Seis presos políticos murieron en Venezuela desde que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos llegó al país

Desde que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, visitó Venezuela por primera vez, seis presos bajo custodia de los organismos de seguridad murieron por tortura y por no prestarles asistencia médica. Lamentablemente para las víctimas la Oficina de la ONU no estuvo a la altura para protegerlas, distrayéndose en actividades, reuniones, encuentros, talleres y otras actividades con las que el régimen venezolano los mantuvo ocupados creando relaciones públicas. La frustración de las víctimas y sus familiares es evidente.

El 1 de enero de 2020, al mando del GB Carlos Terán Hurtado, entonces director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), los custodios subalternos trasladaron a 48 civiles y militares a una nueva cárcel en el sótano 2 de la sede principal de ese cuerpo de seguridad, llamada La Casa de Los Sueños.

Son 16 celdas de 3 metros de largo por 2.5 de ancho, con una pequeña ventana cuadrada y una ventana rectangular para meter ahí una cómoda, en una puerta de hierro sin barrotes. En ese infernal lugar los presos no reciben aire puro ni luz natural. En esa nueva sede se construyó una celda de tortura llama El Ataúd.

Todo eso ocurrió frente a la comisión de la entonces Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Sus delegados estaban ocupados en dictar cursos a los organismos del Estado encargado de “proteger” los derechos humanos.

También ocurrió la muerte de seis presos en custodia: capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio 2019, por brutales torturas; Virgilio Jiménez, por falta de asistencia médica, el 5 de febrero 2019; Pedro Pablo Santana Carvallo, el 14 de agosto 2020 por complicaciones de salud una vez que fue detenido; el indígena Salvador Fernando Franco Pérez, el 3 de enero 2021, por denegación de asistencia médica; Gabriel Medina Díaz, a quien no le prestaron asistencia médica, muere el 29 de agosto 2021; Raúl Isaías Baduel, fallece el 12 de octubre 2021.

Antes, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le negaron la asistencia médica al ingeniero Nelson Martínez, quien fue presidente de la estatal Citgo, Ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela. Estando en el cargo fue detenido el 30 de noviembre 2017, y fallece el 12 de diciembre 2018.

“El sábado 17 de noviembre del 2018, cuando fui a visitarlo, lo encontré muriéndose y no exagero. No podía hablar, ni moverse, temblando, tenía días sin comer ni tomar nada. No aguantó ni 10 minutos y el custodio se lo llevo ayudándolo a caminar””, narró a Infobae, en agosto de 2020, su esposa, Beatriz Arias de Martínez.

Bachelet presentó un primer y contundente informe, pero los siguientes fueron cada vez más tibios y la contundencia no era precisamente en los casos de violación a derechos humanos, denegación de justicia, tortura o actuación de los funcionarios de los cuerpos de inteligencia, DGCIM y Servicio Bolivariano (Sebin).

Cada vez más, los informes daban como excusa las sanciones económicas impuestas por varios países, especialmente Estados Unidos, contra funcionarios venezolanos.

Lo que nunca dejó claro Bachelet ante los venezolanos, ante las víctimas y ante el mundo, es qué tienen que ver las sanciones con la tortura, la muerte, procesos amañados, amenazas, desapariciones forzadas, instalación de casas base de la Dgcim y el Sebin, violación al debido proceso, denegación de justicia, informes amañados de los cuerpos de seguridad, enjuiciamiento sin pruebas de numerosos civiles y militares acusados de Traición a la Patria, instigación a la rebelión y otros.

En la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 10 de marzo de 2020, Bachelet dijo: “Mi Oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas”.

Agregando: “Mi Oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara”.

En el último informe de Bachelet, el 29 de junio 2022, durante el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ella destacó: “Recientemente, el gobierno acordó ampliar la presencia en el terreno a 16 colegas de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. Dado que este es mi último diálogo interactivo sobre Venezuela ante este Consejo, permítanme reconocer la cooperación que hemos construido en los últimos 3 años, gracias a la confianza de las víctimas, la sociedad civil y las autoridades”.

“A través de una mayor cooperación y compromiso, estoy convencida de que se podrá contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos de todas y todos en Venezuela”.

El 2 de julio 2020 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se presentaron los Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en Venezuela, destacándose que el 20 de septiembre de 2019, la Cancillería de Venezuela y la Alta Comisionada Bachelet “firmaron una Carta de Entendimiento que establece los parámetros de cooperación”.

“En octubre de 2019, se acordó un plan de trabajo sobre asistencia técnica. Sobre esta base, dos oficiales de derechos humanos del ACNUDH han estado trabajando en Venezuela desde octubre de 2019 bajo el mandato de la Alta Comisionada e integradas en la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. Asimismo, se ha contado con apoyo temporal de tres oficiales de derechos humanos en actividades contempladas en el plan de trabajo”.

Lo que no dijo el informe de la ONU es que esa carta de Entendimiento fue secreta, que aun a estas alturas, después que el gobierno de Nicolás Maduro, el 15 de febrero 2024, expulsara al personal de esa oficina del país, se desconoce el contenido de ese acuerdo.

La oficina de Bachelet expresó “satisfacción por el estrechamiento de la cooperación con las autoridades y la mejora del acceso al país. Algunas de las cuestiones de interés en materia de derechos humanos presentadas en este informe se están abordando en el marco de la asistencia técnica solicitada por el Gobierno al ACNUDH en ámbitos tales como la prevención de la tortura, el acceso a la justicia y las condiciones de detención. La presencia del ACNUDH en la República Bolivariana de Venezuela también ha permitido estrechar las relaciones con las víctimas y hacer llegar con prontitud sus reclamos a los garantes de estos derechos”, reza el informe.

En lo medular, es decir, en lo referente a la violación de DDHH y crímenes de lesa humanidad, Michelle Bachelet y su comisión fueron bastante tibios, desplegándose en reconocimientos como el que manifestaron de los “anteriores esfuerzos del Estado por desarrollar políticas de seguridad coherentes con el derecho internacional, que culminaron con la creación en 2006 de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), cuyos principales resultados fueron la reorganización de las fuerzas de policía civil, de carácter civil, la elaboración de protocolos sobre el empleo de la fuerza en consonancia con las normas internacionales, el examen de los antecedentes de las fuerzas policiales responsables de abusos y la creación de mecanismos de supervisión que garanticen la rendición de cuentas”.

Entre las acciones distractoras por parte del Ministerio Público venezolano está la respuesta que le dio a lo dicho por la ACNUDH, cuando le entregó a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público una lista de 28 presuntas ejecuciones perpetradas en el marco de las operaciones de seguridad entre mayo 2016 y noviembre 2019. “Según el Ministerio Público, todos los casos siguen abiertos en espera de la información de los órganos de investigación (por ejemplo, el resultado de la autopsia, el estudio de balística, los antecedentes penales de la víctima), especialmente del CICPC. Hay información de que sólo en un caso fueron entrevistados diversos testigos”, reza el informe de la entonces Alta Comisionada.

El régimen venezolano nunca ha detenido la puerta giratoria de los presos políticos, tampoco las torturas y, peor aún, ha profundizado la criminalización de la protesta y la disidencia, ha encarcelado sin prueba alguna a dirigentes políticos, sociales, sindicales. Todo eso ha sucedido, con montajes de supuestas operaciones militares, mientras en Venezuela se encontraba la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACDDHH) que se instaló bajo la doctora Michelle Bachelet y continuó con

Uno de los funcionarios que destaca como logro las reuniones es Larry Devoe Márquez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Agente del Estado ante Sistema Internacional de Derechos Humanos.

26 de agosto de 2021

“Encuentro” en el Ministerio del Interior y Justicia “con las instituciones involucradas en la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para DDHH. Revisamos los avances alcanzados y definimos pasos concretos para seguir profundizando el trabajo conjunto”, publicó Davoe sin especificar cuáles fueron los avances si es que los hubo.

5 de octubre de 2021

Devoe publica una foto junto a la Oficial de Informes de Derechos Humanos Helene Devaux, que era la máxima delegado de la ACDDHH en Venezuela, destacando que “en el marco del plan de trabajo con la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para DDHH, instalamos las jornadas de actualización en derechos humanos para funcionarios de diversos órganos del Estado, directamente vinculados con esta materia. Los participantes serán multiplicadores de esta experiencia a lo interno de sus instituciones”.

9 de diciembre de 2021

Con fotografías de la reunión, donde por la OACDDHH se aprecia a Helene Devaux, Larry Devoe dice que en la sede de la Cancillería “realizamos una reunión con las instituciones encargadas de avanzar en la cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU 🇺🇳 para los Derechos Humanos. Compartimos un balance de las actividades ejecutadas durante el año 2021 y acordamos el plan de trabajo que será implementado en el año 2022″.

10 de diciembre de 2021

Devoe se fotografía con Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, agregando que “en el Día Internacional de los Derechos Humanos consignamos a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley para fortalecer el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas, así como para incorporar al ordenamiento jurídico interno los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

5 de mayo de 2022

Una nueva reunión. “En compañía del Coordinador Residente de ONU (Gianluca Rampolla) y el Viceministro de Temas Multilaterales, sostuvimos un nuevo encuentro interinstitucional de seguimiento a los avances de la asistencia técnica brindada al país por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para DDHH”.

6 agosto de 2022

Otra reunión en la sede del Ministerio Público “nos reunimos con diversas instituciones del Estado para hacer seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de asistencia técnica y cooperación con la OACDDHH de la ONU”.

11 de agosto de 2022

“En la sede de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para DDHH en el país realizamos una nueva fase del taller de actualización en materia de derechos humanos para funcionarios del Estado, en el marco de la cooperación y asistencia técnica brindada por esa Oficina”

7 de marzo de 2023

“Con nuevo módulo destinado a abordar los Derechos de las personas privadas de libertad, continuamos con la ejecución del Plan de actualización en DDHH para funcionarios del Estado venezolano, facilitado por la Oficina del Alto Comisionados de la ONU para los DDHH”, reseñó Devoe.

24 de octubre de 2023

“En la sede de la Cancillería revisamos los avances de la cooperación y asistencia técnica brindada por la Oficina del Alto Comisionado de ONU para DDHH a las instituciones del Estado venezolano”.