otro caso es el de Sliman Abdul Khalek, ciudadano sirio venezolano, detenido el 28 de julio. “Sliman tenía un dron, en la terraza del hotel de su papá, con el que había estado tomando fotografías y filmando videos de los principales centros electorales de San Fernando de Apure”.

Es una familia con amplias relaciones de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, pero en el pasado si hubo enfrentamiento con el entonces gobernador, el coronel Ramón Carrizalez.

“El sirio venezolano Sliman ha tenido que pagar 32 mil dólares. Lo metieron preso en las instalaciones de la PNB en Apure. En los tribunales le quitaron el delito de terrorismo”.