Frente a un cuartel policial en Caracas, familiares de ocho adolescentes detenidos en el marco de las manifestaciones poselectorales exigieron su liberación este viernes, aludiendo que los jóvenes no son “terroristas”.
Las protestas, desencadenadas por el fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, han dejado un saldo de 27 muertos y más de 2.400 personas detenidas.
Entre los arrestados, más de un centenar de menores de edad fueron privados de su libertad, de los cuales 85 han sido excarcelados. Sin embargo, al menos 30 adolescentes continúan encarcelados, enfrentando cargos de terrorismo, según informes de la ONG Foro Penal.
“Queremos la libertad de nuestros hijos, porque nuestros hijos no son terroristas”, exigió Tania Urbina, madre de uno de los menores detenidos, Miguel Alejandro Urbina, de 16 años.
La manicurista de 32 años aseguró que el régimen chavista no ha proporcionado información sobre el estado legal de su hijo. Aunque ha podido visitarlo y afirma que se encuentra en buen estado físico, denuncia que se le está acusando falsamente de actos terroristas.
La situación de otro joven arrestado, Diosmer Mejías, es aún más preocupante. Según su hermana, Dionexis García, el adolescente tiene una bala de goma incrustada en la espalda y no ha recibido atención médica adecuada, a pesar de que las autoridades solicitaron medicamentos.
La dictadura de Nicolás Maduro ha justificado estos arrestos como parte de una supuesta respuesta a un intento de golpe de Estado. No obstante, organizaciones de derechos humanos han calificado estas detenciones como arbitrarias y han denunciado violaciones graves a los derechos de los menores.
Tras el fraude electoral del chavismo, figuras del propio régimen pidieron a sus seguidores delatar a los manifestantes, a quienes califica como “guarimberos”, un término despectivo usado por la dictadura para referirse a quienes bloquean calles en protesta.
La oposición venezolana ha rechazado rotundamente los resultados electorales, afirmando que su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España, fue el verdadero ganador de los comicios.
Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado un escrutinio detallado de las votaciones, alegando un ciberataque masivo contra su sistema informático. Este silencio ha alimentado la desconfianza en torno a la transparencia del proceso electoral y ha generado una creciente ola de protestas, especialmente entre los más jóvenes, quienes demandan un cambio de rumbo en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves un fuerte comunicado condenando las detenciones de menores en Venezuela.
En su pronunciamiento, la CIDH subrayó que estos jóvenes fueron privados de su presunción de inocencia y se les vulneraron garantías judiciales fundamentales. La comisión denunció que los menores han sido acusados de “terrorismo” y están siendo sometidos a condiciones de detención inadecuadas, compartiendo celdas con adultos y sin separación por género en muchos casos.
El organismo internacional alertó sobre varios casos de maltratos. En particular, destacó la situación de una adolescente embarazada, quien, según el informe, fue víctima de violencia de género durante su detención.
“Agentes le insinuaron que la harían abortar para no tener hijos terroristas. Asimismo, fue obligada a realizar ejercicios físicos y a ponerse en posiciones incómodas y humillantes”, denunció la CIDH. Otro caso grave es el de un menor con autismo que permanece detenido sin acceso a su familia ni a atención médica adecuada. Asimismo, un niño que fue presuntamente agredido durante su arresto sufre ahora de parálisis facial a causa de los golpes recibidos.
La CIDH también enfatizó la persecución política en Venezuela y sus impactos directos sobre los menores que participan en protestas. El organismo señaló que el Estado venezolano tiene la obligación de proteger a estos jóvenes, garantizando su derecho a manifestarse pacíficamente. Además, subrayó la necesidad de una separación adecuada en los centros de detención por edad y género, y de proporcionar condiciones que respeten la dignidad y los derechos humanos.
Finalmente, la CIDH hizo un llamado urgente a la dictadura venezolana para que adopte medidas inmediatas destinadas a reestablecer el orden democrático y se comprometa con la protección de los derechos humanos de los detenidos.
La Comisión reiteró la prohibición absoluta de toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes en cualquier circunstancia, instando al régimen a garantizar el acceso a servicios de salud adecuados para los menores bajo su custodia.
(Con información de AFP y EFE)
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