Los turbulentos cinco días de detención de la activista venezolana Rocío San Miguel en manos del régimen de Maduro

La activista venezolana Rocío San Miguel, acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato de Nicolás Maduro, cumplió este miércoles cinco días detenida, un hecho que se confirmó el sábado, cuando ONGs y partidos opositores denunciaron su “desaparición forzosa”, lo que ha levantado un masivo rechazo dentro y fuera del país.

San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que niega que en la detención se haya configurado una “desaparición forzada”.

Además de la activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una ex pareja, quien sigue detenido, mientras que los cuatro restantes -dos hermanos, hija y el padre de esta- fueron excarcelados con “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”.

A continuación, un resumen de los turbulentos cinco días de este caso:

Los rumores que circularon toda la jornada del sábado sobre la supuesta detención fueron confirmados por organizaciones no gubernamentales cerca de la medianoche de ese día, cuando denunciaron que San Miguel ya había sido aprehendida el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija, y desde entonces, se desconocía su paradero.

Dos días después de su captura, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la detención de San Miguel, contra quien -aseguró- se emitió una orden de captura por “estar presuntamente vinculada” con una “trama conspirativa” que buscaba “atentar en contra de la vida del jefe de Estado” y otros “altos funcionarios”, así como el “ataque a varias unidades militares”.

Un total de 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil venezolana, además de la CIDH, condenaron la “desaparición forzada” de San Miguel, cuya defensa confirmó a EFE que también estaban “desaparecidos” cinco familiares y allegados, quienes luego fueron presentados ante un tribunal en materia de terrorismo.

El Gobierno cuestionó la “solidaridad automática” con “quienes son investigados por delitos contra el orden constitucional en Venezuela”, donde ese día se decretó la privación de libertad contra la activista y su ex pareja Alejandro González, mientras que los otros cuatro -Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel y Alberto San Miguel (hermanos) y Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda)- fueron excarcelados.

Una treintena de miembros de organizaciones en Venezuela catalogaron como un “ataque feroz” al espacio cívico y a los defensores de DDHH el caso de Rocío San Miguel, cuya vivienda, horas después, fue allanada, según la defensa, que teme que “pudieran estar sembrando evidencias”, un hecho que también fue rechazado por ONGs, activistas y políticos opositores.

(EFE)