María Corina Machado exige justicia tras informe de la ONU sobre la política de represión del régimen de Maduro

La líder antichavista María Corina Machado dijo este martes que el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela es “claro” al documentar —dijo— que las violaciones de derechos humanos “no son incidentes aislados”, sino “parte de una política deliberada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.

A través de un nota difundida por su equipo de prensa en WhatsApp, Machado exigió que “los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia internacional”, al tiempo que reiteró que “la dictadura en Venezuela representa un peligro no solo para los venezolanos”, sino “para toda la región”.

Los miembros de la Misión, que presentaron este martes un informe sobre la situación de Venezuela, pidieron a la comunidad internacional que no caiga en el cansancio ni normalice lo que está ocurriendo en el país caribeño, donde —agregaron— se está viviendo la peor ola de represión y crisis de derechos humanos desde 2019.

Asimismo, reveló que pudo confirmar que en las protestas poselectorales, desatadas contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro en las presidenciales del 28 de julio, al menos 158 niños fueron detenidos y que algunos de estos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.

Respecto a estos hechos, así como a las “detenciones sin órdenes judiciales”, “torturas”, “desapariciones forzadas” y “violencia sexual” que la Misión aseguró haber documentado, Machado exigió a la comunidad internacional pronunciarse para “detener este horror”.

Esto implica —detalló— tomar acciones, sin especificar cuáles, que eleven “el costo” para que “cese la represión contra los venezolanos”.

La Misión confirmó que los abusos se han intensificado desde las presidenciales con el fin de silenciar cualquier crítica y duda de que Maduro fue el ganador, luego del fraude cometido por régimen chavista tras la victoria tras la contundente victoria de Edmundo González Urrutia.

Esta afirmación se sustenta a través del 83,5% de las actas electorales que la PUD publicó en una página web y que demuestran la derrota de Maduro, quien, por su parte, afirma que estos documentos son falsos.

Machado valoró el trabajo de la Misión —creada en 2019 para hacer un seguimiento y documentar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela desde 2014—, cuya próxima renovación debe decidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“La presencia de la Misión es fundamental para continuar documentando estos crímenes y determinar la responsabilidad del régimen. No podemos permitir que el sufrimiento de los venezolanos quede en el olvido o en la impunidad”, dijo.

La reciente represión sistemática en Venezuela constituye un “ataque muy grave a los derechos fundamentales”, según Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos. Esta misión tiene el mandato de investigar violaciones como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y torturas ocurridas desde 2014 en el país. Valiñas ha afirmado que, aunque estas acciones continúan patrones previos ya calificados como crímenes de lesa humanidad, su intensidad actual refleja una agudización de la represión estatal frente a lo que percibe como “críticas, oposición o disidencia”.

Según el informe, las elecciones presidenciales marcaron un “nuevo hito en el deterioro del estado de derecho” en Venezuela. El documento señala que las autoridades públicas han dejado de lado cualquier apariencia de independencia, y muchas garantías judiciales han perdido efectividad, dejando a la población sin defensa frente al poder arbitrario.

En el periodo anterior a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo la acusación de conspirar contra el gobierno, mientras que se emitieron órdenes de arresto contra militares, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.

Durante el mes de julio, la misión de la ONU documentó el arresto de más de 120 personas en el contexto de los eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, las autoridades reportaron la detención de más de 2.000 personas, entre ellas más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, quienes fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.

“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país”, mientras que los procedimientos penales iniciados contra los detenidos “violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”, dice el informe.