Previo a la histórica elección presidencial de este domingo en Venezuela, el chavismo lo intentó todo: inhabilitó a María Corina Machado, persiguió a su equipo de trabajo, bloqueó la candidatura de Corina Yoris, arrestó a dirigentes de la oposición, restringió la inscripción de votantes en el extranjero, utilizó a su gusto los fondos públicos en la campaña electoral, manipuló las condiciones desde un Consejo Nacional Electoral absolutamente parcial y puso zancadillas de todo tipo a las recorridas de la campaña opositora por el país.
Pero el régimen no ha jugado todas sus cartas tramposas. La “operación remolque” es por tradición uno de los últimos recursos que utiliza la dictadura venezolana para manipular los comicios desde los tiempos del ex presidente Hugo Chávez.
Se trata de un operativo “que hace el oficialismo desde las primeras elecciones y tiene que ver con el control de la militancia que ellos han desarrollado a través de distintas herramientas”, tal como explicó en diálogo con Infobae, Jesús Delgado Valery, director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
Una de las modalidades se implementan a través de stands instalados cerca de los centros de votación conocidos como “puntos rojos”. De esta manera, el chavismo registra qué personas han votado y quiénes no. “Se cruza la información de los beneficiarios de los programas sociales con respecto a los que votaron, de manera que en horas de la tarde, a poco de terminar la jornada electoral, estos puntos rojos tienen la información de qué personas no han votado. Y salen a buscarlas a sus casas para que finalmente voten”, precisó Delgado Valery.
Para llevar a cabo esta operación, el oficialismo se fue perfeccionando con el correr de los años y sumó otra modalidad. De hecho, en 2018 incorporó el carnet de la Patria —un sistema de registro a través del cual los ciudadanos pueden cobrar bonos otorgados por el Estado—. “Es una plataforma digital, con tecnología china y con apoyo cubano, que tiene registrados a millones de venezolanos y a través del cual se dan incentivos, bonos pagados, incluso por votar”, dijo el director de Transparencia Electoral y agregó: “Es una plataforma muy opaca con la que el Gobierno controla a la ciudadanía, sobre todo a los más necesitados para, entre otras cosas, obligarlos o buscarlos para que vayan a votar”.
Así, el chavismo utiliza la intimidación y la amenaza sobre los empleados públicos y los beneficiarios de los programas para que voten por Maduro, que en esta oportunidad aparece 13 veces en la boleta de votación. “Los amenazan con quitarle los beneficios o con que van a perder el trabajo, la casa o el crédito”, profundizó.
En ese sentido, el especialista recordó que ya en 2021 el informe de la misión de la Unión Europea advirtió no utilizar la plataforma y además recomendó dar cuenta de dónde quedan alojados esos datos, así como también pidió que se agregue la posibilidad de que los ciudadanos eliminen por completo y definitivamente su información de la plataforma.
Por esto mismo, Delgado Valery reiteró que “hay una serie de medidas que toma el chavismo para obligar a las personas a votar a costa del uso de los recursos del Estado, transportes, autobuses para transportarlos, para acarrear a los electores a los centros de votación”.
La operación remolque es utilizada a última hora, pero el chavismo tiene otros mecanismos que pone en marcha durante toda la jornada electoral. Entre ellas, el voto supervisado y el voto asistido, que fueron definidas por él como una práctica que tiene que ver con “vigilar a las personas que votan, sobre todo en los centros de votación de una sola mesa”. Tal como explicó Delgado Valey, estos puntos se establecieron “estratégicamente en lugares difíciles de controlar: lugares rurales, lugares donde hay construcciones de la Misión Vivienda, es decir, que están controlados por el oficialismo”.
“Allí, ante la falta de testigos y de vigilancia (de la oposición), lo que se hace es intimidar, amenazar a los votantes para que voten a favor del oficialismo y en algunos casos, sobre todo con los adultos mayores, acompañarlos a que voten de manera de garantizar que voten por el oficialismo”, profundizó el especialista y planteó: “A diferencia de las zonas urbanas donde quizás la oposición tiene mayor presencia, mayor despliegue, mayor control y fiscalización, en estas zonas fronterizas alejadas rurales, es muy difícil que se controle la elección por parte de la oposición y es normal que los grupos violentos asociados o subordinados al chavismo amenacen, intimiden y obliguen a las personas a votar”.
Más maniobras del régimen
La falta de transparencia electoral es algo sistemático en Venezuela y todo se intensifica en las últimas semanas antes de la realización de los comicios.
En la previa de las elecciones que se celebran este domingo, el régimen impuso varios impedimentos en el camino hacia la votación; sobre todo, en lo vinculado a los fiscales de cada partido y las autoridades de mesa.
Por un lado, hace unas semanas atrás, modificaron la ley de testigos de mesa, para que cada uno de los fiscales pueda controlar cómo se llevan adelante los comicios solamente en la mesa que le fue asignada. Con respecto a esto, Delgado Valery sostuvo que “fue claramente un intento de obturar u obstruir la acreditación de testigos opositores para abrir ventanas de irregularidades”.
A su vez, desde la oposición denunciaron que existieron trabas para la acreditación masiva de estos fiscales. La PUD cuenta con más de 90 mil testigos que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación, pero presentaron varias dificultades para acreditarse, como fallas en el sistema que arroja el mensaje “no existe testigo” cuando un observador que ya está aprobado como tal intenta verificar su acreditación.
Algo similar ocurrió con las autoridades de mesa que reportaron fallas en el sistema para poder acreditarse. “Las personas han tenido que intentar varias veces hasta poder lograr inscribirse efectivamente en el sistema y que se les acredite, pero se ha hecho todo para que no puedan hacerlo”, dijo el licenciado en Relaciones Internacionales. En línea con sus declaraciones, el director ejecutivo de Transparencia Electoral señaló que el régimen lleva adelante estas maniobras para que, sobre todo en los centros de mesa más alejados, “se pongan autoridades de mesa afines al régimen”.
No es la primera vez que sucede esto, puesto que hay antecedentes respecto a “los impedimentos para que los testigos entren a los centros de votación o mismo han sido expulsados durante la jornada electoral”. “Se les ha amenazado para que se vayan de los centros de votación y de esa manera eliminar la correcta fiscalización de los partidos”, precisó.
El recurso final: la manipulación
Este 28 de julio, todo indica que el chavismo se enfrenta a la diatriba de perder o mantener el poder haciendo trampa. Si pese a todo lo hecho hasta ahora, los resultados no son los esperados por el régimen, y su determinación es el fraude electoral, los antecedentes recientes demuestran que Maduro y sus allegados encuentran la forma de alterar los datos para su beneficio, pudiendo así continuar en el poder.
Por ejemplo, en las elecciones regionales de 2017 en el estado de Bolívar, Andrés Velázquez —referente opositor— ganó las elecciones, pero “lo que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue manipular los resultados de una serie de centros de votación rurales alejados, ya que la diferencia entre el candidato oficialista u opositor era muy pequeña”. En esa línea, Delgado Valery explicó: “Lo que hicieron fue manipular un número de centros de votación pequeño, unos diez o 12 centros, de manera de voltear el resultado a favor del oficialismo”.
Otro ejemplo de fraude “abierto y grosero” que recordó el especialista fue el que hubo en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. “De acuerdo con la empresa Smartmatic, que era la que proveía el servicio de votación automatizado, los resultados se manipularon en al menos 1.000.000 de votos, es decir, se sumaron 1 millón de votos más de los que efectivamente se emitieron durante esa elección”, indicó.
Venezuela elige este domingo a su próximo mandatario en un proceso inédito en el que la oposición ha luchado por sostener al voto como el garante de la democracia. El ganador de estas elecciones estará al frente de la nación entre 2025 y 2031. Todo indica que el favorito es Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no se caracteriza por llevar adelante elecciones transparentes.
Aunque esta elección podría lucir como un callejón sin salida para la oposición venezolana, el antichavismo apostó por recursos con los que no ha contado antes para enfrentarse a la gigante maquinaria del chavismo: un elevadísimo apoyo popular, unidad entre la mayoría de los factores disidentes y un mensaje claro y honesto de la comunidad internacional en defensa de la democracia venezolana más allá de los tintes políticos.