La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó este jueves la decisión de la dictadura de Venezuela de suspender las actividades de su Misión en Caracas, y subrayó que está examinando cómo actuar en consecuencia.
“Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir”, indicó en un breve comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.
“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
Su antecesora en el cargo, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el régimen de Nicolás Maduro para mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en Venezuela de oficiales de derechos humanos de la ONU.
La dictadura venezolana argumentó este jueves que la oficina de Naciones Unidas en la capital nacional ha “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo, lo que ha justificado su suspensión.
También señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados en 2019 con el órgano de Naciones Unidas, y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que operan en Caracas.
Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, indicó el canciller venezolano Yván Gil.
El ministro explicó que esta decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”, prosigue el escrito.
Sin embargo, reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurase que el régimen venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó este miércoles.
Asimismo, el miércoles la Misión de la ONU expresó el miércoles su “profunda preocupación” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de “terrorismo”.
“Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. El Fiscal General la acusó de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país”, detalló la Misión.
La Misión expresó su preocupación por “una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional” y que incluyen “detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado”.
Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.
Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.
El comisionado se reunió además con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Dijo no obstante que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.
(Con información de EFE)