El informe de Una Ventana a la Libertad descubre la situación real en las cárceles en Venezuela

“Definitivamente el acceso a la justicia está negado en Venezuela”, es una de las brutales conclusiones del informe que hoy presenta la organización Una Ventana a la Libertad y que cubre el primer semestre del 2024 según lo ocurrido en los Centros de Detención Preventiva y en los Centros Penitenciarios, pero enfatizando a sus familias como “Víctimas por parentesco”.

Una Ventana a la Libertad tiene como director general a Carlos Alberto Nieto Palma; Coordinación de Investigación, Magaly Huggins Castañeda: asistente de Investigación, Nohely Marín: coordinación Operativa, Carol Carrero Marrero, junto a todo un equipo de investigadores en todo el país.

“Siempre he pensado que son los familiares de los encarcelados, en su gran mayoría mujeres, las que más sufren por la prisión de sus familiares cercanos, sean estos hijos, esposos, concubinos, parejas o amigos cercanos”, dice Nieto Palma.

En el informe destacan que, durante los últimos años, en Una Ventana a la Libertad hemos venido denunciando como el gobierno venezolano ha ido desplazando su obligación como Estado responsable de la vida y calidad de vida de las personas bajo su custodia, particularmente las personas detenidas en los calabozos o Centros de Detención Preventiva (CDP), a las familias de los mismos, en una descarada violación de los Derechos Humanos tanto de las personas detenidas como de sus familiares.

En el estudio que hizo la organización arroja que “un total de 20 hombres (90.91%) y 2 mujeres (9.09%) fueron detenidos sin pruebas ni en flagrancia y, 2 de ellos (9.09%) por motivos políticos”.

Consideran “el retardo procesal como una violación de los derechos humanos de la persona detenida, el cual también violenta los derechos de sus familiares. La injusticia duele, la justicia sana”.

“Otro elemento importante es la vivencia de ser castigadas/os como si fueran culpables del error cometido por su familiar. Esta parece ser una de las causas del mal trato que reciben las familias que asiduamente visitan a su detenido. Las culpan, las acusan y las irrespetan”.

Son enfáticos “no es la familia la que falta a su responsabilidad con la/el detenido; es el Estado venezolano el que falta, nadie más”.

Resalta el Informe lo ocurrido con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, “al pasar un poco de tiempo la situación en los CDP está peor que antes de la promulgación de dicha Comisión. Propaganda no es política pública, improvisación tampoco”.

¿Los más afectados? la familia popular venezolana, “la que carece de dinero y de poder; y si un familiar comete un delito o es acusado de cometerlo, puede permanecer detenido por mucho tiempo aun cuando no se demuestre su culpabilidad. Los llamados delitos de cuello blanco, que son cometidos por quienes ostentan altos cargos de poder o en empresas privadas, por lo general no llegan a juicio y, si llegan son absueltos”.

Una dura afirmación reflejada por Una Ventana a la Libertad: “sobrevivir en Venezuela es una obra de arte, porque no hay política de bonos especiales que logree disminuir estos niveles de pobreza e inflación”, además ha aumentado la desnutrición en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores”.

“Muchos niños, niñas y jóvenes abandonan el sistema educativo y se dedican a trabajar para ayudar a la familia o, son cooptados por bandas criminales o de trata de blancas que los comercializan y prostituyen”.

“La migración de jóvenes de ambos sexos en edad productiva desde Venezuela, ha generado que las familias hayan quedado mayoritariamente a cargo de personas de la tercera edad con capacidades laborales, disminuidas”.

En el caso de los Centros de Detención Preventiva (CDP), el informe destaca que “de 8 funcionarios detenidos, 4 o el 50% lo fueron por corrupción lo cual es llamativo por ser funcionarios de un CDP; 2 o el 25% fueron funcionarios detenidos que se habían fugado. Una funcionaria por homicidio y otro no se explica la razón”.

“La escabiosis o sarna es la enfermedad que acumuló mayor número de los 86 detenidos enfermos (37 o 43.02%), muy cercano a la mitad del total. En segundo lugar, encontramos la complicación pulmonar o respiratoria, con 25 casos o un 29.07%%. Entre ambas enfermedades, altamente contagiosas se acumuló́ el 72.09% de los detenidos enfermos”.

“El hacinamiento que venimos denunciando desde que en 2016 comenzamos los monitoreos, no ha mejorado a pesar de las promesas oficiales”, a lo que se agrega que de los presos fugados la gran mayoría, casi totalidad son hombres.

Por otra parte, “en 45 huelgas de hambre hubo 1.648 detenidos/as participantes y en 4 motines solo 7 hubo 11 protestas pacíficas de familiares a las afueras de los Centros de Detención Preventiva”.

“Vimos el caso de una mujer embarazada a la cual se le negó́ una medida cautelar a fin de que pudiera dar a luz fuera del calabozo hacinado en el cual estaba retenida. Igual sucede con la restricción de ingreso de alimentos y bebidas. Los dos indicadores son evidentes violación a los derechos de las personas detenidas”.

“La Revolución Judicial (RJ) atendió́ a 224 personas, pero de ellas solamente 3 detenidos/as, el 1.34% de los atendidos fueron liberados: 2 hombres y 1 mujer. Los Alertas nos llevan a un caso que sucedió́ hace seis años y aún continúa impune. Este caso del estado Carabobo evidencia claramente que, cuando el gobierno y sus funcionarios están implicados, la justicia es aún más lenta”.

“Seis años a la espera de la justicia por los muertos y muertas que se registraron en esa fecha; más de 50 funcionarios estuvieron presentes y solamente cinco llevados a juicio. En ese caso hace seis años perdieron la vida 66 presos y 3 visitas”.

En el primer semestre se presentaron varias huelgas de hambre, pero la principal “llegó a incorporar a 9.844 reclusos de varias prisiones. No hay lugar a duda, ellos exigían lo más importante: que se cumplan las leyes, acabar con el retardo procesal. Se incorporaron las mujeres presas y detenidas en los CDP, todos y todas unidos, exigiendo de manera pacífica justicia’.

“Otra demanda de justicia fue la de los presos extranjeros, pero esta vez no solamente a las autoridades venezolanas sino también a los representantes de sus países en Venezuela”.

“El mismo día, la entonces Ministra del Sistema Penitenciario Celsa Bautista se apersonó al Internado Judicial Yare III, para comenzar un abordaje a la huelga pacífica general. Ese mismo día el gobierno se vio obligado a responder a la huelga pacífica y destituyó a la Ministra del Servicio Penitenciario y, nombró al diputado Julio García Zerpa como nuevo Ministro, y a pesar de no haber nada concreto sino promesas de un nuevo Ministro, en el país comenzó́ el fin de la huelga”.

Del total de 13 custodios y funcionarios detenidos, 10 o 76.92% fueron por introducir o sembrar drogas; 2 o 15.38% por corrupción y 1 o 7.69% por contrabando de comida.

Ventana a la Libertad dice que puede asegurar “cuántas riñas hubo en las prisiones, pero los Alertas registraron 1 recluso muerto por riña y 7 reclusos heridos en riñas entre reclusos. Sin embargo, en el mes de enero hubo una denuncia de 4 presos políticos que fueron agredido por otros reclusos; simplemente fue una agresión contra presos políticos detenidos con presos comunes en la conocida prisión Yare II”.

La organización para realizar el informe hizo entrevistas a familiares de los presos en distintas cárceles. Hay información que no fue reflejada a petición de los entrevistados, “evidencia del temor a represalias que pudieran afectar a su persona detenida. Identificamos 26 Centros de Detención Preventiva y prisiones a lo largo y ancho del país”.

A los familiares los ataca la ansiedad. “No respetar los plazos del debido proceso, extiende y profundiza la afectación psicológica en las familias. La tristeza también predomina en el resto de la familia de la persona detenida, es decir la familia en general, a veces unos más y otros menos, pero la tristeza abarca a todo el grupo familiar. También se hacen presentes la rabia, el miedo y la depresión”.

“Las visitas tienen otros 2 elementos altamente desagradables para la familia: la requisa para poder entrar al recinto y la relación o trato que reciben de parte del personal de guardia”.

“No son sólo los guardias lo que agreden; en estas profesiones las mujeres guardias, pueden ser tanto o más agresivas o violentas que los mismos hombres. Esta es una manera de figurar en el grupo profesional, ganarse un respeto entre ellos’.

“Otro punto muy importante para las familias que visitan a los detenidos es el trato con los guardias. Aunque lo más resaltante es el temor a informar sobre el mal trato para evitar el castigo o daño que, por venganza, puedan causar a su familiar detenido. Varias entrevistadas nos señalaron que los tratos de los guardias las hacen sentir humilladas”.

“La afirmación de que los guardias “creen que todos somos delincuentes” en relación con la familia de los detenidos, es realmente una expresión más de la mala, poca o ninguna capacitación que tienen estos guardias o custodios, para la interacción con las personas en su trabajo”.

Los entrevistados destacaron, el 43% de ellos, que “el hacinamiento es lo peor”. Seguido en relevancia está “el mal olor, los cuales fueron 9 o 18% en el segundo lugar, hacinados en un lugar hediondo alcanza el 61% de las respuestas. Es decir, esta situación es un castigo sea el detenido culpable o no. No es una sanción que busca rehabilitar a nadie, sino agredir, violentar y violar su condición humana de manera denigrante”.

“Los cobros de dinero a que son sometidas las familiares cuando van a visitar a su familiar detenido/a en un Centro de Detención Preventiva. Una entrevistada en este caso fue sumamente clara y concisa: “Sí, todo lo cobran, todos los servicios tienes que cancelarlo. Si tienen que llevarlo al médico, tienes que cancelar; si necesita una medicina, debes cancelar, todo eso se paga”. Si no tienen familia cercana que pague, nadie se ocupa de ellos”.

“La mayoría de las personas que se ocupan de visitar a un familiar detenido, son mujeres; esta es otra oportunidad para humillar a las mujeres por los prejuicios de género”.

“Del total de 26 entrevistadas/os, o sea el 42% afirmaron el cobro para los traslados; estos, mayoritariamente se cobraban en gasolina. La mayoría se refirió́ fundamentalmente a los traslados a los tribunales, lo cual evidencia la angustia que les genera perder la oportunidad de acelerar el proceso hacia la libertad de su familiar”.

“El tiempo de permanencia en un Centro de Detención Preventiva no debe exceder de las 48 horas para presentarlo ante un Fiscal y, 45 días para continuar las averiguaciones, cuando se ha encontrado causa suficiente para comenzar un juicio. De allí́ el o la detenida, deberá́ ser transferido a una prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio definitivo o dejado en libertad. Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas -9 o 35%- tiene a su familiar detenido de dos a tres años y, también hay detenidos que están en el CDP de 4 a 5 años (15%). Esto nos habla de la inexistencia del llamado debido proceso en Venezuela”.

“Algunas entrevistadas han expresado que los abogados privados les cobran en exceso y no hacen nada. Parece que por ser abogados no siguen ningún tipo de norma, y abusan de la desesperación de la familia. Varias entrevistadas agradecen la atención de sus abogados públicos, aunque otras también lamentan el no cumplimiento de su trabajo”.

“Lo que familiares nos aportaron en esta investigación, demuestra que nuestra afirmación de que los calabozos han sido convertidos en las Nuevas Cárceles del Siglo XXI, no es una exageración, por el contrario, es una evidencia más de la falta de justicia en Venezuela”.

“Las personas de la familia aceptan pagar todo lo que los custodios les soliciten, aun cuando, sea a costa de la alimentación del resto de su familia. También, deben pagar la cuota que, por lo general, es a los detenidos que mantienen control en el Centro de Detención Preventiva y asciende en muchos lugares, de acuerdo a las entrevistas a 25 dólares”.