La Venezuela de Maduro: el salario mínimo lleva dos años en caída libre

Los 130 bolívares, referencia para el resto de remuneraciones en el sector público, equivalen hoy a 3,5 dólares, frente a los 30 dólares de marzo de 2022, mientras que el venezolano necesita unos 100 dólares al mes para cubrir necesidades básicas de la alimentación

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Una persona muestra un cartel de protesta durante una manifestación de trabajadores que exigen mejores salarios en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)
Una persona muestra un cartel de protesta durante una manifestación de trabajadores que exigen mejores salarios en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

El salario mínimo en Venezuela cumple este mes dos años sin ser ajustado, período durante el que, al cambio oficial, se ha reducido un 88 % ante la devaluación del bolívar -la moneda local- frente al dólar, divisa que predomina en la economía nacional, por lo que sindicalistas proponen aumentarlo a 200 dólares al mes.

Los 130 bolívares de salario mínimo, referencia para el resto de remuneraciones en el sector público, equivalen hoy a 3,5 dólares, frente a los 30 dólares de marzo de 2022, mientras que el venezolano necesita unos 100 dólares al mes para cubrir necesidades básicas de la alimentación, según estimaciones independientes.

La merma del poder adquisitivo impulsó a los trabajadores a protagonizar múltiples manifestaciones en el país, donde se han registrado 7.157 protestas laborales desde marzo de 2022 hasta este enero, el 53,8 % del total de 13.290 computadas en el lapso, de acuerdo a datos del Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, dijo a EFE que esta situación es el resultado del “fracaso de las políticas económicas”.

Según sus cálculos, cerca del 90 % de los trabajadores hacen labores en la economía informal o reciben dinero de familiares en el exterior para complementar sus ingresos.

Además, todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, reciben una bonificación de alimentación de 40 dólares -cancelada en bolívares a la tasa oficial de la fecha de pago- que asume el empleador, en cumplimiento de una orden gubernamental.

Los empleados públicos, jubilados y pensionados también perciben el ‘Bono de Guerra Económica’, de hasta 60 dólares, cuyo pago es asumido íntegramente por el régimen y que se mantendrá hasta que el país supere la crisis económica, generada, según el Ejecutivo, por las sanciones internacionales.

Ninguna de estas bonificaciones tiene incidencia en el cálculo de beneficios o prestaciones sociales.

Un hombre trabajando en el sector de la construcción (EFE/Miguel Gutiérrez)
Un hombre trabajando en el sector de la construcción (EFE/Miguel Gutiérrez)

La propuesta de los trabajadores

Tras casi dos años de diálogo entre el régimen, empleadores y trabajadores, la CTV propuso en febrero un aumento del salario mínimo del 5.614 %, hasta 200 dólares, monto calculado con base en indicadores económicos, explicó Torres, quien aclaró que, aunque la cifra no es a lo que realmente aspiran ni “lo que merecen los trabajadores”, supone un arranque de un proceso de reconstrucción salarial.

A su juicio, no hay excusas para no discutir un salario inicial de 200 dólares, un deseo que espera se haga realidad “antes de abril”.

De acuerdo con el Ejecutivo, el país recaudó 5.750 millones de dólares en impuestos el año pasado -un 26 % más respecto a 2022-, y 6.230 millones de dólares por la vía petrolera, su principal fuente de ingresos.

No obstante, Torres aseguró que el Gobierno “insiste en que no hay real (dinero)” debido a las sanciones internacionales, un argumento que, si bien “hay realidad en algunas cosas, no es el centro de la crisis y de la destrucción de la economía en el país”.

Además, subrayó, “muchas” de estas sanciones son “de carácter personal o algo por el estilo, que no involucran nada en la economía”.

El pasado octubre, EEUU levantó varias de sus sanciones a Venezuela, entre ellas al petróleo, por un período de seis meses, que vence en abril, cuando planea poner fin a este alivio si la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales del 28 de julio, María Corina Machado, sigue inhabilitada para participar en estos -y otros- comicios hasta 2036.

Una mujer sostiene una pancarta que dice "Con hambre no se educa" durante una protesta para exigir aumento salarial y de pensiones, en Caracas (EFE/Rayner Peña R.)
Una mujer sostiene una pancarta que dice "Con hambre no se educa" durante una protesta para exigir aumento salarial y de pensiones, en Caracas (EFE/Rayner Peña R.)

Diálogo

En abril de 2022, Gobierno, empleadores y trabajadores instalaron un Foro de Diálogo Social con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y han celebrado desde entonces cuatro sesiones, la última en febrero.

Según la CTV, el plan de acción de este diálogo tripartito establece una agenda de reuniones “para que el Gobierno cumpla” con convenios internacionales relacionados con los métodos para la fijación de salarios mínimos, la libertad sindical y la consulta tripartita.

Sin embargo, de acuerdo a una carta remitida por la alianza de trabajadores a la OIT el pasado 4 de marzo, el Gobierno “no ha manifestado interés en aumentar el salario mínimo”, pese a que, apenas dos semanas antes, la propia CTV había dicho que espera el incremento salarial para abril.

Torres agregó que, este año, se proponen “lograr el objetivo principal de que haya un salario mínimo por lo menos decente” que mejore la situación de los trabajadores, cuya actividad en la calle dependerá de cuánto avance el Estado en dar respuesta a sus demandas.

(EFE)

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