El papa Francisco “tomó atenta nota” de los obstáculos que sufren los venezolanos para votar en el extranjero

En una carta, el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, dijo que “la Santa Sede no dejará de hacer lo que esté en sus posibilidades”

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En una carta fechada el 6 de junio, el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, transmitió el mensaje del Papa en respuesta a una comunicación recibida el 2 de abril
En una carta fechada el 6 de junio, el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, transmitió el mensaje del Papa en respuesta a una comunicación recibida el 2 de abril

El papa Francisco ha tomado “atenta nota” de las dificultades que enfrenta la diáspora venezolana para votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en la que, de los más de siete millones de venezolanos en el extranjero, solo 69 mil podrán participar.

En una carta fechada el 6 de junio, el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, transmitió el mensaje del Papa en respuesta a una comunicación recibida el 2 de abril.

Según la carta, el papa Francisco ha tomado nota con atención de las preocupaciones planteadas y la Santa Sede hará todo lo que esté en sus posibilidades para apoyar la situación. “La Santa Sede no dejará de hacer lo que esté en sus posibilidades”, mencionó el Cardenal Parolin en la misiva.

Pietro Parolin (REUTERS/Remo Casilli)
Pietro Parolin (REUTERS/Remo Casilli)

El Cardenal Parolin también destacó la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana, que en una declaración del 18 de marzo, subrayó la importancia del sufragio como una forma de expresión de la soberanía del pueblo. Los obispos venezolanos reafirmaron la necesidad de que los órganos del Estado y las instituciones políticas y sociales garanticen una participación equitativa en el proceso electoral tanto para los electores como para los candidatos.

“Los Obispos afirmaron que el sufragio es una de las formas de expresión de la soberanía del pueblo”, afirmó la carta. Además, remarcaron que “los órganos del Estado y las instituciones políticas y sociales deben garantizar a los electores y candidatos una oportunidad real de participar equitativamente en el proceso electoral”.

“Rezo por Venezuela y por todos sus hijos e hijas, dentro y fuera del País”, escribió el Cardenal Parolin, añadiendo una nota personal de solidaridad y apoyo.

Los consulados venezolanos, por instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Nicolás Maduro, exigen una visa de residente como única prueba para la inscripción en el registro electoral
Los consulados venezolanos, por instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Nicolás Maduro, exigen una visa de residente como única prueba para la inscripción en el registro electoral

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en junio al régimen de Venezuela “garantizar el derecho al voto de connacionales que residen en el extranjero, sin distinción de su estatus migratorio”.

Mediante un comunicado, el organismo expresó su “preocupación por los impedimentos que enfrentan las personas venezolanas que residen en el exterior para inscribirse en el registro electoral” debido a su estatus migratorio.

“Estos obstáculos violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia”, denunció la Comisión, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los consulados venezolanos, por instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Nicolás Maduro, exigen una visa de residente como única prueba para la inscripción en el registro electoral.

Muchos no la tienen porque no han regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación diferente, como el permiso por protección temporal en Colombia, el permiso temporal de permanencia en Perú, la visa de residencia temporal de excepción en Ecuador o la residencia temporal en Chile.

Al menos 7,7 millones de personas “han salido forzosamente del país desde el 2015″ debido a “la grave crisis de derechos humanos” y aunque se desconoce cuántas de ellas tienen más de 18 años algunas organizaciones calculan que unos 5,5 millones estarían habilitadas para votar, explicó la Comisión.

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