El recuerdo de las legislativas 2015, la victoria opositora que llevó a Maduro a terminar de convertir su régimen en una dictadura

La victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Desde entonces el país se fue desbarrancando hacia el régimen dictatorial que hoy representa Nicolás Maduro. El régimen fue inclinando cada vez más la balanza para complicar las candidaturas opositoras, con todo tipo de trampas electorales. Aún así, en 2015 la oposición unida le asestó un duro golpe a Nicolás Maduro, venciendo en las elecciones legislativas.

La fecha que había sido fijada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) era el 6 de diciembre. Aunque muchos obstáculos tuvieron que ser atravesados antes de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganara la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional (AN) con el 65,27% de los votos, según validó el organismo electoral.

Hacia el final del 2015, Venezuela ya se encontraba colapsada producto de la crisis económica que comenzó a registrarse dos años antes a consecuencia del modelo socialista impulsado por Chávez, que se agravó con el liderazgo de Nicolás Maduro. Una situación que también hizo tambalear la estabilidad del régimen. A pesar de que los índices venían en caída desde el 2013, ese año el país sufrió un cimbronazo producto del desplome de los precios del petróleo, el desabastecimiento de productos y la inflación récord del 180,9% acumulado ese año, según informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Para hacerle frente, el régimen impulsó políticas destinadas a reducir el gasto público, aunque también se registró un aumento del endeudamiento (interno y externo) que resultó en un salto de los índices de inflación que duplicaron el 68,5% que fue medido en el 2014. Al mismo tiempo que el Banco Central de Venezuela reconocía una baja del 20% en el consumo, la crisis se reflejaba en la falta de abastecimiento y regulaciones en las compras de productos básicos. Comenzaron, por aquella época, los retratos de venezolanos en Caracas, la capital del país, peleando en los supermercados por comida y haciendo largas filas para ingresar a establecimientos en busca de comida. Aquello llamaba la atención para los capitalinos, pero desde muchos años antes, era parte de lo cotidiano en el interior del país, incluso en las grandes ciudades.

La situación socioeconómica repercutió en las tasas de empleo y desempleo, debido a que la tasa de ocupación pasó de ser del 61,9% al 58,8%, mientras que la de desempleo alcanzó su pico del 6% en diciembre. Como consecuencia, se aceleró el éxodo de ciudadanos. La cifra de desplazados no ha parado de crecer desde entonces, y a la fecha, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más 7,7 millones de personas abandonaron el país desde entonces.

Bajo este panorama, la oposición concentró el descontento social que produjo el declive en la calidad de vida de los venezolanos, debido a que supieron unirse para simbolizar el deseo de adoptar un nuevo modelo económico ante el fracaso que representó el propuesto por el chavismo. La victoria en las parlamentarias del 2015 parecía sembrar una luz de esperanza en un pueblo que soñaba con un cambio.

“Ha triunfado la guerra económica. El terror económico instaurado a nuestro pueblo distorsionó la opinión de algunos llevándonos a la derrota”, fue la frase que pronunció Maduro durante el discurso que brindó post elecciones al reconocer la derrota. Pese a que el régimen había dado el brazo a torcer al aceptar celebrar los comicios, por aquel entonces, nadie imaginaba que el oficialismo terminaría de socavar a la oposición al bloquear las elecciones presidenciales que debían celebrarse en 2016, con la complicidad de los tribunales regionales de Apure, Aragua, Bolívar y Carabobo.

La victoria en las urnas no solamente representó una ventaja legislativa para la oposición que pasó a ocupar 109 bancas contra 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 3 de Representación Indígena, sino que la campaña encabezada por los dirigentes y el apoyo que recibieron de la ciudadanía se enmarcaron cómo un “modelo a seguir” en la contienda por escapar del yugo del régimen. De hecho, el hito se transformó en la victoria con mayor cantidad de votos que la oposición cosechó como fruto de 16 años de hacerle frente al chavismo.

En el período de luna de miel post elecciones, las esperanzas de la oposición comenzaban a tomar otro vuelo, hasta que el régimen buscó la manera de cortarles las alas. Una vez más, Maduro y su séquito pasaba por encima de la Ley de Orgánica de Proceso Electorales de Venezuela y de la propia Constitución, aprobadas por el propio chavismo bajo los principios de la democracia, la participación ciudadana, la transparencia y la confiabilidad, entre otros.

Luego de que la victoria le diera a la oposición el control del Parlamento con una mayoría calificada, se esperaba que los diputados ganarían las facultades de emitir votos de censura en contra del vicepresidente y los ministros, aprobar enmiendas, sancionar leyes que le darían poderes legislativos al presidente e, incluso, designar y remover a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, el régimen se ocupó de encontrar la forma de bloquear las habilitaciones del antichavismo en el Legislativo a través del Poder Judicial controlado por magistrados afectos a la dictadura.

Mediante una jugada de la Corte Suprema, la oposición perdió la mayoría calificada del Parlamento tras la impugnación de los diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos en el estado Amazonas como representantes de la MUD. El recurso fue presentado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La impugnación se basó en denuncias de irregularidades y presunto fraude electoral ocurrido durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en el estado Amazonas. Estas denuncias llevaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a emitir una medida cautelar el 30 de diciembre de 2015, suspendiendo la proclamación de los diputados electos por esa entidad.

En 2016, el TSJ anuló todas las decisiones de la Asamblea Nacional opositora, alegando que los legisladores incurrieron en desacato al incorporar a tres diputados cuya elección había sido impugnada. Esta medida, junto con otras decisiones del TSJ, limitó significativamente el poder legislativo del Parlamento opositor y llevó al país a un nuevo nivel de confrontación: el conflicto de Poderes.

El chavismo se impuso en el poder legislativo por medio de la creación ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017, Maduro halló el camino para perpetuarse en el poder y evitar que los opositores bloquearan sus políticas y reformas.

La razón de ser de la ANC era sostener un parlamento paralelo, en el que solo fueron admitidos diputados chavistas. Si bien la Constitución venezolana contempla la creación de nuevos organismos, para que estos sean considerados oficiales deben ser aprobados por medio de un referéndum.

No obstante, la instancia no fue contemplada ante el presunto rechazo que podría haber manifestado el pueblo y su posterior disolución. De esta manera, el régimen se aseguró de arrebatarle a la oposición la posibilidad de seleccionar a las autoridades judiciales y electorales, debido a que esta facultad recayó en manos de este segundo parlamento.

Otra de las funciones claves que cumplió la cámara chavista se relaciona directamente con los bloqueos e inhabilitaciones que sufrieron los candidatos presentados por la oposición. El caso más reciente fue el de María Corina Machado, quien se enfilaba como la favorita de la disidencia hasta que la CNE confirmó su prohibición para ejercer cargos públicos en marzo de este año.

En octubre del año pasado, Machado ganó las elecciones primarias de la oposición con un contundente 92,35% del apoyo ciudadano. La reacción del oficialismo surgió por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en enero falló en su contra y ratificó la inhabilitación de 15 años impuesta por la Contraloría General de la República.

La sanción allanó el terreno para que el CNE bloqueara su inscripción sin que pudiera presentarse queja alguna. “Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente”, explicaron desde la página oficial sobre los motivos detrás de la baja de María Corina.

Este año, la oposición unió fuerzas al crear la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la que promete ser la mayor coalición antichavista y que es representada por Edmundo González Urrutia. Mientras, el régimen, agotado y sin recursos, pero necesitado del control sobre el poder, se enfrenta a mayor desafío: reconocer la derrota o avanzar con un nuevo fraude electoral.