Con datos de más de 25 organizaciones no gubernamentales, las ONG de Venezuela denunciaron la crisis postelectoral y de Derechos Humanos en el país tras el fraude perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio.
Aunque la toma datos correspondió a la labor de más de 25 ONG, el informe fue suscrito bajo el nombre genérico “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” debido a la “situación de grave represión y persecución”, indicaron sus autores.
Luego de la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia del país, “las organizaciones están extremando sus medidas de precaución y, por ese motivo, no habrá vocería pública del informe ni tampoco el reconocimiento de los que participaron en su elaboración. Sin embargo, en el cuerpo del documento, la mayoría de las fuentes de información están identificadas”, aclararon.
El reporte incluyó patrones de violaciones a derechos humanos ocurridos antes, durante y después de la jornada electoral del pasado 28 de julio y concluyó que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela:
- Se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma;
- Que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como “terrorismo de Estado”;
- Que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21,7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos.
Finalmente, aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como “libre” y “justo”, destacaron los autores.
Antes de las elecciones
Sobre las situaciones documentadas y reflejadas en el informe se encuentra que, antes del 28 de julio, durante los primeros meses del año, 25 personas fueron detenidas por informar, 58 sitios web y portales habían sido bloqueados para su libre acceso y se procesaron 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión.
Durante el primer semestre se registraron 2.383 protestas, de las cuales las exigencias por Derechos Económicos, Sociales y Culturales representaban el 56 por ciento. Sólo durante el mes de julio habrían ocurrido 1.311 movilizaciones, de las cuales el 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos.
Además, durante los primeros siete meses del año, por lo menos 169 personas habían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas, siendo uno de los casos el de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel.
En tanto, 49 personas habrían sido detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo.
Como caso emblemático durante este lapso, se encuentra la violación del derecho al asilo de las seis personas refugiadas en la sede de la embajada de Argentina en Caracas.
Durante la jornada electoral
Durante la jornada del 28 de julio, las organizaciones de observación ciudadana registraron entre 53,8% y 65,9% de incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación. No obstante, el 35% de los electores esperó menos de una hora para sufragar, mientras que el 30,4% esperó entre una y dos horas. En el 70% de los centros electorales se encontraban puntos proselitistas, mientras que entre el 33% y el 22% de los centros se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores.
Hasta las 18:00, la actuación de los funcionarios del “Plan República” se puede calificar como “institucional”, indicó el informe. Sin embargo, a partir de esa hora recibieron órdenes de sus superiores para impedir la presencia de testigos y la verificación ciudadana.
Entre el 44 y el 24% de los centros se permitió la presencia de testigos en los actos de escrutinio. En el 30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos.
El reporte destacó que ese día ocurrieron 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información, mientras que por lo menos hubo 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo, en 17 estados diferentes, con un saldo de ocho personas heridas de bala y una asesinada.
“Estos ataques no sólo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades”, denunció el reporte.
En tanto, las irregularidades vinculadas a la difusión de los supuestos resultados fueron recogidas en los reportes preliminares del Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas, los dos más altos entes con capacidad técnica invitados por las autoridades para realizar observación electoral durante los comicios, recordaron.
Después del 28 de julio
Luego de la jornada electoral, la movilización en reacción al desconocimiento de la voluntad popular fue abordada por el gobierno mediante una combinación de métodos “duros” y “blandos”, como había diagnosticado la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en un informe previo sobre la situación del país.
“Para neutralizar a corto plazo las protestas, las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones”, recogió el informe. Además, se determinó una cuota de personas a detener, de más de 2.000 ciudadanos, para generar un “efecto inhibitorio”, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios.
Estos mecanismos “duros” -indicó el reporte- fueron, luego del 31 de agosto, complementados con mecanismos “blandos”, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales.
“Nicolás Maduro ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, divulgadas públicamente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados”, remarcó el escrito.
A su vez, recordó que, hasta el 29 de agosto, había 1.590 detenidos confirmados por las ONG, 86,1% hombres y 13,9% mujeres. En los patrones vinculados a las detenciones hubo desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, y privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como “colectivos”.
El reporte incluyó un apartado especial dedicado a un estado del interior del país, Yaracuy, para visibilizar la situación de vulneración de derechos fundamentales fuera de la región capital, que usualmente es la que recibe mayor atención.
Recomendaciones
El informe brindó una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional. Estas son:
- Mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas;
- Incrementar las medidas de reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos;
- Tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio según la Declaración de Cartagena;
- Que los Estados parte del Estatuto de Roma incidan en la Corte Penal Internacional para que las situaciones denunciadas se incluyan dentro del expediente de la investigación, así como iniciar procesos de justicia universal en sus jurisdicciones;
- Que se mantenga el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE (Consejo Nacional Electoral) hasta que no exista una divulgación detallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independientes;
- La revisión regional de la Carta Democrática Interamericana y la creación de nuevos y novedosos mecanismos para la incidencia multilateral sobre quiebres institucionales en el continente;
- La inclusión del tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025;
- Que las organizaciones sociales y ONG regionales desarrollen iniciativas de “Nombrar y avergonzar” a los violadores de DDHH de Venezuela, así como experiencias de solidaridad con las organizaciones nacionales que trabajan sobre el terreno en condiciones de mayor restricción; y
- Que la comunidad internacional reconozca como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.