El secretario general de la ONU le manifestó a Maduro su preocupación por la “violencia poselectoral” en Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres, habló este viernes con Nicolás Maduro y le manifestó su “preocupación” por la violencia en Venezuela tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que la oposición asegura haber ganado.

António Guterres “expresó preocupación por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos (y) enfatizó la necesidad de resolver cualquier disputa política de manera pacífica, a través de un diálogo genuino e inclusivo”, señaló un comunicado de la oficina de su portavoz, Stéphane Dujarric.

El secretario general también tomó nota de las posiciones de Maduro sobre la crisis en el país sudamericano, indicó el vocero de Guterres.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric no explicó cuál fue el mensaje que transmitió Maduro, pero dijo que “habló de manera muy clara y franca sobre cómo ve la situación”.

En anteriores pronunciamientos, Guterres ha exigido a Venezuela que comunique los resultados detallados de las actas electorales de los comicios del 28 de julio, lo que no ha sucedido, y ha lamentado la falta de transparencia de las autoridades venezolanas. Sin embargo, también ha dicho recientemente que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos “no ayudan” a resolver la situación.

Preguntado hace unos días sobre si el conflicto electoral afectará al reconocimiento de Venezuela ante la ONU -ya que Maduro y Edmundo González se disputan la victoria en las elecciones-, Dujarric aclaró que la representación de los Estados compete a los demás Estados miembros y no al secretario general.

Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), lo que fue validado luego por el Tribunal Supremo de Justicia, aún sin presentar las actas de votación que probarían su victoria. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, denunció que hubo fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales, que afirma demuestran el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Tras pasar un mes en la clandestinidad, González Urrutia, sobre el que pesaba una orden de captura, se exilió el pasado 8 de septiembre en España. El candidato presidencial opositor afirmó este miércoles haber firmado bajo “coacción” del régimen venezolano un documento para “acatar” la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, a cambio de permitirle la salida de su país.

Por otra parte, la Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país “es muy alto”, tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación “de la maquinaria represiva” del chavismo a raíz de las elecciones del 28 de julio.

“Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”, dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión presentó este viernes su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que ha podido documentar -como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual- son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.

Valiñas señaló que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición. Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos “seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración”.

La jurista sostuvo que la comunidad internacional “enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia”.

(Con información de AFP y EFE)