María Corina Machado le respondió a Gustavo Petro tras sus opiniones sobre el fraude: “El pueblo de Venezuela ya decidió”

El mandatario de Colombia dijo que “ningún gobierno extranjero debe decidir quién es el presidente de Venezuela” y la líder opositora lo invitó a constatar las actas a través de la página web que publicó el arco contrario al chavismo

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La líder opositora venezolana María Corina Machado junto al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia (EFE/Ronald Peña R.)
La líder opositora venezolana María Corina Machado junto al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia (EFE/Ronald Peña R.)

La líder opositora venezolana María Corina Machado le respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien este jueves había afirmado a través de su cuenta en X que “no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela”.

“No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos”, manifestó Petro este jueves temprano.

El intercambio entre Machado y Petro en X
El intercambio entre Machado y Petro en X

Ante ello, Machado le respondió en misma red social. “Así es, señor Presidente Petro, y el pueblo de Venezuela ya decidió. Hoy, esto lo sabemos todos los venezolanos y el mundo entero, y puede constatarse acta de votación, por acta de votación aquí: https://resultadosconvzla.com”.

La referente de la oposición de Venezuela le compartió el enlace donde se pueden consultar los resultados de los comicios del pasado domingo en su país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro (EFE/Miguel Gutiérrez)
El presidente colombiano, Gustavo Petro (EFE/Miguel Gutiérrez)

Este intercambio se produjo luego de que el estadounidense Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, tomara la palabra en representación de su país durante la sesión de urgencia convocada por la OEA y asegurara que “Edmundo González Urrutia recibió millones de votos más que Nicolás Maduro”.

Respaldando los números difundidos por la oposición con base en las actas de las elecciones, que el oficialismo se niega a entregar, el funcionario sentenció que “Maduro y sus representantes deben reconocer los resultados reales de las elecciones que implementaron y en las que participaron”.

“Dada la abrumadora evidencia obtenida por pruebas documentadas de millones de votos emitidos, Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Dadas las claras evidencias, los gobiernos del mundo también deberían reconocer la contundente victoria electoral de Edmundo González”, insistió.

Brian Nichols (EFE/Bienvenido Velasco)
Brian Nichols (EFE/Bienvenido Velasco)

En otro orden, las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights publicaron un comunicado conjunto en el que condenaron las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y le exigieron garantizar el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.

“En el marco de las protestas en el contexto post-electoral en Venezuela y ante el uso desproporcionado de la fuerza que se ha documentado por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, las organizaciones firmantes exigimos respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, comenzó el texto firmado en conjunto por las ocho ONGs.

Y siguió: “Las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional. El Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica internacional invitada y acreditadas por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró que ‘la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática’”.

Luego, las organizaciones enfatizaron en que “las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Asimismo, las autoridades deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil”. El dictador Nicolás Maduro, días antes de los comicios, había hablando de un “baño de sangre” si él no vencía.

Represión en Venezuela tras las elecciones del domingo pasado (Amnistía Internacional)
Represión en Venezuela tras las elecciones del domingo pasado (Amnistía Internacional)

En ese sentido, las ONGs firmantes recordaron que, tras la celebración de los comicios y hasta la publicación del presente comunicado, “organizaciones nacionales han registrado al menos 11 personas fallecidas y han identificado el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad y posible fuerza pública. Las organizaciones firmantes condenan el uso de este armamento y recuerdan que en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones. Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida”, exigieron.

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