Cómo operan el poder judicial y la Defensoría Pública de Venezuela para obligar a detenidos a declarar contra María Corina Machado

Ante la detención del periodista Gabriel González y de Javier Cisneros, coordinador nacional de la juventud del partido Vente Venezuela, María Corina Machado reveló lo que es vox populi entre los detenidos por causas políticas: “El defensor público, que tiene la mayoría de los detenidos, se ha dedicado a decirles que, si ellos me acusan de ser directamente responsable de los delitos que supuestamente están implicados, serían liberados”. ¿Quién realmente controla la Defensoría Pública? La familia de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los abogados Joel García y Eduardo Torres han denunciado que en el caso del estudiante de periodismo, Jeancarlos Rivas, detenido por su relación política al partido de Machado, el tribunal de Terrorismo no le permite designar defensa privada. Eso ha sucedido en cientos de casos, en tribunales militares, ordinarios o de terrorismo.

Los defensores públicos no defienden al preso político, al contrario, violentan sus derechos, los coaccionan a declarase culpables, a que señalen a dirigentes políticos de delitos o de conspiraciones, sin que haya base alguna.

El poder judicial está controlado por dos figuras claves: Cilia Adela Flores de Maduro y Diosdado Cabello Rondón, quienes se disputan, no sin cierta fiereza, el dominio de ese sector.

En el mando de la Defensoría Pública siempre ha estado, desde hace casi 14 años, la hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros. Su esposo, Ciro Ramón Araujo, fue Defensor Público General desde el 20 de octubre de 2011, mientras ella ha ocupado diversos cargos ahí, incluso como directora de la Defensa Pública y Directora encargada de Servicios al Personal.

Araujo seguiría en el cargo de no ser porque, después de cuatro años, sus escándalos amorosos fueron más decisivos que aquellos relacionados con las denuncias de corrupción y el lujo que disfrutaba. El 6 agosto de 2015 salió del país, dijo “ya regreso”, pero no lo hizo. Días después, el 21 de agosto fue sustituido por Carmen Eneida Alves Navas.

Aunque más recientemente Cilia de Maduro ha perdido, ante Diosdado Cabello, algunos espacios del poder judicial, integra una estructura que determina quién ingresa como imputado a los expedientes, que a su vez son fabricados en los cuerpos de inteligencia, sea el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), controlado por Cabello a través del General en Jefe Gustavo González López, o la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que maneja Nicolás Maduro a través del MG Iván Rafael Hernández Dala.

Los defensores públicos se han excusado con algunos presos políticos diciéndoles que “reciben órdenes”, lo que de ninguna manera es justificación válida. Ellos presionan a los detenidos y a sus familias, los instan a asumir los delitos imputados “para que les disminuyan los años de cárcel”.

La Defensoría Pública violenta los derechos al debido proceso que tiene el detenido, le niega el acceso al expediente, le prohíbe tener conocimiento de qué o quiénes los acusan, además de ocultarle el procedimiento que debe llevar a cabo para demostrar su inocencia. Es decir, la Defensa Pública es parte importante de la violación de los derechos de las víctimas del poder judicial. Y ahí, tras bastidores, siempre está Adelaida Maduro.

Rogers Flores, un hermano de Cilia de Maduro, estuvo años en la Defensoría Pública, como Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Flores de Maduro tejió una red de familiares, incluso con su ex marido, ex cuñado, hermanos e incluso hijos, ligados al poder judicial,

Su sobrino Irvin Molina Flores y su ex esposo Walter Gavidia eran jueces, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les dio permiso para separarse de los cargos. La entonces ex presidente y magistrada Gladys Gutiérrez, le dio licencia a uno de los hijos de Cilia Flores para que fuera a hacer estudios en Francia, siendo él juez penal.

Daniel Ramírez Herrera es el actual Defensor Público Nacional, en la época de mayor violencia contra los derechos de los detenidos por causas políticas. Las irregularidades en el ente público se incrementan, en acuerdo con los jueces y magistrados que responden a intereses políticos, y es evidente en la detención de varios dirigentes del partido Vente Venezuela: se les secuestra, se les incomunica y se les prohíbe nombrar defensor privado, siendo obligados a aceptar el defensor público que juega a favor de los intereses del régimen venezolano.

En la red familiar y de poder al servicio de Cilia Flores de Maduro y su esposo, está la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, quien es la presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), siendo además Coordinadora Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.

Una investigación de la organización Transparencia Venezuela que en el 2013, Gómez Moreno fue señalada por la Sala Constitucional del máximo tribunal por haber cometido “error inexcusable”, cuando siendo miembro de la Corte de Apelaciones de Caracas benefició al General de División del Ejército Víctor Cruz Weffer, quien había sido imputado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en la Declaración Jurada de Bienes.

¿Por qué Elsa Gómez es parte de la red familiar? Porque ella es tía de Jenifer Karina Fuentes Gómez de Gavidia, esposa de Walter Jacob Gavidia Flores, es decir Cilia Flores es la suegra de la joven y es la abuela de los hijos de Walter Jacob y Jenifer Karina.

No llega hasta ahí la red. También Jenifer Fuentes es abogada asistente en la Sala de Casación Penal del TSJ, que preside su tía la magistrada Elsa Gómez. La joven nuera de Cilia Flores aparece referida en la Operación Money Flight, el caso de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) por mil doscientos millones de dólares ($ 1.200.000.000) a través del control cambiario.

Esa Operación ha sido investigada en Estados Unidos contra el ya fallecido empresario Fernando Valero Gutiérrez, por su relación con Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, y a su vez socio de Mario Enrique Bonilla Vallera, de quien Jenifer de Gavidia aparece como socia y de Fernando Valero Gutiérrez en una compañía en Islas Mauricio, estado miembro de la Unión Africana.

Otra magistrada, Michel Adriana Velásquez Grillet, de la Sala Constitucional del TSJ, fue esposa del sobrino preferido de Cilia, Carlos Erik Malpica Flores. Transparencia Venezuela la investigó como directora principal del Consejo Directivo y gerente de Contrataciones de la Fundación Pro-Patria 2000, la misma de la que el hijo de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, fue nombrado presidente en el 2014.

Según refiere Acceso a la Justicia, Velásquez Grillet llegó a ocupar la vacante de Calixto Ortega, cuando fue nombrado embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI). Fue una acción nada regular porque Michel Adriana Velásquez no encabezaba la lista de magistrados suplentes designados por la Asamblea Nacional.

El ex esposo de Cilia Flores de Maduro, Walter Ramón Gavidia Rodríguez, es el padre de sus tres hijos. Siempre fue un activista político, formando parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que llevó a cabo el intento de Golpe del 4 de Febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Años después, ya con Hugo Chávez como presidente de la República, integró su equipo de seguridad en el año 1994. Como abogado se relacionó al poder judicial y como diputado a la actividad política.

Su hermano, Edgar Gavidia Rodríguez, es magistrado del TSJ, desde el año 2014. Es el Presidente de la Sala de Casación Social, el primer Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y Coordinador Nacional de la Jurisdicción de protección de Niños, Niñas y Adolescentes.