La última jugada de Nicolás Maduro, el chofer que pasó de “hijo de Chávez” a dictador de un régimen deshilachado

Desencadenó una crisis humanitaria histórica con millones de exiliados, profundizó un modelo que causó un récord de hiperinflación y el derrumbe del PBI, acumuló denuncias por corrupción, persiguió, encarceló y torturó a la disidencia y tiene un pedido de captura de Estados Unidos por narcoterrorismo. Con ese legajo, se entiende que se aferre al poder como si no hubiera mañana y que tras 11 años en el Palacio Miraflores y aún con las cifras de popularidad por el piso, vaya este domingo por una nueva reelección.

Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, hijo de Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros; es padre de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien forma parte de su gobierno, y está casado con Cilia Flores, otra líder histórica del chavismo que devino en “primera combatiente”

Los primeros acercamientos de Maduro con la política se dieron en la década de 1970, cuando se sumó a la Liga Socialista, una agrupación de línea marxista-leninista-maoista que funcionaba como la fachada legal de la Organización de Revolucionarios, también ligada a la izquierda subversiva venezolana de los años sesenta.

Dio sus primeros pasos profesionales en el Metrobús de la capital, donde se desempeñó como conductor. Maduro no cursó ningún estudio superior y, en su lugar, se dedicó a encabezar las luchas gremiales del sector, llegando inclusive a organizar y liderar el Sindicato de los Trabajadores del Metro de Caracas (SITRAMECA).

Tras años de militancia gremial, en 1992 se involucró en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), fundado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Desde este primer acercamiento, Maduro se volvió cada vez más cercano al militar, convirtiéndose incluso en una de las principales voces que reclamó por su libertad tras el intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

Ante la popularidad que estaba ganando su figura y la tensión que el caso había generado en la sociedad, Chávez finalmente fue excarcelado en 1994 y tres años más tarde, en 1997, convocó a Maduro para fundar el partido de izquierda Movimiento Quinta República (MVR). Por medio de éste, se presentó a las elecciones presidenciales que lo llevaron al poder en 1999.

Una vez en el Palacio de Miraflores, Chávez eligió a Maduro para conformar la Asamblea que redactaría una nueva constitución que diera inicio a esa V República de Venezuela, cuyos principios serían la Revolución Bolivariana y el Socialismo del Siglo XXI.

Éste fue el inicio de una carrera política que ni el propio ex sindicalista podría haberse imaginado. Su acercamiento con el Presidente siguió in crescendo, con nuevos cargos en el gobierno. De a poco, Maduro pasó a ser una de las figuras irremplazables en la primera fila de los actos chavistas.

En 2000, asumió como diputado por el Distrito Federal en el Parlamento. En 2005 llegó a la Presidencia de la Asamblea Nacional y en agosto de 2006 se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ejerció por seis años.

Durante ese tiempo, se encargó de tomar una distancia cada vez mayor de Washington, al tiempo que consolidaba la alianza con La Habana y Teherán, al día de hoy, de los pocos sostenes internacional que le quedan al régimen.

Tras la reelección de Chávez en 2012, Maduro dejó el Ministerio para asumir la vicepresidencia de Venezuela, en un momento en el que el líder ya batallaba con el cáncer. El 9 de diciembre de ese año, luego de su cuarta intervención quirúrgica y tras ganar la elección presidencial en el mes de octubre, Chávez pidió apoyar a su vicepresidente como su sucesor.

“Mi opinión firme, clara como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. Les pido esto de corazón. Él es uno de los líderes jóvenes con mayor capacidad para continuar si yo no puedo”, sentenció Chávez en un discurso que es recordado como la despedida velada del entonces mandatario ante el agravamiento de su enfermedad.

El 5 de marzo de 2013 se conoció la muerte de Chávez y tres días más tarde Maduro asumió como presidente interino de Venezuela. Su ascenso al Ejecutivo no estuvo libre de polémica ya que surgió una controversia interpretativa sobre el Artículo 233 de la Constitución que especificaba que el puesto debía ser ocupado por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Sin embargo, gracias al apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, se desestimó esta objeción y el ex sindicalista se hizo con el lugar. Desde allí, inició su campaña para las elecciones anticipadas que se celebraron en abril, en las que se promocionó como “el hijo de Chávez”, en un intento por manifestar su compromiso con la continuidad de los proyectos del “socialismo del siglo XXI”.

El 14 de abril de 2013 se proclamó vencedor ante Henrique Capriles por menos de dos puntos porcntuales, en unos todavía sospechados comicios, y asumió formalmente la presidencia del país por los siguientes seis años. Ya en ese momento, surgieron fuertes denuncias de la comunidad internacional y de un amplio sector de la ciudadanía que salió a las calles a clamar fraude, mientras su sustento principal comenzaban a ser los militares.

Si ya con Chávez se habían acrecentado los rasgos autoritarios del régimen, con Maduro comenzaron a borrase rápidamente los últimos vestigios de una república democrática. La persecución y encarcelamiento de dirigentes opositores se intensificó, mientras miles de venezolanos huían a dirio al exilio.

También, cargó contra los estudiantes, que sufrieron en primera persona el aparato opresor de la dictadura. En febrero de 2014 surgió una ola de protestas lideradas por el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; la esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori; y la entonces diputada María Corina Machado, de las que participaron alumnos y ciudadanos. Sin embargo, bajo el argumento de intento de golpe de Estado, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente estas manifestaciones y dejaron al menos 41 muertos en tan solo dos meses.

Con el avance del tiempo, los problemas se agudizaron: el precio internacional del petróleo bajó significativamente, la persecución se intensificó y el descontento de la gente solo fue más evidente. Así, para sorpresa de pocos, en 2015 el chavismo sufrió la mayor derrota electoral de su historia al perder la mayoría en el Parlamento.

Maduro no pudo aceptar tal fracaso y ordenó al Tribunal Supremo de Justicia suspender temporalmente el triunfo de tres diputados opositores del estado Amazonas, en un intento por impedir el control del bando antichavista en la Asamblea. La orden, sin embargo, no fue acatada por los legisladores, que juraron igual ante el pleno.

Fue por ello que, al constituirse formalmente el órgano, en enero de 2016, el TSJ lo declaró en desacato y estableció que todos sus actos serían nulos en tanto no se retiren los diputados investigados.

Comprendiendo la gravedad de la situación, la oposición se organizó y en abril inició una recolección de firmas para lanzar un proceso contra el dictador e intentar destituirlo. En total, consiguió 1.8 millones de adherentes, mucho más de lo requerido por las leyes.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral bloqueó el proyecto al demorar el recuento y la verificación de las firmas y le consiguió una ventana de tiempo al régimen para anunciar, el 13 de mayo, el “estado de emergencia constitucional”. Éste se sumaba al de “emergencia económica” impuesto en enero -impulsado por la escasez de divisas en el territorio- y buscaba contrarrestar las “agresiones externas y extranjeras contra nuestro país”, que vinculaba con las manifestaciones e intentos de destitución de la oposición.

Maduro llegó a declarar que lo trataron de “matar más de cien veces”, relacionando su historial de supervivencia ante supuestos atentados a la tarea divina que Dios le encomendó como mandatario.

En marzo de 2017, Maduro aumentó su poder al atribuirle al TSJ las funciones de la Asamblea Nacional. Esta decisión generó una ola de manifestaciones a nivel nacional que se extendió durante todo el año y dejó, según el Observatorio Venezolano de Violencia, más de 150 muertos, miles de heridos y detenidos, y 5.930 denuncias por impactos con proyectiles de gases lacrimógenos, disparos a quemarropa, el uso de armas de fuego y asfixias, todo consecuencia del desmedido accionar de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, Human Rights Watch contabilizó al menos 314 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en un período de seis meses, aquel año, en 13 estados del país, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que, entonces, existió “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población, a fin de frenar las manifestaciones”.

En este contexto de revuelo, Maduro -lejos de ceder- insistió en su autoritarismo y firmó un decreto para modificar la Constitución Nacional y crear una Asamblea Nacional Constituyente, que quedó conformada por funcionarios oficialistas y operó hasta el 18 de diciembre de 2020, cuando fue disuelta.

Este nuevo organismo, que pasó a funcionar como una Asamblea Legislativa paralela, suscitó una nueva la condena de la comunidad internacional, que decidió no reconocerla por haber resultado de un proceso fraudulento y hacerse con las atribuciones del Poder Legislativo. Estados Unidos, por su parte, emitió una ronda de sanciones sobre los activos de Maduro en el país y prohibió a sus ciudadanos hacer negocios con él por considerar que con sus acciones buscaba “imponer un régimen autoritario al pueblo de Venezuela”.

La oposición denunció un “golpe de Estado” y continuó protestando en las calles, a pesar de la represión. En julio lanzó una consulta popular en la que más de 7 millones de venezolanos rechazaron el decreto que modificaba la Constitución, aunque sus esfuerzos no pudieron con el poder del régimen y el 4 de agosto se instaló formalmente la ANC.

Las manifestaciones siguieron todo el año año, impulsadas también por la crisis económica. “Estamos protestando por todo, por la salud, por la comida, porque no hay transporte, no hay seguridad social... todo lo que el ser humano necesita para vivir en un país normal”, dijo un venezolano durante una marcha mientras otra mujer a su lado insistía: “El pueblo está demasiado callado, el pueblo ha aguantado demasiado hambre, ha aguantado desidia, las enfermedades...”.

Sin embargo, la llegada del 2018 dio a la oposición la esperanza de poder librarse del régimen, aunque con pocas chances reales de hacerlo dado el amplio control de la dictadura sobre todo el aparato electoral. A principios de año, Maduro anunció que buscaría la reelección, mientras que entre la disidencia se evidenciaba un gran vacío dado que los principales líderes no podían presentarse, ya sea por estar detenidos arbitrariamente, inhabilitados o exiliados por la intensa persecución.

Uno de los nombres de mayor peso que quedó fuera de la carrera por la presidencia fue el de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, quien se encontraba bajo arresto domiciliario tras haber pasado tres años y medio en reclusión en la cárcel de Ramo Verde. A éste se sumaron Antonio Ledezma, quien había huido a Colombia; Henrique Capriles, inhabilitado por la Contraloría General de la República; y Freddy Guevara, sucesor de López en Voluntad Popular.

A raíz de ese escenario, la Mesa de Unidad Democrática decidió no participar en el proceso electoral y otros tantos actores de la sociedad denunciaron la falta de legitimidad del evento. Javier Bertucci, Reinaldo Quijada y Henri Falcón fueron, finalmente, quienes se inscribieron ante las autoridades electorales, con éste último -ex gobernador del estado de Lara y uno de los fundadores del Movimiento V República, junto a Chávez y Maduro- posicionándose como el principal “opositor” del Presidente en los comicios.

El 20 de mayo se celebraron las elecciones, con una participación de apenas el 46 por ciento, y en un proceso mucho más cuestionado que el de 2013, que dejó al descubierto, una vez más, la faceta antidemocrática del chavismo. Según los recuentos del CNE, Maduro sacó el 67,84% de los votos -es decir 6.248.864 apoyos- frente al 20.93 por ciento -1.927.958 respaldos- de Falcon. En tanto, Bertucci obtuvo el 10,82% y Quijada el 0,39 por ciento.

“Ahora mismo soy un presidente y un ser humano mejor preparado. Confiaron en mí y responderé”, pronunció Maduro al atribuirse el nuevo mandato y denunciar la “presión feroz” del Gobierno de Donald Trump por “intentar manchar las elecciones”, mientras las calles se llenaban de personas con banderas y carteles, al grito de lemas opositores, una postal ya habitual en el país.

Las cifras fueron inmediatamente denunciadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros tantos países que repudiaron el fraude y el autoritarismo. Se trató de un proceso “ficticio” que “no cambia nada”, dijo el entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

El 25 de septiembre el Departamento del Tesoro lanzó una nueva ronda de sanciones, esta vez contra Cilia Flores y el círculo íntimo del chavismo, a las que Maduro respondió al día siguiente, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. Allí, señaló que la crisis humanitaria en Venezuela era una “fabricación” impulsada por países de la región, que buscaban entrometerse en sus cuestiones internas.

Meses más tarde, el Departamento de Justicia de Washington sumó cargos por narcoterrorismo contra Maduro y sus funcionarios, alegando su liderazgo en el Cártel de los Soles y su coordinación con el grupo rebelde colombiano FARC, por medio del cual ingresaban miles de kilos de cocaína en Estados Unidos.

El 10 de enero de 2019 comenzó formalmente el segundo período presidencial consecutivo de Maduro, en medio de denuncias de la oposición por haber acabado con el Estado de Derecho al hacerse con el control de todas las instituciones y de impedir la libertad de expresión, entre otras cuestiones.

Ese mismo día, también, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que declaró como ilegítima la presidencia de Maduro. Por su parte, decenas de países acompañaron al opositor Juan Guaidó quien, el 23 de enero, se declaró presidente interino del país.

El 30 de abril, en un intento por darle mayor fortaleza a su proyecto y tratando de poner fin a la dictadura, Guaidó y López llamaron a la gente a movilizarse en las calles y dirigieron un alzamiento militar en las afueras de la base aérea La Carlota, en Caracas, aunque dado que Maduro conservaba el respaldo de una amplia mayoría de las Fuerzas Armadas, la iniciativa acabó frustrándose ese mismo día.

No obstante, el régimen se enfrentó a un nuevo problema en los meses siguientes. A mediados de año, la ONU publicó un informe en el que hacía lugar a las denuncias de opositores durante los últimos seis años y confirmaba los “patrones de violaciones, que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos” de los detenidos políticos y las torturas que sufrían en las cárceles.

En noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional sumó sus esfuerzos e inició una investigación por crímenes de lesa humanidad por parte de los cuerpos de seguridad contra los disidentes en las protestas antigubernamentales, desde 2014. Poco menos de un año después, Naciones Unidas actualizó su informe y añadió evidencia de crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela bajo las órdenes de Maduro y otros funcionarios de alto nivel.

Desde el Palacio de Miraflores se distanciaron de estas denuncias y las catalogaron -hasta la fecha- como intentos de impedir la gobernanza. También se ordenó la expulsión de las Misiones del organismo en el país, en señal de descontento por sus declaraciones.

Los problemas para Maduro, sin embargo, no se limitaron al exterior; poco a poco, sus propias prácticas autoritarias y corruptas comenzaron a florecer dentro de su círculo. El 18 de marzo de 2023, el dictador lanzó una de las purgas en su gabinete más importantes hasta la fecha al ordenar a la Policía Nacional Anticorrupción detener a algunos funcionarios acusados de hechos de corrupción en la estatal PDVSA.

En medio de esta cruzada y de forma sorpresiva, Tareck El Aissami, quien supo ser muy cercano al Palacio de Miraflores, incluso en los tiempos de Hugo Chávez, renunció como ministro de Petróleo. “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, dijo entonces.

El zar petrolero estuvo desaparecido casi un año hasta que el 9 de abril de 2024 fue detenido y acusado a finales de ese mes de “conspirar” con la oposición y Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro, así como de ser el “jefe” de una “mafia corrupta”.

Mientras las autoridades de Caracas estaban concentradas en perseguir a los ‘ladrones que roban a ladrones’ e intensificar su relación con Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Vladimir Putin y el régimen persa, la oposición decidió nuevamente unir fuerzas para intentar evitar una continuidad en el poder de la dictadura chavista.

En octubre de 2023 una delegación designada por el dictador de Caracas viajó a Barbados para firmar un acuerdo con la oposición que se convirtió en la base para la celebración de estos comicios.

El Acuerdo de Barbados, suscrito el 17 de octubre por ambos bandos, estableció de forma parcial los lineamientos para la promoción de los derechos políticos y una serie de garantías electorales para todo el pueblo venezolano. Así, por ejemplo, el documento abordaba el respeto a la diversidad ideológica de los candidatos, la liberación de presos políticos, la habilitación de María Corina Machado para competir y la celebración de los comicios en la segunda mitad de 2024. A cambio del compromiso del régimen sobre estas cuestiones, Washington accedió a rebajar algunas de las sanciones que tenía vigentes sobre el petróleo y el oro.

El chavismo irrespetó casi todos los términos del pacto y cumplió a medias algunos otros, mientras la Casa Blanca seguía de cerca esta trama que, sumada a la negativa de Maduro de cesar la persecución contra los opositores, la censura y la liberación de presos políticos, decidió restablecer las sanciones y retomar sus pedidos por respeto a lo suscrito.

Es por ello que, con miras a las elecciones presidenciales previstas para 2024, ya en 2023 la disidencia organizó su propio proceso de votación interna para definir al candidato que embanderaría su causa y se enfrentaría a Maduro. A finales de junio, cada partido postuló a su candidato, entre los que resaltaba Machado, la opción más prometedora.

Cuando parecía que la cuestión comenzaba a tomar fuerza y surgía una leve esperanza en el pueblo, la Justicia chavista anunció una inhabilitación sobre la política por 15 años para el ejercicio de cargos públicos, basada en una supuesta investigación patrimonial de la cual no se conoce prácticamente nada.

Nuevamente, una jugada sucia del régimen para sabotear el proceso democrático desde sus cimientos.

Dado que la convocatoria a las primarias era independiente y no contaba con el apoyo logístico del CNE, Machado hizo caso omiso a la prohibición y compitió igual en los comicios. Como era de esperarse, su victoria fue arrasadora, con más del 93% de los votos.

El mundo, sin embargo, ya miraba con preocupación estos primeros cruces y, ante el temor de que siguieran aumentando de cara a las presidenciales, un grupo mediador -compuesto por Noruega, Rusia, México, Colombia, Brasil y los Países Bajos, entre otros- convocó al oficialismo y a la oposición a un encuentro en Barbados, donde se concretó la firma del Acuerdo que lleva el nombre de la isla.

Mientras el clima se volvía cada vez más tenso, Maduro buscó desviar la atención de la cuestión electoral y la llevó hacia un tema que sabía con confianza que podría unir al pueblo y realinear sus intereses con los propios: el Esequibo.

El dictador reavivó la disputa con Guyana sobre este territorio al convocar a un referéndum a finales de 2023, en el que aseguró que más del 95% del pueblo votó a favor de hacerse con el control del territorio y crear una provincia venezolana allí. A raíz de ello, elevó la retórica con Georgetown y movilizó a decenas de efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar su presencia allí, mientras daba inicio a una serie de jornadas de nacionalización a algunos de los vecinos indocumentados de la zona.

El presidente guyanés, Irfaan Ali, que mantuvo un encuentro con Maduro en San Vicente y las Granadinas accedió a resolver la disputa por medio de la paz y reclamó la mediación de un organismo internacional -como ya ocurrió en el pasado- a pesar de que el régimen se niegue a ello por saber que el fallo sería desfavorable a sus intereses.

En este contexto de convulsión, crisis, descontento social y denuncias internacionales, Maduro busca nuevamente la reelección este 28 de julio, en lo que sería ya su tercer mandato consecutivo al frente del país, y con el que superaría a Chávez al convertirse en el mandatario con el período presidencial más largo en la historia reciente de Venezuela.

Maduro aspira a seguir en el cargo a pesar de haber sido el responsable de la peor crisis económica en el país -con siete años de recesión, cuatro de hiperinflación y un PIB que se redujo un 80% entre 2012 y 2021- que se tradujo en una escasez generalizada de alimentos y medicinas, y que aniquiló el poder adquisitivo de los venezolanos.

La crisis económica y la devaluación del bolívar fue tal que, en 2019, el dólar se impuso como moneda de facto y miles de personas debieron emigrar en busca de mejores oportunidades. Busca seguir en el máximo cargo ejecutivo en medio de importantes denuncias por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción y detenciones a políticos que, según las ONG independientes, ya suman cerca de 300. Muchos de ellos son miembros o ex integrantes del sector militar mientras que otros tantos están vinculados a las actividades políticas.

La organización Foro Penal precisó la última semana que, desde el inicio formal de la campaña electoral, el régimen ya ha arrestado a 77 colaboradores y simpatizantes de la oposición, mientras que otros 120 llevan privados de su libertad por los mismos motivos, desde principios de año.

Las encuestas advierten que se expone a una derrota histórica este domingo. Pero su régimen ha demostrado una creatividad ilimitada para todo tipo de trampas que alteren la voluntad de los electores. El mundo sabrá este domingo si aún tiene un último truco para exhibir o este es el final del camino.