Estos son los principales torturadores del régimen de Venezuela identificados por la ONU

Los delitos de violación de derechos humanos y lesa humanidad no prescriben, por lo que la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para el caso Venezuela ha identificado a 118 funcionarios en toda la estructura de delitos atroces contra cientos de víctimas, de las que el Estado venezolano es responsable.

En el primer programa de Sebastiana Sin Secretos, a través del canal Hasta Que Caiga la Tiranía, transmitido este domingo, se expone el caso de 12 de los principales militares señalados en los informes de la Misión.

Ascendido por Nicolás Maduro de número 1 a Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ocupa el cargo de Jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección Generfal de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Denunciado por varias víctimas por tortura.

Está sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos), la UE (Unión Europea) y el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), por la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo, secuestrado y torturado lo que le causó la muerte el 29 de junio 2019, al momento de ser llevado ante el juez militar, Mayor Mickel Enrique Amézquita Pion.

Los casos en los que aparece reseñado Granko Arteaga, entre muchos otros, es el del Mayor Isaías Falcón Juárez, los coroneles (GNB) Oswaldo Valentín García Palomo y José Rommel Acevedo Montañez, así como el del civil Antonio José Labichuela Barrios.

También Granko es referenciado por la violación de DDHH de los sargentos del Levantamiento Cotiza. La Misión de Determinación señala a Granko por su responsabilidad en violaciones de DDHH y crímenes.

Es un Mayor General (GNB), excomandante general de la Guardia Nacional. Es hoy diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ante la Asamblea Nacional. Fue sancionado por la Unión Europea el 12 enero 2018. Sancionado por la OFAC el 9 de marzo 2015. Además, está sancionado por Canadá, Panamá y Reino Unido.

La Misión de Determinación lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014. Está como muchos castrenses al servicio de la revolución bolivariana.

Este Teniente de Navío es un caso emblemático aunque no es de más alta graduación. Es Inspector Jefe de la DGCIM. Es emblemático entre los identificados por las víctimas como torturador de la DGCIM.

Aparece mencionado en varios casos, que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU indica, entre ellos el Caso Nr. 13 del capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, quien estuvo detenido durante cinco años con violación a sus derechos humanos, al debido proceso, tortura física y psicológica. También, aparece en el caso del Mayor (Av) Isaías Lenin Falcón Juárez.

Ascendido a General de División en julio 2022. Fue el Director de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, desde noviembre 2019 hasta marzo 2021. Está sancionado por la Unión Europea y señalado por torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Aparece referenciado en los casos del CN De La Sotta Quiroga, coroneles García Palomo y Acevedo Montañez, así como Labichuela. Es un personaje clave para el caso de las hermanas Andreína y Yolimar Alemán Castellano, que permanecieron en secuestro de la DGCIM durante mucho tiempo.

General de División. Director de Inteligencia y Estrategia Preventiva (DIEP) de la Policía del estado Zulia CPBEZ en el 2015. Director General de los Servicios de Vigilancia del Despacho del Viceministro de Seguridad Ciudadana en el 2016. Inspector General (E) del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) en 2018. Es referencia en muchos casos por parte de La Misión de la ONU, por lo sucedido con la OLP (Operación para la Liberación del Pueblo) en Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa de Maracaibo, Zulia. Además, en la muerte de dos hermanastros y ejecuciones extrajudiciales.

Almirante en Jefe. Fue Ministra de la Defensa del 2013 a octubre 2014. También fue Ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde octubre 2014 a marzo 2015. Ocupó el cargo de gobernadora del estado Lara, por el oficialista PSUV, desde 2017 al 2020. Actualmente es la alcaldesa de Caracas. Está sancionada por la OFAC desde 2017, así como por Canadá y Panamá.

La Misión la señala por los niveles de Cadena de mando, destacando que la Policía le reportaba al Ministerio del Interior, cuando ella fue la titular de ese despacho, y que a su vez reportaba al Presidente de la Republica. La señalan en el caso de: Marchas, colectivos armados y tortura el 12 de febrero de 2014. Además, porque condecoró, con la Orden Francisco de Miranda al funcionario militar que disparó a los manifestantes del 12 feb 2014 donde fue asesinado Bassil DaCosta. La señalan por su Responsabilidad por violaciones y crímenes porque tendría conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales.

Actual diputado de la Asamblea Nacional. Está sancionado por el TIAR, la UE desde 22 enero 2018. El Fiscal de Estados Unidos anuncio cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción en su contra. Fue Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y actualmente es vicepresidente del partido de gobierno PSUV. El motivo por el que es referencia para la ONU es por lo relacionado a la independencia de los jueces y fiscales, otros grupos estatales de seguridad y vigilancia localizados. Lo mencionan en los casos de Leopoldo López, Gilbert Caro, detención de tres personas con la Operación Tun Tun, así mismo el Caso de Víctor Navarro y otras ocho personas.

El diputado Cabello desde su programa Con el Mazo Dando y desde otras instancias políticas se ha dedicado a crear una cadena de odio y ha sido determinante en la revolución bolivariana.

Se le menciona en los casos de Geraldine Chacón y Gregory Hinds, de la Fundación Embajadores Comunitarios. Y aparece en los casos de Juan Requesens, el concejal Fernando Alban, Twiteros del terror, Luis De La Sotta, Luis Bandres, Capitán Rafael Acosta Arévalo, Juan Pablo Pernalete, Miguel Castillo, entre otros. Y por la cadena de mando del SEBIN.

Contralmirante y Comandante de la Octava Brigada de los Comandos del Mar hasta octubre 2028. Fue ascendido a Vicealmirante en el 2019. Está referenciado en los casos del CN Luis De La Sotta, entre otros. Se le menciona en el caso del asesinato del joven David José Vallenilla Luis, el 22 de junio 2017. Además, en casos de Ejecución extrajudicial.

General de División. Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Un hombre clave para el poder político. Aparece señalado en el caso de las OLP del 10 de mayo 2016, cuando murieron 9 personas en supuestos “enfrentamientos”.

Tiene el grado de Mayor General de la Guardia Nacional, pero es referenciado por la Misión por su actuación desde que era General de División. Fue Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital (ZODI 41) en el 2017. Está sancionado por la OFAC y Gobierno de Panamá desde el 2018. Está referenciado por los Planes y Políticas de Seguridad desde el 2014 con el Plan Guaicaipuro. Además, por la muerte en protesta de Juan Pablo Pernalete Llovera, el 26 de abril de 2017 y el asesinato de Miguel Castillo.

General de División GNB del Comando Regional No1 de la GNB en Táchira en el 2014. Está sancionado por la OFAC, así por los gobiernos de Canadá y Panamá. La Misión de la ONU lo señala por la detención arbitraria de 23 personas en Rubio, municipio de Junín, estado Táchira el 19 de marzo de 2014.

Indican que bajo su mando se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Es General en Jefe. Señalado como jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), cargo que ocupa actualmente. Fue Ministro de Relaciones Interiores en el 2019. Sancionado por la OFAC, también por Canadá, Unión Europea, Panamá, Suiza y Reino Unido.

La Misión lo referencia por los casos de Antonio Ledezma, Juan Carlos Requesens y de ciudadanos privados de libertad por declaraciones en medios sociales percibidas como críticas al Gobierno. Se le incluye por represión política selectiva, la represión en un contexto de seguridad y control social, FAES y CICPC.