La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU mostró su “profunda preocupación” por el arresto de Rocío San Miguel en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela expresó su ”profunda preocupación“ por la detención el viernes de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel e instó al régimen de Nicolás Maduro a “poner fin a la ola de represión“ contra los opositores que se está intensificando en todo el país.

“Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. El Fiscal General la acusó de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país”, detalló la Misión.

“No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores”, enfatizó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.

Y siguió: “El gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen. Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal”.

La Misión expresó su preocupación por “una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional“ y que incluyen “detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado”.

“Las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado”, detalló la Misión.

Francisco Cox, miembro de la Misión, subrayó que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos“. Y acotó: “Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales”.

Por su parte, Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la Misión Investigadora, argumentó: “De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”; al tiempo que destacó que “la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.

Al respecto, Valiñas agregó que “en Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión”.

“Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos”, concluyó.

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.

El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión Internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024.

La Misión dará una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos en marzo y presentará su informe en una sesión de diálogo del Consejo en septiembre.

Amnistía Internacional emitió una “acción urgente mundial” por la liberación de Rocío San Miguel.

“No ha tenido acceso a sus familiares ni representación legal. Ella está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela. Amnistía Internacional exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad personal”, subrayó en un comunicado.

La organización indicó que San Miguel “se encuentra desaparecida forzosamente, lo cual se asemeja a un patrón ampliamente documentado”, pues aunque el fiscal general, Tarek William Saab, reconoció su detención el pasado domingo, “ha negado información sobre su paradero”.

“Sus abogados han requerido información en centros de detención en Caracas y hasta la fecha no han recibido respuesta. Su hija y otros familiares también fueron detenidos”, recordó.

En un pronunciamiento anterior, la organización había pedido la libertad “inmediata e incondicional” de San Miguel, así como el respeto a sus derechos y a la “medida cautelar de protección dictada a su favor” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.

Rocío Del Carmen San Miguel Sosa nació en Caracas, Venezuela, el 6 de mayo de 1966. Esta abogada y activista de derechos humanos es la presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental sin fines de lucro creada el 16 de marzo de 2005; cuya misión es promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional.

En los últimos años, San Miguel fue blanco de repetidas acciones de hostigamiento y difamación por parte de altos funcionarios del régimen chavista. Desde acusaciones formales hasta amenazas personales, la defensora de los DDHH vivió bajo una intensa presión debido a su labor de supervisión en temas de seguridad nacional y defensa.

En particular, se destaca el suceso ocurrido el 18 de enero de 2012 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, una decisión que subraya la gravedad de los riesgos que enfrenta a diario.

Comenzó su carrera en el sector público en el año 2000, trabajando inicialmente en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela, para luego adentrarse en el ámbito de la defensa y seguridad nacional.

Su expulsión del ministerio por cuestiones políticas marcó el inicio de una travesía como defensora y vigilante de los procesos militares y de seguridad en el país, fundando Control Ciudadano. Esta ONG se dedica a monitorear la actuación estatal en áreas críticas para la vida pública venezolana, incluyendo el cumplimiento de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la CIDH.

A lo largo de su carrera, San Miguel ocupó puestos de relevancia como investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica, además de roles académicos en instituciones militares de educación superior.

Sin embargo, su trabajo ha provocado la ira de figuras gubernamentales, enfrentándose a difamaciones públicas y acusaciones peligrosas, incluyendo ser tildada de “espía” y de participar en intentos de golpe de Estado, lo cual fue acentuado en unas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en marzo de 2014.

El hostigamiento no se limitó a San Miguel. Su familia también fue objeto de acciones intimidatorias, como el allanamiento a la residencia de su hermano José Manuel en junio de 2012 por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).