En Venezuela un gerente acudió a la Fiscalía para impedir las denuncias por corrupción y negligencia en el servicio eléctrico

El lema “ni por las buenas, ni por las malas” tantas veces repetido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, entre otros jerarcas de la revolución para desafiar que se quedarán en el poder, es repetido por otros funcionarios, para quienes “te callas o vas preso”. Ni siquiera se permite el derecho a la crítica o a la protesta.

El garrote usado para el castigo es la administración de justicia. Es así como el gerente de la compañía eléctrica en Barinas, Danny García, se molestó por las denuncias ante los constantes cortes de luz, que acusó ante el Ministerio Público a un sindicalista que denunció la corrupción en el sistema eléctrico, y también al periodista que publicó la noticia y a un ingeniero que tuvo un conversatorio sobre el tema.

Como todo el país, el estado Barinas es afectado, durante horas varias veces al día, por fallas eléctricas. Son muchos los equipos eléctricos dañados por la fluctuación del voltaje y nadie responde por ello.

El sindicalista Marcos Vargas denunció el pago de un grupo de privilegiados para que no les corten el servicio en detrimento de otros habitantes. El periodista Dimas Medina visibilizó la información. Mientras el ingeniero Carlos Azuaje, en un conversatorio con el sindicato en redes sociales, profundizó el tema. Los tres fueron denunciados, ante el Ministerio Público, por el gerente regional de la empresa eléctrica estatal.

Ante la pregunta ¿cómo está el sistema eléctrico? La respuesta inmediata del ingeniero Vargas es “al borde del colapso. No se han realizado por años los mantenimientos preventivos necesarios, para no llegar a donde estamos, solo pañitos tibios”.

Considera corrupción, de Ministro y gerentes regionales, “vestirse de rojo (en alusión al color del partido de gobierno) y aplaudir como focas. No les importa si conoces de la materia eléctrica; el requisito indispensable es ser del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y corrupto sin medida”.

En el área de distribución el ingeniero destaca que el gerente regional de zona, ingeniero Danny Briceño tendría un negocio personal y estaría utilizando la empresa para realizar obras a modo privado, utilizando equipos y material de Corpoelec.

“Con los racionamientos eléctricos hay un negocio, porque hay sectores que pagan altas sumas de dinero para que no los incluyan en el plan de racionamiento eléctrico. También hay varios militares, ubicados en el área comercial, como el coronel Arellano que mantiene en zozobra a los comerciantes de Barinas”.

Explica que la generación que necesita el país, en la actualidad, es de 17.000 mw y solo se está generando 13.579 mw; en generación hidráulica 9.797mw, en termo eléctrica 3.600 mw. El Guri tiene una línea de transmisión que no soporta la carga y por eso el gobierno no envía la suficiente energía que necesita el occidente del país”.

El estado Barinas, la otrora cuna de la revolución, “tiene 6 plantas generadoras y estamos padeciendo de cortes de energía entre 3 y 6 horas; los pronósticos indican que seguirá aumentando”.

Cuestionó la probidad en la gestión de Argenis Chávez como gobernador, hermano del fallecido presidente de la República, destacando que en esa época se construyó y se puso en marcha la termoeléctrica Guanapa, en la vía hacia Barinitas; “compraron unas unidades de segunda mano, construidas en el año 1970, vendidas por Cuba como nuevas, las cuales deberían generar 50mw cada una para un total de 100mw solo para Barinas. Una de esas unidades nunca llegó y la otra se quemó a los 18 días de funcionamiento. En esas instalaciones lo que queda son ruinas”.

Agregó que, en el 2015, en planta Páez, que es parte del Complejo Hidroeléctrico José Antonio Páez, el jefe en ese momento, en conjunto con el Coronel Frank Hernández Cudemo, dinamitaron los muros de río Aracay que, junto al río Santo Domingo, llenan el embalse; eso ocasionó que el embalse se llenara de sedimento y provocara el daño de las turbinas. Nunca hubo responsabilidad de ningún tipo”.

Sobre la termoeléctrica Batalla de Santa Inés, destaca que “es una planta nueva que pudiera generar 60mw y solo se están generando 20mw, porque se tiene que construir una línea de transmisión ya que la actual no tiene la capacidad y no se ha hecho porque desde alto nivel se están peleando la asignación de la obra”.

Lo que además molestó al gerente de Corpoelec es que el sindicalista Marcos Vargas señalara que la situación operativa de la empresa a nivel nacional arroja que “la destrucción ha sido alarmante. No se cuenta con vehículos suficientes y óptimos para realizar o ejecutar algún trabajo, llámese (camiones cesta, carros rústicos) y los pocos que quedan los usan los gerentes como su vehículo personal”.

Aseveró que más del 80% de los trabajadores calificados por la antigua Cadafe, como se llamaba a la empresa eléctrica, se han jubilado o se han ido del país. Criticó que no se volvió a dotar de herramientas de trabajo a los empleados: “le toca al mismo trabajador, sea liniero o técnico, comprarlas con su gananciales de hambre para obtener alguna de ellas sin saber si cumple con los rangos de calidad que implementó Cadafe”.

Vargas, quien perteneció al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Eléctrica del estado Barinas (Sutieseba), y es a su vez responsable regional de Trabajadores del partido Voluntad Popular en esa zona, señaló que desde la creación, por parte del régimen venezolano, de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), acabaron con el contrato colectivo que generaba muchos beneficios para los trabajadores.

Recordó que antes contaban con seguro médico, horas extras, viáticos, bono vacacional promediado, utilidades promediadas, pago de útiles para los hijos, becas de estudio para hijos y trabajadores, planes vacacionales para los hijos, cursos y adiestramiento permanente, dotación de uniformes, otros.

Ahora “es la persecución laboral y política contra trabajadores y dirigentes sindicales a quienes nos han hostigados con los organismos represores: Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Guardia Nacional y Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalística (Cicpc)”.

El sindicalista asegura que cuando se requiere hacer trabajo en las comunidades “no hay vehículos, no hay material. Si se daña un transformador, la comunidad tiene que resolverlo. Los trabajadores más bien están amenazados, son perseguidos. Éramos de los trabajadores mejores pagados y en constante adiestramiento, de acuerdo con el contrato colectivo, lo que permitía crecer dentro de la empresa, pero eso se acabó. El 80% de los trabajadores se han ido, los han botados, los jubilan si no les convienen. Dan bonos de 100 dólares pero si no hace algo que les guste, quitan el bono”.