Medio centenar de activistas y opositores se concentraron este martes frente a la Embajada de España en Venezuela, en Caracas, para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida hace 11 días y acusada por la Fiscalía del régimen chavista de estar presuntamente vinculada con un plan para asesinar al dictador Nicolás Maduro.
“Queremos que se cumpla el debido proceso para Rocío San Miguel, queremos su libertad plena”, manifestó ante periodistas Lexys Rendón, coordinadora del ‘Laboratorio de Paz’ e integrante de la ‘Red Latinoamericana Antimilitarista’.
La activista, que aseguró que San Miguel no ha podido ver a sus abogados desde que fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, agradeció el trabajo de acompañamiento que ha hecho la Embajada en este caso y le pidió “que intercedan por Rocío”, quien es residente y natural de Venezuela y con nacionalidad española.
“Estamos en este momento urgiendo para que estas labores que está haciendo la comunidad internacional y los países del mundo se mantengan para que Rocío, en la inmediatez, pueda ver a sus abogados, pueda establecer la juramentación de ese acompañamiento legal y que no siga transcurriendo horas en las que ella está en absoluta indefensión”, sostuvo.
Destacó, además, que la embajada española se ha comprometido a “hacer todas las gestiones que dentro del marco de sus obligaciones y sus derechos consulares pueden hacer”: “Van a seguir insistiendo en el debido proceso, que sus abogados sean juramentados lo antes posible y que puedan acceder al expediente”.
Rendón afirmó que las autoridades diplomáticas españolas tienen “un compromiso muy importante y genuino” con este caso, y ha recalcado que las organizaciones seguirán abogando por la liberación de San Miguel, de quien destacan que “es inocente”.
El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, recordó que San Miguel cuenta con medidas cautelares de protección dictadas por el sistema interamericano, por lo que su detención -subrayó- muestra “el estado de vulnerabilidad que queda para el resto de los ciudadanos”.
“Es importante recalcar el llamado a la solidaridad internacional y a la comunidad internacional. Lo que ha ocurrido no ocurre en un gobierno democrático”, aseveró Murillo, quien cree que los “riesgos han aumentado en Venezuela” para todos los ciudadanos desde el día del arresto de la coordinadora de la ONG Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la actividad militar.
En la protesta, participaron ex diputados opositores -miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista- que consideran “inconstitucional e injusta” esta detención, que ha sido repudiada por numerosas organizaciones internacionales.
“La cara más representativa es Rocío, pero pedimos por todos los presos políticos”, subrayó Rendón.
El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, dijo este lunes que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
En una conferencia de prensa, Saab aseguró que, durante el allanamiento de la residencia de San Miguel, efectuado el pasado 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que “entregó información sensible” a “potencias extranjeras” en “reuniones secretas” sostenidas en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.
El lunes Rocío San Miguel recibió la visita de su hija Miranda Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -donde se encuentra encarcelada-, después de que las autoridades autorizaran el encuentro familiar, el primero desde que fue llevada a los calabozos.
Según el testimonio de la hija, hecho público por el abogado Joel García a través de la red social X, San Miguel se encuentra “fortalecida y muy confiada de su inocencia”.
Esta es la primera vez que alguien del entorno de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, constata su estado, luego de más de una semana de su detención, lapso en el que la defensa denunció su “desaparición forzada” y la celebración de su audiencia de presentación sin la presencia de sus abogados.
San Miguel denunció, según dijo García, que “no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza”.
Además, insistió en que “no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan” tanto a ella como a sus cinco allegados detenidos luego de su aprehensión, cuatro de ellos liberados el pasado 13 de febrero con medidas que incluyen la “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”.
(Con información de EFE)