Varios países de la región condenaron este sábado la decisión de la dictadura de Nicolás Maduro de revocar el permiso para que Brasil custodie la Embajada de Argentina en Caracas en medio del asedio de las fuerzas de seguridad del régimen contra esa sede diplomática en la que están asilados seis opositores venezolanos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay se sumó a la ola de repudios y advirtió que representa un “nuevo avasallamiento de los derechos”.
En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera expresó “su preocupación por la decisión (...) inmediata e injustificada” de las últimas horas, que “constituye una violación a la normativa internacional y un nuevo avasallamiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos asilados en instalaciones de la representación diplomática argentina” -en referencia a los seis dirigentes cercanos a María Corina Machado- “a quienes ya se les negó el salvoconducto para abandonar el territorio venezolano.
“Están siendo víctimas, en este momento, de un asedio permanente por parte de las fuerzas de seguridad del régimen”, denunció el Ministerio.
Asimismo, Uruguay señaló que, con esta decisión, el régimen está violando “la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954″ y “la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″ y, por tanto, “hace responsable a las autoridades locales por la seguridad de los asilados”.
Por último, expresó su solidaridad con Argentina y Brasil y pidió nuevamente “una resolución de la actual situación, ajustada al derecho internacional y a la tradición de convivencia pacífica entre las naciones latinoamericanas”.
Estados Unidos se expresó por medio del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien escribió en redes sociales: “Expresamos nuestro apoyo inquebrantable a los gobiernos de Brasil y Argentina ante las acciones amenazantes de los representantes de Maduro en Venezuela. Maduro debe poner fin a su represión e intimidación contra el pueblo venezolano”.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también rechazó “de manera enérgica cualquier intento del régimen venezolano de violar la inmunidad diplomática a la sede argentina” y resaltó que “el derecho internacional público y su respeto absoluto es la única herramienta para la convivencia pacífica de los pueblos”. Desde la Cancillería sumaron que el accionar del oficialismo venezolano “refleja un desprecio continuo por las normas internacionales” y se suma a la lista de “los constantes abusos a los derechos humanos que ocurren en el país”.
Costa Rica también “deploró” la noticia llegada desde Caracas y la describió como una “osadía” y un “nuevo acto de persecución política”. A continuación, ratificó su apoyo a Brasil como salvaguarda de la instalación y de los asilados en ella y recordó a Venezuela “sus obligaciones internacionales”.
Por la tarde también se expresaron los gobiernos de Chile y Paraguay, a través de sus cancillerías.
Desde Santiago, la cartera expresó “su preocupación” y “rechazo” por la decisión “inmediata e injustificada”, y advirtió también que ella “representa un serio desconocimiento de lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″.
Por su parte, desde el gabinete de Santiago Peña reiteraron el irrespeto a los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y aseguraron que no reconocerán la orden de Caracas. “El Paraguay reconoce a la República Federativa del Brasil por la representación asumida en resguardo de los intereses y custodia de los inmuebles de la República Argentina en la República Bolivariana de Venezuela”, sentenciaron e instaron al régimen a “respetar las normas internacionales”.
Brasil y Argentina, ambas partes afectadas por la noticia, difundieron sus propios comunicados en el mismo tono de condena. Brasilia aseguró haber recibido “con sorpresa la comunicación del Gobierno venezolano” y sostuvo que, tal como lo avalan los tratados internacionales, “quedará bajo custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro Estado aceptable al gobierno venezolano para ejercer las funciones antes mencionadas”.
En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires agradeció al país sudamericano por su “compromiso y responsabilidad” en lo que respecta a “velar por la custodia de los inmuebles argentinos en dicho país”, así como el bienestar de los perseguidos. También, advirtió que “cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional”.
“Acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano”, cerró el escrito.
Este sábado, tras una noche de asedio a las afueras de la ex sede diplomática, el régimen venezolano suspendió el permiso otorgado a Brasil para que resguarde la integridad del establecimiento y de los seis asilados en él, justificando que “se ve obligado” a hacerlo “motivado por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio” contra Maduro y la vicepresidente ejecutiva del chavismo, Delcy Rodríguez, “por parte de los venezolanos que permanecen dentro de ella”.