El equipo de campaña de María Corina Machado rechazó la persecución del régimen chavista contra su coordinador regional

El comando de campaña de la líder opositora venezolana María Corina Machado en el estado Barinas (oeste) rechazó este sábado las acusaciones de la Fiscalía chavista contra su coordinador, Emill Brandt, detenido de forma arbitraria las últimas horas, al que el ente fiscal adelantó que imputará por su supuesta vinculación con planes conspirativos.

“Rechazamos, de manera contundente, los delitos que le imputa el Ministerio Público a nuestro director regional a través de la Fiscalía, porque los mismos son utilizados como un método para judicializar el derecho a la disidencia política, las actividades de campaña de forma cívica y pacífica de la ruta electoral legítima que queremos los venezolanos”, expresó en un comunicado.

El fiscal general designado por la dictadura, Tarek William Saab, aseguró que Brandt será trasladado a Caracas para comparecer ante el Juzgado Segundo de Control contra Terrorismo, donde será imputado por “los delitos de conspiración, asociación, violencia de género (física) y ultraje al funcionario”, por “agresiones” contra “varias mujeres policías y militares”.

El equipo regional de la opositora considera como arbitraria la detención, que se llevó a cabo “la noche del pasado viernes”, un “día después de la exitosa” visita de Machado en esta región, y luego de varias semanas durante las que él y su familia fueron “víctimas” de “persecución”, lo que “lo obligó a mantenerse en resguardo”.

En este sentido, rechazó el “patrón de persecución y hostigamiento que el régimen, a través de sus órganos represivos, mantiene” contra aliados de Machado, candidata de la principal coalición opositora las presidenciales del 28 de julio, en las que espera competir pese a la inhabilitación impuesta por el chavismo que le impide ocupar cargos de elección popular hasta 2036.

El equipo de la también ex diputada exigió la “libertad inmediata” de Brandt, así como de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes del comando de campaña de Machado en los estados Yaracuy, La Guaira y Trujillo, respectivamente, detenidos en enero, y de Víctor Venegas, secretario político de Vente Venezuela en Barinas.

Además, pidió a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos estar alerta ante el “desmedido acoso al que están sometidos los dirigentes y ciudadanos” que quieren “un cambio de gobierno”.

Para María Corina Machado, la detención de Brandt “constituye una violación más al ya pisoteado Acuerdo de Barbados y demuestra que Maduro ha optado por seguir ‘por las malas’”.

“Exigimos una firme reacción de todos los actores nacionales e internacionales que apoyan una verdadera elección presidencial en Venezuela. Nosotros seguiremos recorriendo todo nuestro país en la construcción de más y más fuerza y organización ciudadana para lograr la victoria electoral este año”, agregó Machado.

Previamente, el dirigente del partido Voluntad Popular Freddy Superlano, quien respalda a Machado, denunció que Brandt fue “detenido por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)”, y alertó de que “el régimen sigue persiguiendo a quienes piensan distinto”.

También la ONG Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) advirtió que se desconoce el paradero de Brandt, por lo que instó al régimen de Maduro a “emitir información oficial y liberarlo de manera urgente”.

“El Estado es responsable de su integridad física y su vida, instamos a respetar su debido proceso”, dijo la ONG, que aseguró que “persiste la política de intimidación y represalias contra críticos del Gobierno”.

Vente Venezuela ha denunciado un “patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que el régimen ha emprendido contra dirigentes políticos, líderes sociales, activistas de derechos humanos y sociedad civil”.

En enero pasado, el chavismo, tras denunciar conspiraciones que incluían el asesinato de Maduro, activó la ‘Furia Bolivariana’, un plan para “defender el derecho a la paz” que, sin embargo, preocupa a ONG y opositores, quienes alertan de un “recrudecimiento” de la “represión y la persecución” política, a pocos meses de las presidenciales.

(Con información de EFE)