Como otros funcionarios chavistas, el canciller del régimen de Venezuela, Yvan Gil, emitió un comunicado condenando la decisión judicial de un tribunal argentino que involucra al dictador Nicolás Maduro y al ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
El comunicado describe el fallo como un “desfachatado simulacro de decisión” que constituye “una afrenta a la tradición de grandes juristas de la Nación argentina”.
Gil señala que esta “ridícula” decisión judicial es una “burda reacción de retaliación”, impulsada por Milei, a quien acusa de estar involucrado en una corriente de Lawfare. Según el comunicado, esta estrategia “busca socavar la soberanía de los países y deslegitimar procesos constitucionales, democráticos y populares”.
El comunicado resalta que la medida judicial “carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los estados”, además de ignorar las “inmunidades y privilegios” que amparan a los presidentes y altos funcionarios. Venezuela insiste en que esta decisión es parte de una campaña que, a nivel internacional, pretende “apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho Internacional”, afectando gravemente las competencias de los organismos multilaterales y su papel en la comunidad internacional.
Finalmente, Gil subraya que esta decisión busca acelerar el fin del Estado de Derecho en Argentina, algo que “frenéticamente ha jurado consumar Javier Milei en recurrentes ocasiones”.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó este lunes la indagatoria y la captura del dictador venezolano y de su mano derecha Cabello, acusados de ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales porteños contra el régimen de Maduro y luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle tormentos y torturas.
“Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos- a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”, afirmó el tribunal. “Estas connotaciones muestran que, a esta altura del proceso, la colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, añadió el fallo al que accedió Infobae.
Bertuzzi, Bruglia y Llorens remarcaron que “en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
El pedido de detención fue impulsado por el abogado Tomás Farini Duggan, representante legal de Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) y apoyado por la Fundación Internacional para la Libertad, liderada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien también se sumó al reclamo. Sin embargo, inicialmente el juez Sebastián Ramos había rechazado el planteo por considerar que las diligencias ordenadas por la Cámara Federal al abrir la causa no estaban completas.
El fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, también arremetió este martes contra la reciente decisión de la justicia argentina de solicitar la captura internacional y atacó al presidente Javier Milei a quien acusó de estar detrás de esa resolución judicial. En una rueda de prensa desde Caracas, Saab calificó la acción como “una instrumentalización política de los derechos humanos” y la atribuyó a presiones externas.