El contundente pedido de la ONU para que Venezuela garantice elecciones libres y cese la persecución política

El Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre el caso Venezuela resaltó lo que ocurre en el país caribeño con la violación de derechos humanos, la persecución y la criminalización de voces críticas al régimen venezolano. El embajador de Venezuela respondió con descalificaciones y pidió ocuparse de los crímenes contra los indígenas hace más de 500 años, de lo que ocurre en África, en Gaza, pero no respondió ni uno solo de los señalamientos de la Misión. Lo que sí es relevante fue lo que dijeron las delegaciones, siendo Ecuador y Argentina de las más enfáticas.

La delegación de Ecuador destacó la preocupación por el “recrudecimiento de la represión gubernamental a los opositores, las inhabilitaciones a líderes políticos para ejercer cargos públicos y las detenciones de militantes de partidos y de defensores de los derechos humanos en Venezuela”. No sabía el representante ecuatoriano que horas después dos miembros del equipo de María Corina Machado serían detenidos y están en desaparición forzada.

En su participación, el país ubicado en la línea ecuatorial, instó “a que se establezcan garantías legales y efectivas para la protección de los derechos humanos, y para la celebración de elecciones libres, con la presencia de observadores internacionales”.

Aseveró que “es imperativo que Venezuela cumpla con sus obligaciones en materia de DDHH y del derecho internacional penal, absteniéndose, por ejemplo, de silenciar las voces críticas y aprobar leyes restrictivas que limiten el trabajo de las organizaciones no gubernamentales”.

Calificó de esencial “el restablecimiento de la plena libertad de opinión y expresión en Venezuela”, instando a las autoridades venezolanas a colaborar con la Oficina del Alto Comisionado (OACDDHH) y de la Misión de Determinación de los Hechos, permitiendo “su ingreso al país y poner en práctica sus recomendaciones”.

Finalizó con la urgencia de “un diálogo en Venezuela entre los diversos actores de la vida nacional con miras a restablecer condiciones de convivencia fraterna, en el marco de una genuina democracia y el absoluto respeto a los derechos humanos”.

Argentina por su parte reconoció el “trabajo independiente, imparcial, objetivo y riguroso” de la Misión, considerando que su labor y la de la OACDDHH “son complementarios y se refuerzan mutuamente, ya que mientras la Oficina se focaliza en vigilar la situación de derechos humanos en el terreno, informar al respecto y brindar cooperación técnica, la labor de la Misión se centra en la rendición de cuentas, que es esencial para prevenir y disuadir la comisión de futuras violaciones”, por lo que pidió a Venezuela a cooperar con ellas y permitirles acceso al país.

Transmitieron su “más profunda preocupación por las conclusiones de la Misión en sus sucesivos informes, en los cuales sostiene que hay motivos razonables para creer que algunas de las violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad; que los actores del sistema de justicia han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno”.

Además, “que las fuerzas del orden y los organismos de inteligencia del Estado han estado involucrados en graves violaciones de DDHH, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y de género, acoso y amenazas a familiares de opositores políticos, censura a la prensa, restricciones a las ONGs, entre otras”.

No es solo el Informe, dice la delegación, sino motivos razonables propios “son más que creíbles y se basan en los testimonios de los miles de ciudadanos venezolanos trabajadores que residen en la Argentina. Mientras que Rocío San Miguel fue objeto de una detención arbitraria, María Corina Machado fue objeto de una detención política, a través de una injusta inhabilitación arbitraria”.

Para el país sureño “esgrimir el principio de no injerencia para amparar violaciones de los derechos humanos no lo vamos a consentir. Por eso propiciamos el Principio de No Indiferencia entre los Estados. No somos indiferentes ante un Estado que no dejó ningún casillero vacío en el catálogo completo de la violación de los DDHH más elementales”.

“Muchos de los venezolanos que residen en nuestro país han seguido el consejo de un lider: Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes. Simón Bolivar”.

“Seguimos preocupados por la compleja situación en Venezuela, donde las autoridades continúan llevando a cabo acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en los últimos meses”, inicia su intervención la representante de la Unión Europea.

“Nos preocupa especialmente el aumento de las amenazas y restricciones contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, los recientes incidentes de detenciones arbitrarias de opositores políticos y la reactivación del proceso legislativo para aprobar una ley dirigida contra las ONG”.

Insisten en que “unas elecciones creíbles, inclusivas y competitivas, que garanticen un proceso electoral que refleje las aspiraciones del pueblo de Venezuela y asegure su participación activa, son la clave para establecer una sociedad pacífica y democrática”.

Piden “fin a la impunidad, de que los autores de violaciones y abusos de los derechos humanos rindan cuentas de sus actos mediante investigaciones eficaces e imparciales, y de que se libere a todos los presos políticos”.

Hacen un llamado “a las autoridades para que cooperen y apliquen plenamente todas las recomendaciones de todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU y cooperen plenamente con el FFM”, dijo finalmente la UE.

Por otra parte, la delegación de Nueva Zelanda, manifestó profunda preocupación “por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, en vísperas de las elecciones de este año”, por lo que instó al gobierno de Venezuela “a que ponga fin a la represión política, la persecución selectiva y los ataques contra el espacio cívico”.

“La suspensión de las actividades de la OACDH en el país y la reintroducción del proyecto de ley de ONG, cuyo objetivo es restringir el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, son motivo de profunda preocupación”.

Solicitó que “se aplique el Acuerdo de Barbados y que se celebren elecciones libres y justas en 2024″, dice al considerar que en dicho Acuerdo está el mecanismo para lograr elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela, abordando así la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela.

Reiteramos la importancia del FFM (Fact Finding Mission), Misión de Determinación de los Hechos, y la significativa labor que realiza al poner de relieve las cuestiones de DDHH en Venezuela. Pedimos la renovación completa del mandato del FFM en septiembre de 2024, además de la renovación de los mandatos de supervisión y presentación de informes de la OACDH, y el restablecimiento de la presencia de la OACDH en el país”.

El delegado de Paraguay dijo en su intervención: “Seguimos con suma preocupación la situación en Venezuela en estos meses previos a las elecciones. Son inquietantes las limitaciones al espacio cívico, las detenciones arbitrarias de defensores de derechos, militantes políticos y sociales, así como las represiones para silenciar críticas a quienes son percibidos como opositores”.

“Da la sensación de que, sin importar lo que se diga o lo que se haga, ningún mecanismo, sea caro, barato o gratis, funciona en Venezuela, si sus objetivos no están alineados con los intereses del gobierno”.

“Cuando integramos el sistema internacional, nos sometemos voluntariamente al juicio y a las críticas y aceptamos recibir recomendaciones, dijo abogando por la restitución del “dialogo político genuino -también hoy suspendido por quienes detentan el poder- como vía para el entendimiento, y porque se respete el derecho a la participación y se garanticen las condiciones mínimas para unas elecciones justas, libres y transparentes”, dijo para finalizar.

Portugal se sumó a la declaración de la UE, destacando que en septiembre pasado vieron una serie de pasos positivos, como el Memorando de Entendimiento con la Corte Penal Internacional, la mayor colaboración con la OADCDD, la disminución de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y violencia de género, así como los acuerdos de Barbados, que podría conducir a unas elecciones creíbles y transparentes.

“Medio año después, las acciones de las autoridades parecen ir en dirección contraria. Se ha cerrado la presencia de la Oficina sobre el terreno y se ha dado a su personal 72 horas para abandonar el país. Una sentencia del Tribunal Supremo confirmó la prohibición que impide al principal candidato presidencial de la oposición ejercer su cargo. La Asamblea Nacional estudia la adopción de una ley contra las ONG y los actores de la sociedad civil”.

“Portugal pide a Venezuela que invierta el rumbo y recorra el camino acordado en Barbados. Pedimos a las autoridades venezolanas que den acceso al país a la Misión de Investigación y que cooperen plenamente con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, entre otras cosas aplicando sus recomendaciones”.

Rumania también se sumó a la declaración de la Unión Europea. “Los informes vuelven a confirmar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, los ataques al espacio democrático y a la sociedad civil y las crecientes lagunas de protección de los venezolanos”.

“La represión, la intimidación y la persecución selectiva contra opositores políticos y activistas de derechos humanos, que se intensificaron antes de las elecciones presidenciales, son profundamente preocupantes”, compartiendo la preocupación por autocensura y el control del Estado contra las ONG.

“Recordamos la importancia crítica de que se respete plenamente la disposición del PIDCP sobre el derecho a participar en los asuntos públicos -incluido el derecho a votar y a presentarse como candidato a las elecciones- durante las próximas rondas electorales que se celebrarán este año y en 2025″.

Le manifestó a la Misión de Investigación, el apoyo a todos los esfuerzos “destinados a restaurar la democracia, el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Venezuela, así como la renovación de su mandato en septiembre de este año”.

Deploraron lo ocurrido con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) “y nos unimos a todos los llamamientos expresados anteriormente para su restablecimiento, incluso con su pleno mandato de protección, supervisión y presentación de informes. Pedimos a las autoridades venezolanas que cooperen plenamente con los órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU”.

Suiza compartió la preocupación de la Misión por el aumento de las detenciones de defensores de los DDHH, mencionando el caso de Rocío San Miguel y del profesor Javier Tarazona. “Instamos a las autoridades a que cesen todas las formas de represión contra la sociedad civil y las voces disidentes”.

Manifestaron preocupación por el proyecto de ley que pretende regularizar a las ONG. “Suiza deplora la suspensión de las actividades de la oficina del ACNUDH en Venezuela, con la que se había establecido una prometedora colaboración”, destacaron alentando a las autoridades para asegurar que el proceso electoral “se desarrolle de manera libre, justa y transparente, respetando el Acuerdo de Barbados y asegurando las condiciones marco necesarias para las observaciones electorales internacionales”.

“Suiza lamenta que se siga negando el acceso al país a los miembros de la Misión. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades para que cooperen con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Señoras y Señores, Miembros de la Misión”.

Ucrania agradeció a la Misión “por sus esfuerzos para investigar la profundamente preocupante situación de los DDHH en Venezuela. Condenamos firmemente las persistentes, sistemáticas y graves violaciones y abusos de los derechos humanos, incluida la destrucción del espacio cívico y democrático, la detención arbitraria de actores políticos y de la sociedad civil y las desapariciones forzadas”.

También lamentaron la suspensión de las actividades de la OACDH y pidieron que se restableciera la oficina en Caracas “en consonancia con el compromiso de Venezuela con el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.

“Ucrania también expresa su pesar por la negativa de Venezuela a alinearse con la comunidad mundial en la denuncia de la agresión rusa contra Ucrania como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular teniendo en cuenta la difícil situación de la población civil venezolana”.

“Animamos encarecidamente a las autoridades venezolanas a que dejen de violar los derechos humanos dentro de su propio país, garanticen unas elecciones libres y justas, la restauración de las instituciones independientes de Venezuela y respeten los derechos fundamentales del pueblo venezolano”.

El delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte manifestó profunda preocupación por los arrestos, acosos y detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos y activistas de la oposición, enfatizando lo que ocurre con las “mayores restricciones a la libertad de los medios de comunicación, así como la posible aprobación de un proyecto de ley que restringirá aún más el espacio cívico”.

“Venezuela necesita una sociedad civil plural fuerte y tolerancia hacia la oposición democrática para apoyar la normalización democrática. El Acuerdo de Barbados debe aplicarse en su totalidad para ayudar a garantizar que los venezolanos dentro y fuera del país puedan registrarse y votar en unas elecciones justas y competitivas”.

Estados Unidos, por su parte, también manifestó preocupación por lo ocurrido con la OACDH. “La Misión ha llamado la atención a los recientes proyectos de ley de Venezuela que limitarían severamente la capacidad de la sociedad civil para operar libremente, advirtiendo que tales leyes podría ser un punto de no retorno para la libertad de expresión en el país”.

“La Misión también ha puesto de relieve informes de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Si bien tomamos nota de la liberación de varios presos políticos en octubre y diciembre del 2023, seguimos pidiendo la liberación de todos los presos políticos”.

“Los Estados Unidos apoyan a todos los defensores de derechos humanos, víctimas y sobrevivientes de abusos, sindicatos, periodistas, líderes políticos, defensores del medio ambiente, y miembros de las comunidades indígenas, afrovenezolanas y LGBTQI+ que perseveran a pesar de las detenciones arbitrarias, las amenazas, y las represalias”.

Un pequeño grupo de países se sumó al discurso de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro.

El embajador de la República Árabe Siria, Haydar Ali Ahmad, consideró que el tema “es un mero ejercicio para malgastar el escaso tiempo y recursos de las Naciones Unidas y una contribución adicional para socavar la credibilidad y eficacia del Consejo”.

Considera que se busca justificar “la injerencia en los asuntos internos de Venezuela y aumentar la presión política sobre Venezuela” y más bien elogió al Gobierno venezolano por buscar mejorar la situación económica y social y promover y proteger los DDHH en Venezuela, “a pesar de las restricciones y dificultades causadas por las medidas coercitivas unilaterales, cuyos efectos desastrosos para el pueblo venezolano la denominada misión de investigación no ha investigado”.

Finalizó ratificando su apoyo al régimen venezolano y pidiendo “que se ponga fin a la selectividad, la politización y el doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos en Venezuela”.

No podía faltar Cuba entre los países aliados al régimen venezolano, recordando que se opuso a la creación de la Misión, por considerar que es “politización y la injerencia en los asuntos internos de Venezuela”.

Agregó el representante de la dictadura cubana que çla Revolución Bolivariana ha demostrado “su voluntad de trabajar de conjunto con los mecanismos de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos”.

En el mismo tono del discurso oficialista hizo recaen en las “medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela, que lastran los esfuerzos de ese hermano país en su objetivo de lograr el desarrollo sostenible y aumentar la calidad de vida de su población”.

Atacó a la Misión por “ha dado claras muestras de su inoperancia y su alineación ideológica con quienes pretenden subvertir el orden interno en el país y atentar contra el gobierno democráticamente electo. El despilfarro de recursos en este mecanismo es alarmante y debería motivar la reflexión de todos”, concluyendo que apoyaba a Maduro, a su gobierno y a su pueblo.

Con discurso similar, el representante de Rusia dijo que “los países del “Occidente colectivo” y sus asociados continúan utilizando los temas de DDHH como un instrumento clave de presión sobre Venezuela”.

Asegura que “continúan los intentos de estrangular económicamente a Venezuela”, y que por ello “en última instancia, el pueblo venezolano sufre las consecuencias de estas prácticas inhumanas. Lamentablemente, la Misión de Investigación prefiere hacer la vista gorda ante todo esto”.

“Pedimos que se ponga fin a la presión sobre Venezuela con pretextos inverosímiles relacionados con los derechos humanos. El Consejo debe abandonar la práctica de la selectividad, la politización y el doble rasero a la hora de abordar la situación en ese Estado soberano. Esto también se aplica plenamente a la Misión de Investigación”.

Otro aliado del régimen venezolano, Irán se opuso al establecimiento de la Misión sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El embajador de la República Islámica de Irán en la ONU, Ali Bahreini, dijo que “si bien Venezuela ha tenido una cooperación significativa y continua con la OACNUDH en los últimos años, la existencia de la FFM, bajo la apariencia de objetividad, corre el riesgo de ser politizada y utilizada como una herramienta de injerencia en los asuntos internos de Venezuela”.

“Es crucial respetar los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos cuando se discuten cuestiones de derechos humanos”, recomendando que “los esfuerzos deben centrarse en el diálogo constructivo y la cooperación para ayudar a Venezuela a abordar los problemas de derechos humanos a los que pueda enfrentarse”.

También, elogió al gobierno de Venezuela por “la promoción y protección de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales de su pueblo, en particular mediante la resistencia contra las medidas coercitivas unilaterales”.

Dos países, la República Árabe de Egipto y Honduras, no manifestaron apoyo ni crítica directo al régimen venezolano. Egipto ratificó “su posición de principio de rechazo a la imposición de mecanismos para supervisar la situación de los derechos humanos en los países sin su consentimiento, y subraya la importancia de adherirse a los principios de universalidad, objetividad y no selectividad, así como a la eliminación del doble rasero al examinar las cuestiones de derechos humanos”.

Honduras por su parte considera que “de cara al proceso electoral, reiteramos que la celebración de elecciones libres, justas y transparentes es fundamental para la democracia y el Estado de Derechos, sin embargo, destacamos como un elemento esencial en este proceso que la colaboración se desarrolle con base en el respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos”.

“Finalizamos nuestra intervención destacando la importancia de robustecer la confianza y la legitimidad en este Consejo como una prioridad vista a la luz del origen del mismo, para lo cual, mantener los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad será fundamental”.

Yemen por su parte, dijo que “los mecanismos de investigación que emanen del Consejo deben contar con el consentimiento del Estado afectado y debe existir una cooperación constructiva entre ambas partes para aplicar el contenido de la resolución del Consejo. También reiteramos que no aceptamos la politización de las cuestiones de derechos humanos, y que las cuestiones específicas de cada país deben debatirse de forma transparente e imparcial, sin selectividad ni prejuicios”.

Elogiaron “la positiva cooperación mostrada por el Gobierno de Venezuela y apoyamos la cooperación continuada entre éste y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Asimismo, pedimos que se preste apoyo y asistencia técnica a Venezuela en materia de derechos humanos para que pueda cumplir sus obligaciones en este ámbito”.