La principal coalición opositora de Venezuela pidió el lunes a Estados Unidos cancelar las licencias que permiten a Chevron y otras compañías energéticas operar en el país sudamericano para presionar al dictador Nicolás Maduro a negociar una transición del poder.
El llamado provino de un asesor de la campaña de Edmundo González Urrutia, quien representó a la coalición Plataforma Unitaria en las elecciones del 28 de julio, y su principal apoyo, la líder opositora María Corina Machado. González y Machado afirman que su campaña ganó la votación por un amplio margen, contradiciendo la decisión de las autoridades electorales nacionales de declarar a Maduro como ganador.
“Queremos que se cancelen… esto es un salvavidas para el régimen“, dijo el asesor Rafael de la Cruz en referencia a las licencias durante un panel de discusión organizado por la organización empresarial Council of the Americas, con sede en Nueva York. “Queremos que todas las compañías petroleras se vayan a Venezuela. Entonces, no se trata de las compañías. Se trata de la situación que está empobreciendo tanto al país que prácticamente toda la población quiere que este régimen se vaya”.
Chevron, con sede en California, es la empresa más grande que ha recibido un permiso individual de la administración del presidente estadounidense Joe Biden para hacer negocios con la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA, más conocida como PDVSA. El Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA en 2019 como parte de una política de castigo al régimen de Maduro por actividades corruptas, antidemocráticas y criminales.
La licencia de Chevron se emitió en 2022 después de que Maduro y la coalición opositora iniciaran un proceso de negociación. En octubre, el Departamento del Tesoro otorgó a Venezuela un amplio alivio de las sanciones después de que Maduro y la oposición acordaron trabajar para mejorar las condiciones electorales antes de la contienda presidencial de 2024. Pero a medida que se desvanecían las esperanzas de una apertura democrática, la administración Biden eliminó el alivio.
La Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de que las empresas soliciten licencias que las eximan de las restricciones, lo que podría atraer inversiones adicionales al país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo. Las empresas europeas se han beneficiado de licencias individuales.
De la Cruz dijo que la campaña de González-Machado quiere “encontrar puntos en común” con las compañías petroleras, pero que su presencia en Venezuela en este momento le da a Maduro la capacidad de intentar “normalizar… la dictadura de facto que está tratando de instaurar en Venezuela”.
“Seguimos comprometidos a llevar a cabo nuestras operaciones cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables, tanto en Estados Unidos como en los países donde operamos”, afirmó el portavoz de Chevron, Bill Turenne, en un comunicado.
La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato sobre el pedido de la coalición opositora de cancelar las licencias. La licencia de Chevron se renueva automáticamente. La última vez que se renovó fue el 1 de septiembre y es válida hasta marzo de 2025.
Las autoridades electorales venezolanas declararon a Maduro vencedor horas después del cierre de las urnas el 28 de julio, pero a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, nunca publicaron los recuentos detallados de votos para respaldar su afirmación, argumentando que el sitio web del Consejo Nacional Electoral había sido hackeado. Para sorpresa de partidarios y opositores, González y Machado anunciaron poco después no sólo que su campaña había obtenido los recuentos de votos de más de dos tercios de las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones, sino también que los habían publicado en línea para mostrar al mundo que Maduro había perdido.
La condena mundial por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedirle al Tribunal Supremo de Venezuela, integrado por miembros leales al partido gobernante, que auditara los resultados. El tribunal reafirmó su victoria.
Tras las controvertidas elecciones, se presentó una ley en el Congreso de Estados Unidos para prohibir las inversiones estadounidenses en el sector petrolero de Venezuela e imponer restricciones de visado a los funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Maduro. También se presentaron resoluciones en la Cámara de Representantes y el Senado que reconocen la victoria de González.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra 16 aliados de Maduro, acusándolos de obstruir la votación y de cometer abusos contra los derechos humanos. Entre los afectados figuraban el presidente del Tribunal Supremo del país, líderes de las fuerzas de seguridad del Estado y fiscales.
(Con información de AP)