Los niños son las víctimas más vulnerables de la represión y persecución del régimen venezolano

Es alarmante lo que refleja la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre el avance del régimen venezolano en cuanto a la represión y crímenes de lesa humanidad, pero particularmente perturbador lo que está ocurriendo con los niños y niñas, no solo los detenidos sino los judicializados como terroristas y los que han sufrido abuso sexual, lo que llevó a decir a los investigadores que es “un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente”.

Si en materia de actos de violencia sexual y basada en género, la Misión identificó como víctimas a seis mujeres y tres hombres, resulta más abrumador que también hay tres niñas. A lo que debe agregarse que “los actos de violencia incluyeron amenazas de violación o de otras formas de violencia sexual y reproductiva”. Destaca el caso “en el que se amenazó de producirle un aborto a una adolescente embarazada”.

Entre esas “otras formas de violencia” está: “manoseo de senos, glúteos y genitales; desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto, en ocasiones con la obligación de realizar ejercicios físicos; requisas invasivas; innumerables insultos sexistas; y denegación de derechos sexuales y reproductivos de mujeres embarazadas o lactantes en reclusión”.

Resalta el informe que durante la investigación afrontaron “una serie de limitaciones, particularmente a raíz de la crisis postelectoral”. Para el momento en que terminaron el informe, “la mayoría de las personas detenidas durante esta crisis permanecían aún en detención. Muchos de sus familiares y testigos prefirieron no brindar testimonios a la misión por temor a sufrir represalias”.

Resaltando que ese temor de los familiares “fue especialmente patente en el caso de niños y niñas, así como en el de víctimas de violencia sexual y de género”.

Revela el informe que la Misión “obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente. En algunos de los casos registrados, las víctimas fueron niños y niñas detenidas con discapacidad”.

“Aunque los detenidos fueron conducidos por lo general a centros de reinserción de adolescentes infractores, en algunos casos permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género. Esta falta de división en los centros de detención puso a los niños y a las niñas en una situación de especial vulnerabilidad”.

“De acuerdo con información recibida por la misión, esta situación afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres”.

El régimen venezolano ha sido sistemático en la violación de los derechos humanos de los detenidos y sus familiares, muchos de los casos han sido visibilizados en Infobae a través de testimonios directos de víctimas y sus seres queridos. La Misión de la ONU ratifica en su informe lo que en muchos casos ha sucedido y sigue sucediendo.

El Informe de la Misión destaca que “al igual que en los períodos de 2014-2019 y 2020-2023, los actos de violencia sexual y de género se cometieron principalmente durante las detenciones, en el marco de los interrogatorios y en lugares de detención”.

“Las personas detenidas y los familiares que las visitaron en los centros de detención, sobre todo mujeres y niñas, fueron las víctimas principales de estos actos”.

Agrega que “el número de casos de violencia sexual y basada en género contra opositores del Gobierno, o percibidas como tales, se mantuvo en cifras relativamente bajas entre septiembre de 2023 y julio de 2024″, pero “tuvo un fuerte incremento tras las elecciones del 28 de julio”.

La Misión destaca que solo en los dos días, 29 y 30 de julio, después de las elecciones, “se produjeron numerosas protestas ciudadanas en el Distrito Capital y en la mayoría de los estados del país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral”.

“Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y 30 de julio de 2024, se llevaron a cabo 915 protestas en todo el país”.

Desde el día siguiente a las elecciones, “se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno. La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad”.

Es alarmante la cantidad de detenciones ocurridas después de las elecciones del 28J, por lo que la Misión investigó que “en al menos 27 casos de detenciones, incluidos las de 7 niños y niñas, en los que se obtuvo indicaciones preliminares de que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración. La misión considera que se necesita profundizar en la investigación de estos casos para alcanzar conclusiones con su estándar de prueba”.

Resulta particularmente muy inquietante la aseveración de la Misión, al evidenciar que “las centenas de niños y niñas detenidas tras las protestas no contaron con las protecciones procesales que exige la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y las normas y estándares internacionales”.

Recuerdan que “esta protección especial incluye la obligación de informar a padres o tutores sobre la detención y de asegurar la participación de estos en las audiencias, así como garantizar que la presentación ante un juez se realice dentro de las 24 horas o la excepcionalidad de la prisión preventiva”.

Es por ello que entre las recomendaciones del informe está que debe actuarse “de inmediato ante cualquier denuncia de detención o persecución penal de niños y niñas, con arreglo a las normas y estándares internacionales, así como a la propia legislación venezolana, tomando en consideración el interés superior de la niñez y respetando la segregación con adultos o por peligrosidad”.

La cantidad de denuncias por violaciones de derechos humanos y al debido proceso en Venezuela desde el 2014, por fin causaron, luego de numerosas muertes, heridos, exiliados y detenidos, que el régimen venezolano ocultaba con una feroz propaganda y aliados ideológicos y económicos, que, en septiembre 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableciera la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Según la resolución 42/25 la Misión se nombra por un año para evaluar lo que hasta ese momento eran “presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014″. Los representantes de la Misión fueron descubriendo los horrores que se habían cometido contra miles de venezolanos, que no eran parte del pasado, sino una praxis activa y sostenida, más feroz aun durante el actual periodo de las elecciones presidenciales 2024.

Fue de tal magnitud lo que se fue desnudando a medida que los investigadores de la Misión avanzaban en la documentación de los casos, que el Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024, cuando la Misión presentará su próximo informe anual durante el dialogo interactivo del CDDHH de la ONU.