Un grupo de ONG rechazó la suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela

Organizaciones no gubernamentales rechazaron la medida anunciada este jueves por la dictadura de Maduro de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Caracas, y consideran que la decisión deja en estado de “total vulnerabilidad e indefensión” a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.

Luego de que el canciller Yván Gil leyera el comunicado en el que, además, se ordenó la expulsión de 13 funcionarios del Alto Comisionado de DD.HH. que operan en Caracas desde 2019, la ONG Fundaredes expresó su rechazo a esta medida que, cree, “eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil”, como indicó en X.

Para la organización Encuentro Justicia y Perdón (EJP), la suspensión de las labores de la oficina de ONU en Caracas “aumenta la desprotección de las víctimas” de violaciones de derechos humanos.

Por su parte, Provea aseguró que la decisión “intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD.HH. que se cometen a diario en el país”.

La ONG recordó que la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. solicitó al Gobierno en 2019 “garantías de respeto al derecho a la vida” ante los operativos de las Fuerzas de Acción Especial de la policía nacional (FAES), acusadas de ejecuciones extrajudiciales, una unidad disuelta tras la solicitud.

Además, recientemente, pidió respeto a los derechos humanos de la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por, supuestamente, formar parte de una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.

Los pronunciamientos en rechazo a la detención de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, han sido catalogados por la Fiscalía como una “feroz campaña” internacional contra el sistema de Justicia venezolano.

La decisión de la dictadura chavista se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que la dictadura venezolana le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.

“Las medidas coercitivas unilaterales son crueles y despiadadas, y obstaculizan la realización del derecho a la alimentación. Pido a todos los Estados involucrados que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela, incluidas las sanciones secundarias contra terceros”, dijo el relator en una rueda de prensa.

En el último día de su visita al país caribeño, que comenzó el 31 de enero, Fakhri remarcó que las sanciones “han limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para aplicar sus programas de atención social” y “han aumentado el costo del suministro de ayuda humanitaria”.

“Este daño lo sufren desproporcionadamente las personas que viven en condiciones de extrema pobreza”, insistió.

Sin embargo, aclaró que “no todos los problemas de hambre y desnutrición se deben a las sanciones” y que, bajo este escenario de restricciones financieras, en el país se “han creado nuevos patrones de poder, exacerbado los problemas político y económico” y ha aumentado la desigualdad.

Entonces, dijo, el régimen “recurre cada vez más a medidas que reducen la transparencia y crean las condiciones para la impunidad”, entre las que mencionó la llamada Ley Antibloqueo, que en 2020 otorgó amplios poderes al Ejecutivo “para contratar con empresas privadas sin notificación pública”.

Según el gubernamental Observatorio Antibloqueo, Venezuela tiene más de 22.000 millones de dólares bloqueados en el sistema financiero internacional, debido a las sanciones impuestas o promovidas por EEUU.

Aunque en octubre Estados Unidos suavizó por seis meses algunas sanciones al país, incluidas al sector petrolero, ha advertido que retomará estas restricciones en abril si no habilitan a la opositora María Corina Machado para competir en las presidenciales de este año, algo que Venezuela considera improcedente.

(Con información de EFE)