El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró este lunes que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, aprobada por el Parlamento, es un “peligroso instrumento de censura”.
“Rechazamos la aprobación de la Ley de Fiscalización de las ONG, peligroso instrumento de censura y arbitrariedad que atenta contra los derechos humanos y obstaculiza el camino que nos hemos trazado a una transición democrática”, dijo el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en un mensaje publicado en X.
El jueves, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó la ley que prevé la disolución judicial de las ONG que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.
Entretanto, la ONG Provea sostuvo que la aprobación de este texto legaliza la “persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en tiempos oscuros para la historia del país”.
El pasado 13 de agosto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió al régimen de Venezuela que rechace esta legislación, así como un proyecto para regular las redes sociales, por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”, solicitó Türk.
Amnistía Internacional, a través de la directora para las Américas, Ana Piquer, ha denunciado que esta norma “viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del Gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los Derechos Humanos en Venezuela”.
“La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas”, ha manifestado.
Piquer ha sostenido que “es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del Gobierno”.
AI ha subrayado que “en la presente crisis postelectoral, las organizaciones de Derechos Humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al Gobierno de Nicolás Maduro”.
“La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país”, ha concluido.
(Con información de EFE y EP)