Cronología de los 25 años del chavismo en Venezuela: autoritarismo, corrupción, hecatombe económica y millones de exiliados

Este domingo Venezuela celebra elecciones presidenciales, entre la esperanza de algunos y el escepticismo de otros. Pese a las constantes amenazas que viene esbozando el chavismo, que podrían prever un nuevo fraude electoral, desde la oposición confían en terminar con la tiranía de Nicolás Maduro y restablecer el orden democrático en el país caribeño.

Bajo el liderazgo de María Corina Machado, pero la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, la oposición busca poner fin a 25 años de chavismo. Casi dos décadas y media en las que el régimen, primero con Hugo Chávez en el poder y luego con Nicolás Maduro, llevó al país a una crisis humanitaria y económica sólo comparable con las de naciones en guerra.

Esto, sumado a la brutal represión y persecución contra la oposición venezolana y la sociedad civil, y a los nexos que forjó la dictadura con el terrorismo internacional y el narcotráfico.

A continuación, una cronología de los 25 años en los que el chavismo dejó un legado de colapso económico, autoritarismo, violencia y éxodo masivo.

Chávez llega al poder: cambio de Constitución y Socialismo del Siglo XXI

El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez Frías fracasa en un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Chávez y el resto de los militares que participaron de la asonada fueron detenidos y permanecieron dos años en prisión. Luego, durante el mismo gobierno de Pérez, la causa fue sobreseída y los responsables de la intentona golpista fueron puestos en libertad.

El malestar de los venezolanos con los partidos tradicionales iba en aumento, al igual que la imagen de Chávez, quien se presentó en las elecciones de diciembre de 1998 y, con 44 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia del país tras vencer en los comicios con el 56% de los votos.

El 2 de febrero de 1999 asumió la presidencia, y su primera decisión fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de modificar la Constitución. A través de un referéndum popular, el electorado aprobó sustituir la Carta Magna de 1961.

Con la nueva Constitución, el período presidencial pasó de 5 a 6 años, y permite la reelección hasta por dos períodos; además, fortaleció el poder ejecutivo, y redujo la influencia de la Asamblea Nacional. También cambió el nombre del país: pasó de ser la República de Venezuela a la República Bolivariana de Venezuela.

Entre los diputados que integraron esa Constituyente se encontraba Nicolás Maduro Moros, quien años atrás se había desempeñado como guardaespaldas del candidato presidencial José Vicente Rangel en 1983 y como conductor del Metro de Caracas. Luego conoció a Chávez y lo ayudó a crear el grupo político de izquierda, Movimiento V República.

El ex teniente venezolano empezaba a ganar poder y en una controvertida maniobra, en 2001 logró la aprobación de 49 leyes habilitantes en la Asamblea Nacional, entre las que se destacaron la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.

Pero un año después, el 12 de abril de 2002 Chávez sufrió un golpe de Estado. Luego de las marchas y protestas del 11 de abril, que habían dejado muertos y heridos, el Alto Mando Militar lo derrocó y lo encarceló en un cuartel. En su lugar, asumió el presidente de la agrupación empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien disolvió los poderes del Estado. Sin embargo, apenas permaneció un día en el Ejecutivo, y el 14 de abril Chávez regresó al poder tras ser restituido por militares leales y la movilización de sus seguidores.

Ese hecho fue conocido como “golpe petrolero”. Desde entonces, Chávez radicalizó la revolución.

En 2004 gana un referendo revocatorio convocado en 2003 por la oposición, y en 2005 el oficialismo toma el control de la Asamblea Nacional. Ese mismo año, el presidente venezolano impulsó, junto a Fidel Castro, lo que se conoció como “Socialismo del Siglo XXI”, que luego se extendió a otros países como Bolivia y Nicaragua.

Radicalización tras el intento de golpe de Estado y muerte de Chávez

El 3 de diciembre de 2006 Chávez vence a Manuel Rosales y es reelecto presidente por otros 6 años. Nicolás Maduro es nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.

El 31 de enero de 2007, la Asamblea Nacional aprobó una ley que habilitó a Chávez a gobernar por decreto durante un año y medio. No obstante, el jefe de Estado perdió ese año un referendo sobre una reforma constitucional que permitía la reelección indefinida. Ésta, finalmente, fue aprobada en 2009 en una nueva consulta popular.

En ese 2007, a fines de abril, Chávez también retiró a Venezuela del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un día después, el Gobierno tomó el control de los últimos campos petroleros que permanecían en manos de privados. Desde la llegada de Chávez al poder, más de 5000 empresas fueron expropiadas, nacionalizadas, o intervenidas por el Gobierno, lo que llevó a un profundo declibe de los diferentes sectores nacionales como el energético, el petrolero y el .

En paralelo comenzaron las denuncias de censura en Venezuela. El 28 de mayo el mandatario rechazó renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cadena de televisión más antigua del país.

Un año después, en 2008, con la bonanza de los precios del petróleo, que llegaron a 100 dólares por barril, Chávez logró lealtades en países de América Latina y, a medida que incrementaba su tono anti-norteamericano, también fortalecía su vínculo con la dictadura cubana de Fidel Castro.

Como ocurrió en 2007, en 2010 la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó una ley que le permitió al Comandante gobernar por decreto por otros 18 meses.

En 2011 Chávez reveló que padecía cáncer. Primero se sometió a una cirugía en Cuba para extraer un tumor cancerígeno pélvico, y después siguió viajando a La Habana para continuar el tratamiento de quimioterapias.

En octubre de 2012 fue reelecto presidente. Apenas dos meses de meses ungió como su sucesor a Nicolás Maduro, entonces vicepresidente del país. El 5 de marzo de 2013, el propio Maduro anunció en cadena nacional que Chávez había muerto a los 58 años.

Maduro, el sucesor de Chávez: fraude, protestas y muertes

Tres días después del anuncio del fallecimiento de Chávez, Maduro fue nombrado presidente interino de Venezuela y se convocaron elecciones anticipadas. El 14 de abril de ese 2013, en medio de denuncias de fraude, el ex canciller se atribuye la victoria en los comicios contra el opositor Enrique Capriles Radonsky por una diferencia de poco más de un punto.

En medio del debilitamiento económico que sufría el país, los problemas sociales y el aumento de la inseguridad, el 12 de febrero de 2014 se llevaron a cabo unas protestas masivas que contaron también con la participación de la oposición venezolana.

Las manifestaciones se extendieron hasta mayo de ese año, y el régimen respondió con una brutal represión, que dejó 43 muertos, más de 800 heridos y 2.800 detenidos. En tanto, el 18 de febrero, el líder de la oposición Leopoldo López fue arrestado, acusado de conspiración y asesinato en el marco de las manifestaciones.

Para entonces arreciaba la persecución contra la oposición.

En febrero de 2015, el Servicio de Inteligencia se llevó detenido a Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Unos meses después, en tanto, Leopoldo López, recluido en la prisión de Ramo Verde, fue condenado a más de 13 años de prisión.

Frente a este contexto de creciente persecución y represión, el gobierno del ex presidente Barack Obama declaró a Venezuela como “una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos, y sancionó a varios militares de alto rango por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2014.

En diciembre de 2015, la oposición asestó al chavismo la mayor derrota electoral al ganar las elecciones parlamentarias. Por presión del mando militar, el régimen se vio obligado a reconocer la derrota, y desde entonces comenzó un fuerte choque de poderes que persiste hasta la fecha.

Días después de los comicios, en enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -afín al chavismo- declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional y nulas sus decisiones.

Mientras tanto, Maduro declaraba la “emergencia económica”, anunciando una serie de medidas como la devaluación del bolívar y el primer aumento en el precio de la gasolina en 20 años.

En octubre Maduro encabeza un proceso de diálogo con la oposición, con la mediación del Vaticano.

En medio de denuncias de quiebre democrático, Venezuela vivió cuatro meses de violentas protestas en 2017, que dejaron unos 125 muertos por una nueva represión de las fuerzas del régimen. Human Rights Watch denunció torturas y tratos crueles contra los detenidos, y persecución política, en el marco de las protestas. La prisión de El Helicoide se convirtió en el principal centro de torturas.

Esas protestas fueron desactivadas con la polémica Asamblea Nacional Constituyente convocada arbitrariamente por Maduro con el objetivo de arrebatarle el poder parlamentario a la oposición y modificar la Constitución.

La Constituyente, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, adelantó las elecciones presidenciales para mayo de 2018.

En febrero de ese año fracasan las negociaciones entre el chavismo y la oposición en República Dominicana. Los principales puntos del proceso de negociación establecían la apertura de un canal humanitario para paliar la crisis humanitaria; el respeto al Parlamento, dominado por la oposición; la liberación de los presos políticos y la habilitación de líderes de la oposición con prohibición de participar en actividades políticas. Y, finalmente, el llamado a elecciones presidenciales libres.

El chavismo no accede a ninguna de esas condiciones, y el 20 de mayo Maduro se atribuye la victoria en las elecciones, con el 68% de los votos, en unos comicios que la oposición boicoteó y denunció como fraudulentos. Tras el proceso electoral plagado de irregularidades, gran parte de la comunidad internacional desconoció los resultados y rechazó la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela.

Mientras aumentaba la tensión social y política, también crecía la crisis económica y humanitaria en Venezuela. El 2018 cerró con una hiperinflación del 130.060%, según el Banco Central. Sin embargo, la Asamblea, de mayoría opositora, reportó que el alza de precios se ubicaba en torno al 1.698.000%.

Maduro asume un segundo mandato: crisis humanitaria, sanciones y éxodo masivo

El 10 de enero de 2019 Maduro prestó juramento para un segundo periodo presidencial, pese al rechazo de la oposición y la comunidad internacional. Días después, el 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, se proclamó presidente interino de Venezuela, en desconocimiento a la legitimidad del mandato de Maduro. Estados Unidos y más de 50 países reconocieron al opositor como presidente legítimo del país caribeño.

Como respuesta a las constantes violaciones a los derechos humanos y a la completa ruptura del orden democrática, a fines de enero el gobierno norteamericano sancionó a PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, lo que representó un duro golpe para el régimen chavista.

En ese entonces, de acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la cifra de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo ascendía a 3,4 millones. Pero en 2024, apenas cinco años después, el índice aumentó a cerca de 8 millones.

El 23 de febrero, la oposición intentó ingresar ayuda humanitaria por la frontera con Colombia. Pero el régimen bloqueó los pasos, se produjeron hechos de violencia y Maduro rompió relaciones con Bogotá.

La mañana del 30 de abril, Guaidó se mostró junto a un grupo de militares anunciando “la fase final” de la Operación Libertad para terminar con la dictadura de Maduro. A su lado apareció libre el opositor Leopoldo López, que estaba preso desde 2015. El levantamiento cívico-militar falló y Maduro permaneció en el poder. Los militares que participaron debieron exiliarse: la mayoría se refugió en Colombia.

Ante este panorama, en septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una Misión internacional para evaluar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014.

En enero de 2020, Guaidó fue reelegido como presidente de la Asamblea Nacional. La sesión se tuvo que hacer fuera del Parlamento, ya que había sido tomada por la fuerza por el chavismo para instalar allí su Constituyente.

En marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a Maduro, con una una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, y una de 10 millones por Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); Clíver Alcalá, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck El Aissami, ex ministro de Industria y Producción Nacional.

Las autoridades de Estados Unidos también implicaron a Maikel Moreno, ex presidente de la Corte Suprema, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal; y a Samark López Bello, un empresario con una serie de crímenes vinculados al lavado de dinero en favor de Maduro y El Aissami.

Carvajal Barrios y Alcalá rompieron filas con el chavismo, y en la actualidad se encuentran detenidos en Estados Unidos.

La estrecha alianza que forjaron las dictaduras de Venezuela y Cuba desde la llegada de Chávez al poder le abrió las puertas de la región a grupos terroristas internacionales como Hezbollah (Líbano), respaldado militar y financieramente por el régimen de Irán, otro gran aliado de Caracas y La Habana y de creciente presencia e influencia en América Latina, al igual que Rusia y China.

Además de estas conexiones con el terrorismo islámico, la cúpula chavista también está señalada de liderar el cártel naco de Los Soles. De hecho, dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, fueron detenidos en Haití en una redada de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2015. Dos años después fueron condenado a 18 años de prisión por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron liberados en 2022 a cambio de siete norteamericanos presos en Venezuela

El 12 de junio de 2020, Maduro recibió otro duro golpe. En el aeropuerto de Cabo Verde fue detenido por Interpol el empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del dictador venezolano. Saab permaneció allí hasta el 16 de octubre, cuando fue extraditado a Estados Unidos.

En octubre, a un año de su instalación, la Misión de la ONU presentó su informe, en el que denunció violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad contra opositores políticos, militares y miembros de la sociedad civil. También advirtió que las máximas autoridades del régimen sabían de los asesinatos, torturas y tratos crueles, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas desde 2014.

En diciembre, el chavismo ganó unas elecciones parlamentarias marcadas, nuevamente, por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición, y por una masiva abstención.

En agosto de 2021 se abre un nuevo proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición en México, que contó con la mediación de Noruega.

Las elecciones regionales y municipales de noviembre volvieron a estar marcadas por denuncias de irregularidades y falta de transparencia, motivos por el cual el principal arco opositor volvió a abstenerse de participar.

En marzo de 2022 las partes retomaron las negociaciones en México, y a fin de año culminó la presidencia interina de Juan Guaidó.

Ya sin el liderazgo de Guaidó, y con las elecciones presidenciales de 2024 en el horizonte, la dictadura continúa su persecución contra la oposición e inhabilita a María Corina Machado a ejercer cargos públicos por 15 años.

En octubre de 2023, el chavismo y la oposición firmaron en Barbados una serie de acuerdos para establecer garantías electorales de cara a los comicios generales. Esa mesa de diálogo fue una reanudación de la negociación suspendida en 2022.

Pese a la inhabilitación del régimen, María Corina Machado arrasó en las primarias de octubre y fue proclamada candidata presidencial de la oposición por la Plataforma Unitaria Democrática.

El 20 de diciembre Estados Unidos liberó a Alex Saab a cambio de 10 estadounidenses presos bajo la dictadura de Maduro.

En enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la inhabilitación por 15 años de Machado.

Una vez más, el dictador Maduro apeló a todos los resortes del Estado, que trabajan a su merced, y puso a funcionar toda la maquinaria represiva del régimen para cometer todo tipo de brutalidades y violaciones a los derechos humanos. Todo esto en medio de un proceso electoral plagado de irregularidades, y al margen de los compromisos firmados por el chavismo en los Acuerdos de Barbados.

Pese a su inhabilitación, Machado continuó recorriendo todo el país para animar a la población y logró una fuerte aceptación que se vio reflejada en los multitudinarios actos de campaña que encabezó en los últimos meses. En respuesta a esto, varios de sus colaboradores fueron detenidos arbitrariamente, y otros acusados de diversos cargos por la justicia chavista.

De hecho, en marzo, la Misión de la ONU concluyó que la dictadura de Maduro volvió a su fase más violenta de represión antes de las elecciones.

Para evitar perjudicar las posibilidades de la oposición en las elecciones del 28 de julio, la líder de Vente Venezuela bajó su candidatura por la inhabilitación impuesta por el régimen, y la oposición designó a la historiadora Corina Yoris como su aspirante a la presidencia. La dictadura también bloqueó su candidatura, provocando un fuerte rechazo a nivel internacional.

Ante este escenario, en abril, el diplomático Edmundo González Urrutia aceptó asumir la candidatura opositora. Desde entonces, encabezó multitudinarios actos de campaña junto a Machado.

Infografías: Marcelo Regalado