La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU exigió este viernes la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente en Venezuela desde finales de julio, cuando tuvieron lugar las elecciones presidenciales fraudulentas en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador.
En un video difundido en las últimas horas por Naciones Unidas, la portavoz del Alto Comisionado Volker Türk aseguró que se ha estado realizando un seguimiento “muy de cerca” a los recientes acontecimientos en el país centroamericano, y dijo que despertó gran “preocupación” en los especialistas, sobre todo por el aumento de los casos de detenciones injustificadas de miembros de la sociedad civil.
“Todos tienen derecho a protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo, incluido lo relacionado al proceso electoral que ha tenido lugar”, sostuvo Liz Throssell antes de exigir al régimen, en nombre de Türk, que “liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente de inmediato y pongan fin a esta práctica” represiva y violenta.
La funcionaria de la ONU advirtió, también, que entre estas personas hay decenas de niños, adolescentes, periodistas, miembros de partidos políticos y defensores de derechos humanos, lo que vuelve la situación aún más preocupante.
Previamente, este jueves, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, había mantenido una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la que manifestó su preocupación “por la seguridad y el bienestar de los líderes de la oposición tras las elecciones” y condenó “la violencia política, la represión, las detenciones indiscriminadas y la violación del debido proceso”.
El último balance difundido por la ONG Foro Penal, que se encarga de monitorear las detenciones en Venezuela, expuso que ya son 1.263 los arrestados arbitrariamente, de los cuales 114 son jóvenes, 5 son indígenas y 16 presentan algún tipo de discapacidad. Además, ya se registraron al menos 11 muertos.
Estas personas se encuentran, en su mayoría, incomunicadas y se les niega el acceso a la legítima defensa, siendo obligados a aceptar un Defensor del Estado -chavista- en el marco de un proceso de audiencias completamente irregulares. Los delitos de los que se los acusan incluyen la instigación al odio, el terrorismo, la traición a la patria, la asociación para delinquir, la obstrucción de la vía pública y la resistencia a la autoridad.
Inclusive, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) publicó un video en sus redes sociales en el que mostraba cómo secuestraba a la jefa del Comando Con Venezuela de Portuguesa, María Oropeza, en la que bautizó como “Operación Tun Tun”. El aparato oficialista tomó las imágenes y les agregó música de Freddy Krueger con el objetivo de burlarse de la mujer e infundir miedo en la población.
La opositora había transmitido en vivo el momento de su detención en redes sociales y advertía que los chavistas no tenían “ninguna orden de allanamiento” y que “están destruyendo la puerta”. “Yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. A mí siempre me acompañan Dios y la Virgen”, decía.
A este escenario, se sumó, la víspera, la imputación de cuatro periodistas en el país por el delito de “terrorismo”, luego de haber sido detenidos en estas protestas. Todos ellos son profesionales venezolanos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa difundió un comunicado en el que alertó sobre el “uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo” por parte del régimen, mientras que el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) sumó “documentación alarmante” sobre al menos 79 casos de violaciones a la libertad de prensa en Venezuela, ocurridas desde el 29 de julio.
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