La ONU denunció detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y el “clima de miedo” en Venezuela tras el fraude electoral de Maduro

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su profunda preocupación por el elevado número de “detenciones arbitrarias” en Venezuela y el “uso desproporcionado” de la fuerza que “alimentan el clima de miedo” desde las elecciones presidenciales.

“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación”, afirmó Volker Türk en un comunicado.

Turk expresó puntualmente su “profunda preocupación” por la actual crisis, después de que las cifras oficiales hablen ya de más de 2.400 detenciones en el último medio mes. Entre los arrestados, como recuerda la ONU, están personas vinculadas a la oposición, que ha denunciado un fraude electoral.

Naciones Unidas señaló que algunos casos pueden equivaler incluso a desapariciones forzosas y lamentó que a algunos detenidos no se les haya dado la posibilidad de elegir abogado o contactar con sus familias. Turk reclamó garantías judiciales, así como la “liberación inmediata” de cualquier persona que haya sido detenida de manera arbitraria.

Por otra parte, llamó a erradicar el “desproporcionado” uso de la fuerza, algo que ha atribuido no sólo a los organismos oficiales al servicio del régimen de Nicolás Maduro sino también a individuos armados que simpatizan con la administración chavista.

Asimismo, denunció acciones violentas contra funcionarios públicos e instituciones y ha incidido en que “la violencia nunca es la respuesta”, según la nota difundida por su oficina.

“Todas las muertes en el contexto de las protestas deben investigarse y sus responsables han de rendir cuentas”, subrayó.

A la lista de preocupaciones del Alto Comisionado se suma la posible adopción de una ley que criminalice a las ONG u otra destinada supuestamente a perseguir alusiones fascistas, ya que teme que puedan servir en última instancia para “minar el espacio cívico y democrático” en el país sudamericano.

Turk ha señalado que la comunidad internacional “tiene un papel fundamental” y es el de promover un diálogo centrado en cuestiones de Derechos Humanos. “Como siempre, mi oficina está dispuesta a colaborar”, acotó.

La Misión de Determinación de los Hechos, que depende de las Naciones Unidas, publicó este lunes un comunicado sobre la creciente tensión y represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. La organización ha instado al régimen chavista a detener de inmediato las violaciones a los derechos humanos que han sacudido al país en las últimas semanas y a investigar a fondo los hechos.

Las semanas posteriores a las elecciones han estado marcadas por protestas tanto en las calles como en redes sociales, a lo que el Estado ha respondido con una feroz represión dirigida por las más altas autoridades. La Misión ha documentado 23 muertes ocurridas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría por disparos de armas de fuego en el contexto de las manifestaciones. De estas víctimas, 18 eran hombres menores de 30 años, lo que generó un clima de temor generalizado en la población.

“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”.

La Misión ha señalado que, desde el 28 de julio, al menos 1.260 personas han sido detenidas, entre ellas 160 mujeres, aunque el Fiscal General de la República ha elevado esta cifra a 2.200, calificándolas indiscriminadamente como “terroristas”. Las detenciones se concentran principalmente en el Distrito Capital (18%), seguido por los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%).

Según la Misión, estas detenciones se caracterizan por graves violaciones al debido proceso, incluyendo audiencias telemáticas sumarias y la imputación de cargos penales desproporcionados como terrorismo, conspiración y delitos de odio. Además, se ha reportado la negación de información a los familiares de los detenidos y la imposibilidad de nombrar abogados de confianza, dejando a los detenidos en un estado de indefensión.

“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, expresó Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención”, agregó.

(Con información de AFP y Europa Press)