El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia manifestó este miércoles a través de su cuenta en la red social X que la comunidad internacional y los venezolanos piden “respeto a los resultados” de los comicios del domingo pasado en su país.
“Agradecemos a la ONU, OEA, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, requiriendo la publicación por mesas de las actas de votación por parte del CNE, tal como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico y el comunicado publicado por el Centro Carter, observador internacional invitado por el CNE”, expresó el aspirante.
Y siguió: “La comunidad internacional y los venezolanos pedimos respeto a los resultados y transparencia electoral con la publicación de todas las actas. La verdad es el camino a la paz”.
El mencionado Centro Carter emitió un comunicado detallando las numerosas infracciones y deficiencias observadas durante las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024, subrayando que “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
Además, enfatizó que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
El comunicado denuncia que la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una “grave violación de los principios electorales”.
El proceso se desarrolló en un “ambiente de libertades restringidas” afectando negativamente a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. De acuerdo a estos observadores, las autoridades del CNE mostraron una “parcialidad a favor del oficialismo” y en detrimento de las candidaturas opositoras.
Entre los problemas específicos enumerados por el Centro Carter, se destaca la actualización del registro de electores que se realizó con “numerosos inconvenientes” tales como plazos muy cortos y una escasa información pública. Además, la situación se agravó para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron “barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.
En cuanto a la campaña electoral, el desequilibrio a favor del gobierno fue notable. La candidatura oficialista disponía de recursos “muy amplios”, resultando en una gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos y la movilización de funcionarios para la campaña. Aparte, hubo un predominio de la candidatura gubernamental en medios de comunicación, tanto en publicidad como en la cobertura noticiosa.
Pese al contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. En relación con esto, el Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” reportados en algunas localidades.
El comunicado también subrayó que el registro de partidos y candidatos no cumplió con los estándares internacionales.
En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido “intervenciones judiciales” que afectaron a sus líderes social y políticamente más reconocidos, beneficiando a personas afines al gobierno e influenciando la conformación de sus candidaturas. Se recalcó que la inscripción de las principales fuerzas de oposición se encontró sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales, quienes “adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”.