El 2024 en Venezuela comenzó con una agudización de la represión y persecución por parte del régimen hacia los espacios opositores que enfrentan al chavismo encabezado por Nicolás Maduro.
En febrero, la abogada defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, fue arrestada y desde ese momento está incomunicada; en abril, el fiscal general Tarek William Saab declaró que se iniciará una investigación contra el periodista Orlando Avendaño por presunta “incitación” al odio y provocación a la rebelión. Persecución, inhabilitaciones y detenciones arbitrarias en pleno camino hacia las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En este contexto, Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, expresó su preocupación por las recientes medidas legislativas impulsadas por el régimen de Maduro, especialmente la ley de fiscalización, que podría dejar ilegales a numerosas organizaciones civiles, y subrayó la importancia de la intervención del gobierno argentino.
- Esta semana se dio a conocer el último informe anual del Departamento de Estado de EEUU sobre DDHH que denuncia las flagrantes violaciones del régimen de Maduro. ¿Cómo ve el papel de la sociedad civil considerando el riesgo que enfrentan ahora?
-Nos parece bien interesante que los países tengan monitoreo sobre Venezuela. Definitivamente hay cosas nuevas. Uno es el cerco legal hacia la sociedad civil. Hay una batería de leyes en contra de la sociedad civil que están siendo presentadas por el gobierno de Maduro. Ya están aprobadas en primera discusión. Una es la Ley de Fiscalización de las organizaciones. Elimina a todas las organizaciones civiles, las deja ilegales. Pueden ser organizaciones que trabajen por por la cultura, por el deporte, por asuntos religiosos. Cambia el modelo de contrato social que había en Venezuela. Ahora sería autorizar que tú tienes que hacer varios registros y después recibir un reconocimiento de la Vicepresidencia de la República. Imagínate eso para una organización de derechos humanos, de víctimas, de comunicadores, eso sería un desastre. Y luego las penas son altísimas, son muy complejas. Incluso comprometen el patrimonio de la gente que forma parte de las directivas de las asociaciones, como si fuese una empresa. Obligan a tener que hacer declaraciones juradas como si fuese un funcionario público. Verdaderamente acabaría con toda la sociedad civil organizada.
El otro proyecto es el de la Ley Antifascismo. Es insólita porque si bien tiene un enunciado bellísimo de luchar contra el racismo, el clasismo, etcétera, luego se va complicando y va desarrollando que en realidad cualquiera que opine en Venezuela o tenga algún tipo de expresión, escribe un tuit que ellos puedan considerar que no es relacionado con los fines del Estado, lo pueden considerar fascista. Entonces es una tremenda amenaza para todo el ejercicio de la libertad de expresión. Estas dos leyes, complican todo el panorama electoral y lo que uno puede esperar después del 28 de julio.
- ¿Qué cree que hará el régimen ahora que Edmundo González Urrutia fue designado como candidato de la oposición? Teniendo en cuenta otras medidas que ha tomado con otras figuras, como María Corina Machado
-Nosotros tenemos mucha esperanza de que la sociedad civil por fin pueda encontrar algún tipo de persona que sea más o menos neutra para el Estado y que pueda representar un gobierno de concordia o alguna salida cercana a las aspiraciones de la ciudadanía. Pero como tú dices, esas esperanzas de cualquier persona emergente que tenga alguna trayectoria destacada y que pueda unir a todas las distintas los distintos intereses de la sociedad civil parece que están bastante lejanas. También algo que se está registrando en Venezuela es el tiempo que hay entre las elecciones y el periodo de toma de posesión efectivo. Siempre era de diciembre a enero y ahora va a ser desde julio a enero. En todo ese periodo nosotros tememos qué pueda pasar. Definitivamente han perseguido a distintas personas que de alguna manera pueden llevar una voz crítica, que son disidentes o que representan a estos partidos alternos. De hecho, varios de los colaboradores cercanos de María Corina Machado están presos y algunos están refugiados en la Embajada de Argentina esperando el salvoconducto. Entonces tenemos grandes temores, no tenemos un mapeo claro de qué puede pasar, porque eso está en la mente de quienes han buscado la represión como una forma de gobernar, de ejercer el poder. Y nosotros a lo que aspiramos es que exista un diálogo constructivo, una presión internacional, una veeduría.
- Y teniendo en cuenta que los sondeos muestran que los venezolanos quieren una opción que no sea Maduro en estas elecciones, básicamente cualquier candidato que sea apoyado por la oposición y por María Corina Machado, ¿cree que el chavismo va a buscar alguna otra alternativa?
-No parecería que estos gobiernos personalistas tengan alguna vocación de cambio. Si Edmundo va a ser un candidato de la oposición, la única forma de que pueda ocurrir es que exista alguna especie de acuerdo de convivencia, de transición. Porque la vocación de voto es muy grande. Lo que a nosotros nos angustia es que este juego distrae de los verdaderos problemas del país; queda mucho que recorrer en ese camino. Porque la separación de poderes es fundamental. El drama de Venezuela podría empezar a resolverse con las elecciones presidenciales, pero hay un largo camino para separar de los intereses partidistas a todos los poderes. El que sea presidente se va a tener que enfrentar con una Asamblea Nacional, una Contraloría, Tribunal Supremo, y allí todos piensan de la misma manera y todos siguen una misma línea partidista. Ese cóctel de hegemonía completa en el ejercicio del poder no es solución de los asuntos de justicia a nivel interno, y lleva a que muchas víctimas acudan a los organismos internacionales.
- ¿Como el Consejo de Derechos Humanos?
-Hay una instancia del Consejo de Derechos Humanos que se llama la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, que ha sido fundamental en establecer la verdad y la memoria de todos los casos que se han registrado desde 2014 hacia acá: violaciones graves, crímenes de lesa humanidad. Ellos han venido describiendo los patrones y con sus informes han estado logrando que se prevengan violaciones masivas, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales que se registran de forma sistemática. Y hay un peligro grande de que esa misión termine su mandato este año, porque tienen unos ciclos y la única forma de renovarla es con la participación activa de los Estados.
Hasta ahora solo países de Europa y de Estados Unidos han escuchado a las víctimas y la sociedad civil, pero se requiere de la iniciativa de los países de Latinoamérica para presentarlo. Ya sabemos que México no quiere presentar esto. Dudamos un poco de Brasil, pero definitivamente el trabajo que pueda hacer la Cancillería de Argentina es fundamental. O sea, el gobierno de (Javier) Milei tiene que pasar de los dichos, de las declaraciones públicas, a los hechos y hacer el trabajo de pedir en junio de este año para que sea renovado y votado en septiembre de este año. Nosotros tenemos que llegar a las elecciones del 28 con esa sensación de que va a haber un organismo internacional que va a determinar responsabilidades individuales en caso de graves abusos. Es importante la participación de la Argentina para que el gobierno de Maduro no se sienta tan libre de cometer abusos.
- El apoyo fuerte de Maduro en la región viene principalmente de Lula da Silva y Gustavo Petro. ¿Cree que con toda la persecución electoral de los últimos meses ha estado flaqueando?
-Sí, yo creo que la región está hecha un desastre. Todos los países enfrentan unos desafíos inmensos en las condiciones de vida de su población. Tienen inestabilidad de alguna forma y esto es un caldo ideal para Maduro, porque incluso lo alimenta. Se siente simplemente uno más de todo el continente. Nosotros tenemos miedo porque la probabilidad de que Venezuela pase a un modelo como el de Nicaragua es altísimo. Pero definitivamente el papel que han jugado Lula y Petro cuando en algunos momentos se han pronunciado por ciertas situaciones extremas de alguna forma ha hecho una mitigación y eso señala que ellos tienen un papel muy importante que jugar, pero también la comunidad internacional. Ahora, ¿qué falla en todo esto? Las voces de las víctimas, las voces de la sociedad civil, están ausentes de todos esos debates, de todas esas consultas, la gente, los noruegos, Estados Unidos, todos estos negociadores pasan y únicamente atienden al Estado, la versión oficial. Y no procuran ser un mediador para el largo plazo. Los objetivos son muy de corto plazo y quizás tienen que ver con la crisis energética mundial. Quizás esos intereses geopolíticos son los que verdaderamente están dentro de la agenda de ellos, más que la estabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
- ¿Cómo se puede hacer para darle a la sociedad civil un lugar más preponderante en estas mediaciones? ¿Básicamente que las grandes potencias que están actuando como mediadoras decidan incluirlas?
-Sí, y lo seguiremos exigiendo. Y definitivamente los latinoamericanos tenemos que exigir que nuestros países no retrocedan a situaciones extremas de violencia. Están avanzando considerablemente los grupos no gubernamentales, armados, violentos. Estamos siendo rodeados por el crimen organizado. Las situaciones como la de Ecuador se pueden repetir en varios de nuestros países si no se toman las medidas adecuadas de separar lo político de esos intereses del narcotráfico. En el caso de Venezuela, la urgencia es parar el cerco legal hacia las organizaciones de la sociedad civil.
- ¿Y qué evidencia el anuncio de esta semana entre Maduro y el jefe de la Corte Penal Internacional?
-Establecerán una oficina de asistencia técnica que en principio dotaría de capacidades al Estado venezolano para procesar a crímenes de lesa humanidad, o sea, adaptar todo el marco legal y establecer responsabilidades. ¿Ahora, qué pasa con eso? Está muy bien que se haga y no nos oponemos, pero es poco probable que sea de acuerdo con el estándar que requiere la Corte Penal Internacional. Hasta ahora el Gobierno ha tratado de demostrar que tiene algunas investigaciones. Se han determinado responsabilidades y en los casos en que hay torturados o ejecutados en manos del Estado, las condenas apuntan a simplemente al cuidador, al que estaba en la cadena, en el mando más bajo, y no a quienes dieron las órdenes. En el caso de la Corte Penal Internacional, se que cada país sea capaz de procesar esos casos y sólo en los extremos donde no sea posible en lo local, es que se acuda a esta instancia. Hasta ahora el gobierno de Maduro ha perdido todas las apelaciones. Entonces es muy probable que la que la asistencia técnica funcione, pero está muy lejos de ser ejecutada adecuadamente por parte del gobierno de Maduro.