La oposición venezolana rechazó la acusación de incitación al odio del régimen de Maduro contra cuatro activistas detenidos

Varias agrupaciones opositoras rechazaron este miércoles la acusación que el fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, lanzó contra cuatro jóvenes disidentes arrestados en los últimos días, luego de participar en actos y recorridas de campaña de Edmundo González Urrutia. Se trata de Luis López, periodista de renombre en Vargas; Juan Iriarte, coordinador clave de Vente Venezuela en Maiquetía; Jeancarlos Rivas, activista de Voluntad Popular e Ismael González.

Desde el partido Voluntad Popular (VP) repudiaron “contundentemente” las denuncias por incitación al odio y agresiones contra oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y apuntaron que sus detenciones arbitrarias resultan “violatorias de los derechos humanos y del debido proceso” y, junto con la “persecución por razones políticas, forma parte de la larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura” de Nicolás Maduro.

Por su parte, Primero Justicia (PJ) advirtió que estos hechos “demuestran el recrudecimiento de la persecución política” por parte del oficialismo, al igual que lo hacen “la violación de los derechos políticos de los venezolanos y el incumplimiento del Acuerdo de Barbados”, en el que las partes habían pactado una serie de bases y garantías democráticas para las elecciones del 28 de julio, que se vieron vulneradas reiteradamente por el oficialismo.

Asimismo, PJ exigió la libertad inmediata de los opositores y el respeto al debido proceso ya que “pensar y trabajar por una Venezuela distinta y democrática no es un delito”.

Más temprano, Saab informó que, formalmente, los cuatro opositores habían sido “imputados y privados de libertad (...) por delitos de incitación al odio y asociación”. Puntualmente los acusó de haberse dirigido “agresivamente” a un comando de la policía que se encontraba en Maiquetía, estado de La Guaira, donde el pasado 10 de junio González Urrutia realizó una recorrida junto a simpatizantes locales.

Además, con la ayuda de Johny Rivas y Khillkys Alcila -sobre quienes se emitieron ya órdenes de detención-, “intentaron ingresar (al vehículo de los oficiales) mediante el uso de la fuerza, con la intención de causar lesiones a los efectivos”.

Estas acciones provocaron “terror en los habitantes de la zona” y deben ser “severamente castigadas por implicar la base real del nazi-fascismo”, sumó Saab en su mensaje.

Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales por los propios seguidores antichavistas que participaron del evento expusieron que los hechos distan del relato difundido por el Palacio de Miraflores. Así, se ve que el candidato presidencial caminaba junto a decenas de simpatizantes y, en determinado momento, se acercó a un guardia parado en la entrada de la sede militar pero éste le pidió que se retirara y lo cumplió de inmediato.

También, la madre de Rivas, Keila López, aseguró la inocencia de su hijo y denunció que se trata de una nueva estrategia de Maduro para silenciar a los disidentes.

“En ningún momento ha incitado al odio. Su único mensaje es: inscríbanse en el CNE, vamos a votar para tener mayor participación (...) Mi hijo es inocente, él no cometió ningún delito… su único delito fue tomarse una foto con Edmundo”, comentó.

Poco después de que la Fiscalía hiciera pública su acusación, la Plataforma Unitaria Democrática advirtió de un nuevo avance de Maduro, a poco más de un mes de las elecciones. En la última jornada, 10 alcaldes -ocho en el estado andino de Trujillo y dos en la insular Nueva Esparta- fueron “injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura”.

Ante este hecho, la líder opositora también inhabilitada, María Corina Machado, sostuvo que “la creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio”.

(Con información de EFE)