González Urrutia no acudió a una citación del Tribunal Supremo de Venezuela y la dictadura chavista lo declaró en “desacato”

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia -candidato presidencial en las elecciones del pasado 28 de julio- no acudió este miércoles a la citación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre un proceso solicitado por Nicolás Maduro para que realice un peritaje de los resultados de los comicios.

Representantes de los tres partidos que lo postularon, sin embargo, sí atendieron la citación y exigieron la publicación de los resultados oficiales aún pendientes, como dicta la ley. La audiencia tendrá varias sesiones hasta el viernes por la tarde, cuando fue citado Maduro.

“Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondré en riesgo no sólo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio” en las elecciones, indicó González Urrutia en un comunicado divulgado en las redes sociales.

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, respondió que González Urrutia desacató una citación que le formuló, pero se abstuvo de anunciar alguna medida judicial sobre el ex diplomático de 74 años.

Rodríguez dijo que “se deja constancia que el ciudadano Edmundo González Urrutia no ha acudido ante la citación” cuando había pasado más de una hora del momento en que debía presentarse. “Que conste en acta su incomparecencia y que no acata la citación”, remarcó. Maduro ya había dicho que cualquiera que no respondiera a la citación podría caer en desacato.

González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado —quien se erigió como el motor de su candidatura tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicas justo después de anunciar su intención de participar en los comicios— se mantienen a resguardo desde la semana pasada. Mientras el ex embajador no ha sido visto en público desde entonces, el sábado Machado se sumó a una manifestación en Caracas para apoyar a González Urrutia, que asegura que ganó la elección.

Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato de seis años y fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) —un organismo colegiado de mayoría oficialista— sin que el detalle de los votos estuviera públicamente disponible, ha dicho que está dispuesto a mostrar la totalidad de las actas de escrutinio. La oposición, en tanto, afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González ganó.

González Urrutia, candidato presidencial de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, figuraba entre los primeros en la lista para acudir el miércoles al máximo tribunal entre otros dirigentes opositores.

“La Sala Electoral no puede usurpar las funciones del Poder Electoral y ‘certificar’ unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la constitución y la ley”, insistió el ex diplomático.

No está claro si González podría enfrentar consecuencias legales por su decisión de no presentarse a la audiencia.

La jueza Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, advirtió el lunes en una audiencia televisada que la no comparecencia ante esa instancia legal acarreará consecuencias correspondientes previstas en la ley, sin dar detalles.

Los representantes de los tres partidos que postularon a González como candidato unitario Manuel Rosales, José Luis Cartaya y José Simón Calzadilla, atendieron la citación del Tribunal.

“Enfrentamos por separado un exhaustivo interrogatorio” sobre el proceso electoral, dijo a la prensa Rosales, gobernador del estado Zulia, resaltando que acudió personalmente, mientras González Urrutia hizo uso de la “vía epistolar”.

“Todos nosotros estamos reclamando respeto al voto... y los resultados electorales”, agregó Rosales.

Por su parte, Calzadilla comentó: “Salimos de este alto tribunal con más dudas que cuando llegamos y no se nos aclaró qué estábamos haciendo ni en qué consistía esta interpelación por parte de los magistrados”.

Catalogó como “irregular” el proceso y afirmó que las instituciones deben “ponerse al servicio de la transparencia y exigirle al CNE que acate las disposiciones de la ley electoral, que indican que en “un plazo de 48 horas debería concluir el proceso de totalización (de los votos) con la debida tabulación mesa por mesa”.

El anuncio de que el Tribunal Supremo —donde predominan juristas vistos como aliados del gobierno y ex legisladores oficialistas— realizaría una auditoría de los comicios inmediatamente generó críticas.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch también han denunciado la falta de independencia judicial en Venezuela.

Tres días después de los comicios, Maduro pidió al máximo tribunal que realizara el “peritaje de los resultados” y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del CNE el día de la votación.

A la par de las acusaciones de fraude en Venezuela, la presión internacional para que el régimen venezolano y el organismo electoral, controlado por el gobierno, transparente los resultados se ha acrecentado.

Varios líderes de la región, incluidos sus aliados el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, han instado a que se publique el desglose completo de los resultados electorales.

Los críticos del mandatario, entre ellos Machado, han dicho que en lugar de acudir al Tribunal Supremo lo que correspondía era exigir “transparencia” al CNE en la difusión de los datos completos de la votación, mesa por mesa.

Por su parte, el fiscal general del régimen chavista Tarek William Saab informó el lunes que se abrió un proceso penal contra González Urrutia y Machado por su “abierta incitación” a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes, de acuerdo con la Fiscalía.

Desde la semana pasada Maduro y sus aliados han exigido que se aplique la justicia a los dos opositores a los que acusaron de promover las protestas ocurridas en distintas regiones luego de que el organismo electoral proclamó la reelección del mandatario.

El Ministerio Público informó de la decisión luego de que Machado y González Urrutia urgieron a los militares a “impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones”.

(Con información de AP y Reuters)