Cómo el régimen de Maduro impidió el voto de más de 5 millones de exiliados

Como en cada elección venezolana, el régimen chavista se ocupó de disgregar el voto opositor a través de sus distintas artimañas en un intento por aventajar en los resultados definitivos. Pero esta no será una elección más en la que Maduro y su cúpula van confiados a las urnas sabiendo que su andanada de mañas les garantizarán el triunfo, y la grave crisis migratoria desatada por el socialismo en el país caribeño se convirtió en un punto débil que debía ser atendido por la dictadura ante el seguro respaldo de la diáspora a Edmundo González Urrutia.

Casi ocho millones de personas dejaron sus familias, trabajos, comodidades y sus vidas ya hechas en Venezuela, en búsqueda de un mejor lugar lejos de la crisis humanitaria que agobia al país y que es consecuencia de las políticas impuestas por el régimen que encabeza Nicolás Maduro.

Frente a los indicadores desfavorables para una reelección, el dictador, sin titubeos, se ocupó de imponer todo tipo de condiciones legales u operativas para que los venezolanos en el exterior no puedan inscribirse para emitir su voto en la elección presidencial. Del total de la diáspora venezolana se estima que cerca de cinco millones se encuentran en edad para votar, sin embargo quedaron por fuera debido a las trabas impuestas.

Tanto para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7.774.494 personas emigraron de Venezuela a partir de 2014 debido a la crisis económica, política y social. De ese total, 6.590.671 venezolanos se encuentran en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el chavismo desestima la cifra.

El pasado 1 de julio, Maduro planteó en su programa de televisión que “entre el 2013 y el 2023 salieron de Venezuela, como migrantes económicos, 2.500.000 venezolanos. Del 2020 hasta el 2023, cerrando 2023, parte de 2024, han regresado 1.200.000, la mitad de los que se fueron”.

Los datos difieren con los relevados por distintas organizaciones internacionales y la diferencia resulta significativa en el marco electoral. En especial si se considera que el total de migrantes y potenciales electores venezolanos, incluso superan a la cantidad de votantes habilitados en algunos estados de Venezuela y hasta de pequeños países en todo el mundo.

Según la ONU y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) el flujo migratorio venezolano se concentra mayoritariamente en Colombia (2,9 millones), Perú (1,6 millones), Brasil (568.058), Ecuador (500.000), Chile (532,715) y Argentina (220.000).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela oficializó que del total de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, solo 69.211 podrán votar en las elecciones. De dicha cifra, solo 6.528 pudieron inscribirse y actualizar sus datos en el Registro Electoral para votar en el exterior.

En 2018 fue la última vez que se habilitó el empadronamiento en el registro electoral de Venezuela, y debido a las limitaciones impuestas, el número de inscritos en el extranjero representa un 0.89% de los 7.774.494 de migrantes.

En diálogo con Infobae, Leandro Querido fundador de Transparencia Electoral en América Latina, planteó que “los flujos migratorios son cada vez más grandes y frecuentes” y en la mayoría de los casos “estas personas salen en busca de mejores condiciones de vida y al hacerlo pierden sus derechos políticos en sus países de origen. Ante esta realidad, diversos Estados han desarrollado iniciativas legislativas para atender este problema”.

El artículo 24 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela establece que “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”. Sin embargo el régimen impuso nuevos requisitos. De hecho, varias formas de identificación que antes eran aceptadas, esta vez se rechazaron al momento de tramitar nuevas inscripciones o bien, al solicitar el cambio del centro de votación.

Ante la violación del derecho electoral, Leandro Querido sostuvo a Infobae que “un Estado democrático no puede caer en una acción de doble exclusión donde por un lado se expulsa a los ciudadanos por falta de oportunidades y por otro se les quita su condición de ciudadano al negarle sus derechos políticos del ejercicio al voto por migrar”.

De acuerdo con el CNE, los ciudadanos debían demostrar su residencia permanente con al menos 3 años de recibida, y tener pasaporte vigente o en trámite de renovación; norma que provocó el rechazo de otras identificaciones como las visas.

Frente a dicha situación, la oposición al régimen denunció que no se estableció un criterio único en los consulados y en algunas embajadas se aplicaron requisitos adicionales para formalizar el Registro Consular, es decir, el paso previo a la actualización de datos en el Registro Electoral.

Otro de los principales inconvenientes para los migrantes venezolanos consiste en la imposibilidad de tramitar la cédula de identidad en los consulados, requisito único para el ejercicio del sufragio de los venezolanos “aunque el documento esté vencido”, según establece la ley.

De acuerdo a la ONG Transparencia Electoral, que vigila los procesos comiciales en Latinoamérica, la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece sobre el Registro Electoral, que este se rige por ser de carácter público. Pese a ello, “se constataron cambios de los puntos de registro fijos sin que estos fueran informados. Los requisitos exigidos para la inscripción y actualización en el exterior tampoco fueron debidamente publicados”.

Otro de los ítems que se vieron afectados fue la continuidad del proceso de inscripción. Durante seis años el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo cerrado el registro de votantes en el exterior, y este año, obligado por el Acuerdo de Barbados, lo abrió para que potenciales electores se inscriban o actualicen sus datos en los consulados pero por un periodo breve de tiempo (del 18 de marzo al 16 de abril sin incluir los fines de semana ni asuetos) y con serias demoras en la atención ciudadana.

Grupos de venezolanos en distintos países cuestionaron que en varios lugares el operativo inició en abril, y por día solo se llegaron a atender a 50 personas en un horario acotado. Por ende, millones de potenciales electores no pudieron acceder al registro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró a finales de mayo el registro definitivo de electores y anunció que son 21.620.705 las personas habilitadas para votar en las elecciones presidenciales. De dicha cifra, 69.211 son nacionales inscritos en embajadas del exterior.

Si bien este año están inscritos 1.093.727 votantes más que en las presidenciales de 2018; en el exterior son cerca de 5,2 millones las personas que debían actualizar su registro o anotarse por primera vez, según la ONG Súmate.

Por otra parte, cerca de 2 millones de venezolanos en el exterior son nuevos electores y debían inscribirse por primera vez, pero de dicho total, solo 508 lograron hacerlo.

Uno de los países donde se registró el mayor número de nuevos votantes es España con 97, le siguen México con 69 nuevos votantes, Argentina con 29, Colombia 27, Ecuador 13 y en Perú solo 6 personas pudieron inscribirse para emitir su sufragio.

De acuerdo a los datos brindados por el director de Votoscopio.com, Eugenio Martínez, son 4 millones los electores que solo necesitaban cambiar su centro de votación al país de residencia actual. Sin embargo, solo 6.020 personas lograron concretar el trámite.

Los registros indican que 1.732 venezolanos pudieron cambiar su centro de votación en España, en México lo consiguieron 699 personas, 593 en Chile, 467 en Panamá, 413 en Argentina, en Perú 69 y en Colombia 248 personas.

Los consulados solicitaron, por instrucción del CNE, una visa residente como único documento válido para la inscripción en el registro electoral, sin embargo, millones de venezolanos en el exterior carecen de dicho documento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó que esto se debe a que algunas personas no regularizaron su estatus migratorio o bien, poseen otra documentación como el Permiso por Protección Temporal (en Colombia), el Permiso Temporal de Permanencia (en Perú), la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (en Ecuador), o la Residencia Temporal (en Chile).

Colombia es el país con mayor cantidad de venezolanos que emigraron a causa del régimen. De los 2,8 millones que se encuentran radicados bajo estatus temporal, se calcula que 1,2 millones son potenciales electores. Pese a ello, solo 7.012 están habilitados y serán más de 4 mil los que votarán en Bogotá este 28 de Julio.

La ONG Plan País denunció que el registro electoral abrió una semana después de la fecha pautada, demorando la realización del trámite. Además, para la inscripción no se aceptó como prueba de residencia el Permiso por Protección Temporal (PPT), que es otorgado por el Gobierno colombiano y que permite, entre otras cosas, trabajar y acceder a programas de salud. Si bien el PPT otorga una permanencia regular de 10 años, este no fue aceptado y se exigió una visa de residente que solo concede 5 años de permanencia.

En Perú reside la segunda mayor cantidad de inmigrantes venezolanos en América Latina, y de acuerdo a los datos del Comando Venezuela, solo 589 venezolanos podrán votar. Una de las trabas se debió a que muchos cuentan con un carnet de extranjería bajo la calidad migratoria especial residente.

El documento oficial permite a los extranjeros residir en el país durante un año con renovación anual, y realizar actividades lucrativas en el sector público o privado de manera dependiente o independiente. Además, el carnet les da la posibilidad de acceder a servicios públicos y privados.

Pese a las habilitaciones que les otorga el gobierno peruano, las autoridades venezolanas no aceptaron dicho documento para integrar el registro electoral. De hecho, se solicitó una residencia permanente que sólo una minoría posee debido a los requisitos, los cuales van desde tener un trabajo o negocio con ingresos superiores a $1130 mensuales o bien, tener un hijo peruano o familiar directo con residencia legal.

En Brasil, viven unos 125.000 venezolanos amparados por la Operación Acogida, y se estima que en los últimos seis años han ingresado otros 400.000, aunque muchos han seguido hacia otros países. Allí, no hay cifras claras sobre cuántos venezolanos permanecen en Brasil en condiciones de votar.

En Argentina se encuentran unos 220.000 venezolanos, de los cuales cerca de 150.000 cumplen con los requisitos para votar. Sin embargo, solo votarán 2.638 dado que pudieron incorporarse en el registro electoral, según cálculos de distintos activistas.

A su vez, en Chile habitan, según la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), cerca de 100 mil venezolanos con residencia legal y en condiciones de sufragar. Sin embargo, el CNE informó que solo 2.659 venezolanos en dicho país podrán votar en las presidenciales.

En Europa el éxodo venezolano se concentra en España donde se otorgan residencias por razones humanitarias o por arraigo. La residencia temporal por razones humanitarias es un permiso de un año (prorrogable) que el Gobierno español empezó a conceder en 2019 a aquellas personas venezolanas a las que se les hubieran denegado la solicitud de asilo y cuya petición se hubiese formalizado con posterioridad al 1 de enero de 2014. Sin embargo, dicho documento no fue aceptado como prueba de residencia para el registro electoral.

Según los datos del padrón electoral actualizado en 2018, unos 40.000 venezolanos están inscritos en Estados Unidos. Sin embargo no podrán votar dado que desde 2019 el régimen de Maduro rompió las relaciones diplomáticas con Washington y retiró sus consulados, embajadas y toda representación diplomática.

Por tal motivo, será la primera vez que los venezolanos que habitan en dicho país no podrán participar de elecciones presidenciales, ya que no cuentan con un lugar donde emitir su sufragio.

Ante los distintos impedimentos administrativos o desvinculación diplomática, Querido remarcó que en Venezuela “notamos que se ha desmantelado su sistema electoral competitivo y la autoridad electoral ha sido intervenida por el gobierno. Y dado que el régimen entiende que los millones de venezolanos que debieron irse del país son posibles votos en contra decidió excluirlos de manera abierta. Puso barreras administrativas para excluir a estos electores al punto que en la actualidad solo un porcentaje muy pequeño del total podrá votar”.

Por último, consideró que “las elecciones de Venezuela se hacen en un contexto excepcional, de mucha violencia y arbitrariedades y las restricciones en el voto en el exterior son sólo un aspecto de tantos otros”.

Esta misma situación enfrentan los ciudadanos venezolanos que residen en Ecuador, quienes no podrán votar en esta elección debido al cierre reciente de las sedes diplomáticas por orden de Maduro tras el enfrentamiento diplomático del gobierno de Rafael Noboa con México.